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Actualidad

9/04/2019 16:28

Entre el “derecho” de Manini Ríos y la polémica por cese de generales

La venia para la destitución de cuatro oficiales desató una polémica jurídica sobre si el presidente necesita el aval del Parlamento.

Entre el “derecho” de Manini Ríos y la polémica por  cese de generales

ECOS

“Entre la potestad que tenemos de sancionarlo y el derecho que tiene de ser candidato, voy a defender el derecho que tiene de ser candidato”. Así zanjó este martes en diálogo con ECOS el ministro de Defensa, José Bayardi, su posición personal sobre la situación de Guido Manini Ríos.

Esta es una situación que a nivel oficial está lejos de ser clara luego que el destituido comandante en Jefe del Ejército decidiera incursionar en la política como presidenciable del Partido Cabildo Abierto. Sobre todo porque Manini, al lanzar su candidatura, implícitamente atacó la investidura presidencial con gruesas consideraciones hacia el presidente Tabaré Vázquez, al que tildó de “canalla” e “irresponsable”.

Esta es una actitud que ameritaría una segura sanción, si no estuvieran en juego una multiplicidad de factores políticos y jurídicos.

Bayardi hizo referencia a un choque normativo que implica distintas lecturas en relación a la situación del ex comandante.

Es que el artículo 77 de la Constitución lo habilita a ser candidato y tener actividad política. En su numeral 4, se establece que “los militares en actividad” deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.

Una normativa que excluye a Manini, que pasó a retiro pero que, sin embargo, conservará por cuatro años el Estado Militar.

En su artículo 57, la ley Orgánica Militar establece que dicho estado se adquiere al ingresar a las Fuerzas Armadas y que solo se pierde por baja.

El artículo 61 habla a su vez de las obligaciones que supone para los militares. Algunas de ellas son obediencia, respeto y subordinación en toda circunstancia de tiempo y lugar, el sometimiento a la jurisdicción penal militar y a tribunales de honor y abstención de toda actividad política, a excepción del voto.

Esa es una disposición que le impediría a Manini ser candidato, pero que se contrapone con el artículo 63. Allí se reitera que el Estado Militar es incompatible con el ejercicio de actividades políticas. El militar que desee postularse, se agrega, deberá cesar o renunciar a su cargo con tres meses de antelación, como mínimo, al acto electoral.

De todas formas estas normas solo se aplicarían al personal subalterno. Para oficiales como Manini, rige el artículo 182, que dice que “una vez transcurridos cuatro años del pase a situación de retiro, el militar quedará liberado de las limitaciones y obligaciones que le impone el Estado Militar”. Seguirá, sin embargo, sometido a tribunales de honor.

Para el catedrático en Derecho Constitucional, Martín Risso, no hay dos lecturas posibles. Según expresó,la Constitución es que la habilita a Manini a ser candidato, ya que las excepciones allí planteadas se limitan a militares en actividad.

Risso también fijó su postura sobre una nueva polémica jurídica que se abrió en el Parlamento en torno al pedido de venia por parte del gobierno para la destitución de cuatro generales por su actuación en el tribunal de honor que juzgó a José Gavazzo y otros represores.

El pedido del Poder Ejecutivo para el pase a retiro obligatorio de Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo se basa en el literal G del artículo 192 de la ley Orgánica Militar.

Allí se dice que los oficiales generales pasarán a situación de retiro obligatorio cuando corresponda, previa venia del Senado con los tres quintos de sus componentes.

Esta es una postura opuesta a la que este martes sostuvo en el senador nacionalista Javier García, que afirmó que la Cámara Alta no tiene por qué votar los ceses de estos militares para lo que, aseguró, no existen antecedentes a nivel legislativo.

García se basó en el numeral 14 del artículo 168 de la Constitución. Allí se indica que el presidente podrá destituir, por sí, a los empleados militares y policiales que la ley considere amovibles.

“Es incomprensible que se le pida al Senado que haga un acto jurídico para el que no tiene competencia”, concluyó García, en una postura a la que sumó Risso.

Según el constitucionalista, Vázquez puede destituir a esos generales sin necesitar el aval del Parlamento.