Blancos piden información ya que UPM "sería lindo tema para debatir”

Actualidad

23/01/2019 06:30

Blancos piden información ya que UPM "sería lindo tema para debatir”

El gobierno comenzó a sumar cuestionamientos políticos. Los blancos se preguntan qué se hará con las obras si la inversión no se concreta.

El gobierno espera que, antes de fin de mes, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgue la Autorización Ambiental Previa al proyecto de remodelación del Ferrocarril Central.

Es el único aspecto que resta para que el Poder Ejecutivo tenga luz verde para iniciar lo que considera es la obra de infraestructura fundamental de este período.

Una iniciativa con la que, también, a las autoridades se les abrieron varios flancos.

Desde el punto de vista social, varios colectivos rechazan el proyecto, argumentando los variados efectos negativos que tendrá el “tren de UPM”, al remarcar que la recuperación de la vía férrea que une Paso de los Toros con Montevideo es una de las exigencias previas de la multinacional para decidir si concreta la inversión en una segunda planta en Uruguay.

Ahora al gobierno también se le abrió un frente político, ya que la oposición rompió el largo silencio que mantenía sobre el tema.

El diputado nacionalista Jorge Gandini consideró que la construcción de la nueva planta de UPM “es un lindo tema para discutir”, aunque primero el Ejecutivo debería poner sobre la mesa toda la información sobre el proyecto. “No la tenemos”, afirmó el legislador.

En particular, Gandini expresó sus dudas de la conveniencia ambiental de ubicar la planta en el lugar que fue anunciado.

“Es una planta que será el doble de UPM 1, en un río que corre diez veces más lento, que tiene dos embalses y que ya está bastante contaminado”, dijo en referencia al río Negro. “A mí me genera muchas dudas”.

Otra de sus interrogantes pasa por el destino que el gobierno definió destinar a concretar la inversión, sin tener seguridad que la planta se hará.

Gandini preguntó qué se hará, si UPM no firma, con la vía férrea, “que solo tiene sentido para transportar los dos millones de toneladas de producción que generaría la planta”.

También qué se hará con la nueva terminal portuaria que se piensa construir, “que solo tiene sentido si a ella llega celulosa”, dijo.

En ese marco Gandini cuestionó que “no hay plata para otra cosa, pero para esto hay”, recordando además que la oposición no participó en una decisión que fue exclusiva del gobierno.

“Nos gustaría que se abra el debate”, afirmó.

Alianza Nacional, el sector de Gandini, propuso esta semana redirigir los recursos que se piensan destinar al proyecto e invertirlos en paliar la situación provocada por las recientes inundaciones.

En ese sentido recordó que dos veces planteó crear un fondo específico. Uno, con utilidades de la represa de Salto Grande para el impacto que genera la propia represa en Artigas, Salto y Paysandú.

Otro, utilizando recursos que habían quedado excedentes del fondo de estabilización energética. “Nosotros planteamos qué parte de ese sobrante se destine a un fondo de emergencia climática, pero el gobierno decidió volcarlo o obras vinculadas a UPM 2. Son decisiones políticas, pero ahora tenemos la emergencia climática y plata no hay”, lamentó.

La propuesta de Alianza fue desestimada en las últimas horas por el Poder Ejecutivo.

La postura de Gandini se suma a la de su correligionario Pablo Abdala que, tras un planteo ciudadano elevado al Parlamento, convocará al Poder Ejecutivo para que fundamente el contrato “plagado de irregularidades” que firmó con UPM para la inversión.

Más allá de posicionamientos, varios parlamentarios alertaron sobre la falta de información cuando el tema fue considerado a fines de diciembre en la Comisión de Transporte de Diputados.

El colorado Adrián Peña (Ciudadanos) sostuvo que el proyecto del Ferrocarril ha sido una dificultad para los legisladores.

“Además de que disponemos de escasa información, acarrea otros problemas en su proceso, que nos vamos enterando a través de la prensa”, dijo. “Es necesario que la comisión cuente con mayor detalle de esta obra que es tan trascendente”.

Una postura con la que coincidió el presidente de la comisión, el frenteamplista Martín Tierno (MPP). “Deberíamos tener mayor información, y cuanto antes, mejor”, afirmó.

El nacionalista Sergio Arbiza mencionó, por su parte, que los vecinos se fueron creyendo que en el Parlamento está toda la información sobre UPM y los contratos.

“Creo que hay un gran desconocimiento en el Parlamento en general”, afirmó por su parte el nacionalista Sergio Arbiza.

Demasiada presión

A todo esto un centenar de personas se concentraron este martes a las puertas de la Dinama, para exigirle a ese organismo “independencia y responsabilidad”, en torno al proyecto ferroviario.

Estas personas, integrantes del colectivo “Al costado de la vía” presentaron una carta en la que enumeran las “irregularidades del proceso de evaluación ambiental”, relacionadas con las obras del Ferrocarril Central.

A su llegada los esperaba un vallado de seguridad que protegía la sede de la dirección, custodiada por varios patrulleros y motos de la Policía.

En la carta, se recuerda que el proyecto ferroviario fue catalogado como categoría “C” por la Dinama, lo que significa que es una obra cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos.

“Sin embargo, el proceso de evaluación emprendido por la Dinama adolece de graves carencias desde las insuficiencias del estudio de impacto ambiental (EIA) hasta las dificultades del público para acceder a las informaciones y participar en las consultas requeridas”, apuntó el documento al que accedió ECOS.

El colectivo cuestionó además que, mientras se encuentra pendiente la Autorización Ambiental Previa, se realizó una licitación internacional y se adjudicaron las obras al Grupo Vía Central, al mismo tiempo que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anuncian el comienzo de las obras en este mes de enero.

“Ante las presiones sobre esta decisión, ejemplificadas en la urgencia de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, suspendiendo las licencias de funcionarios para acelerar el análisis de dicha habilitación, la Dinama terminó presentando en las audiencias públicas un Informe Ambiental Resumen (IAR) que no cumple con sus propios Términos de Referencia”, señalaron.

Así, quedaron pendientes planes de prevención, de evaluación de viviendas linderas a la vía previos a la construcción, medidas de contingencia ante accidentes por el transporte de productos químicos peligrosos o desperfectos en la traza y la inexistencia de medidas sanitarias concretas ante ruidos, vibraciones y emanaciones de gases.

También afirman que fue publicado el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental con posterioridad al Informe Ambiental, “violando disposiciones del Reglamento de Evaluaciones de Impacto Ambiental, plan que no estuvo a consideración de las audiencias públicas y del que se desprende que las contingencias y mitigaciones quedan a cargo del Grupo Vía Central”.

El colectivo apuntó sus baterías sobre el consorcio ganador de la licitación para la obra, cuyo 40% lo detenta la constructora española Sacyr, “una empresa con múltiples denuncias internacionales por defectos en sus obras y sobreprecios”, aseguraron.

En suma, afirmaron, esa empresa y el operador ferroviario que designe UPM quedarían a cargo de las obras y todas las contingencias que surjan.

“En efecto, el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental se limita a prometer futuras recolecciones de datos, inspecciones visuales, sin acciones concretas que garanticen evitar accidentes físicos ni de contaminación”, afirmaron.

“A los vecinos se les ha dicho que la empresa constructora posee seguro, como si esto fuera una garantía”, concluye la carta.