Reforma de Justicia Penal en vigencia en 2017 con costo de U$S 40 millones

Por: Fabian Cambiaso

Actualidad

4/05/2016 06:08

Reforma de Justicia Penal en vigencia en 2017 con costo de U$S 40 millones
Presidencia Uruguay

El presidente anunció "acuerdo político" pese a los reparos de la oposición y a objeciones de la Suprema Corte y el Ministerio Público.

La tercera reunión entre el Gobierno y el sistema político con el objetivo de lograr una acuerdo nacional en materia de seguridad tuvo este martes un eje central: la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), un aspecto reclamado por gran parte de los operadores judiciales nacionales e internacionales, previsto originalmente para el 1 de febrero de 2017 pero postergado por falta de recursos materiales y humanos.

Fue, según el presidente Tabaré Vázquez, "una nueva reunión altamente productiva", con trascendentes consensos en una tema tan importante como la seguridaed pública.

Acompañado por la plana mayor del Ministerio del Interior y por los representantes de los partidos con representación parlamentaria, en el Piso 11 de la Torre Ejecutiva, Vázquez anunció un "acuerdo político" para la aplicación "parcial" del nuevo sistema procesal.

Pese a que el mandatario señaló por error que sería geográfica, el cronograma discutido implica una implementación de "parte" del nuevo CPP en todo el territorio nacional.

Vázquez comprometió que en la próxima Rendición de Cuentas serán incluidos los recursos necesarios en tal sentido que, según supo ECOS, rondan los 40 millones de dólares. Es decir que estarán disponibles a partir del próximo 1 de enero, luego de lo cual la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte tendrán un plazo de seis meses para poner en marcha en su totalidad el nuevo Código.

"Estamos de acuerdo en que el CPP debe ser acordado en su totalidad. Decirlo así es simple pero es complejo desde el punto de vista de los recursos edilicios, materiales y económicos", sostuvo el presidente.

El senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, subrayó que esta definición adelanta en un año y medio la aplicación del CPP, ya que el proyecto alternativo a estudio hoy del Parlamento prevé su inicio a inicios de 2019. Recordó que su partido fue el autor de la iniciativa de aplicar enseguida la nueva norma.

¿Acuerdo?

Vázquez admitió que restan algunos "detalles" que serán discutidos por la Comisión Multipartidaria que se reúne semanalmente para discutir estas iniciativas.

Es que, pese que el presidente anunció un acuerdo, persisten algunas dudas al respecto.

El Partido Nacional pidió una semana de plazo para responder al planteo. El senador Javier García marcó que el código debe ser aplicado íntegramente "con la mayor brevedad posible" y salvó el error de Vázquez al aclarar que la implementación parcial no sería geográfica, sino procesal.

Desde Unidad Popular, el diputado Eduardo Rubio dijo que su sector se opone a la aplicación parcial del nuevo CPP. "No creemos conveniente "parcelar" el código, porque dificultaría su aplicación".

Por otra parte Vázquez y los partidos alcanzaron un acuerdo en tres proyectos definidos como de sustancial importancia más allá de la aplicación total o parcial del nuevo CPP.

Uno Implica la abreviación procesal a efectos de agilizar el dictado de sentencias - en Uruguay las dos terceras partes de los más de 10.000 presos están sin condena, aspecto cuestionado por organismos internacionales -, a través de la quita de los "delitos más leves" del proceso penal, aliviando así al Poder Judicial.

Según dijo en la reunión el abogado Jorge Barrera - asesor de Edgardo Novick- a nivel internacional el 90% de las causas se tramitan a través del proceso abreviado, lo que pemitirá respuestas rápidas y eficientes tanto a la víctima como al acusado.

Se acordó asimismo la instrumentación de la mediación extrajudicial como forma de resolver conflictos y la ampliación del "principio de oportunidad"

Falta de un rumbo claro

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y la ministro Elena Martínez, expusieron en la reunión la visión de la corporación sobre la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal. En un documento de ocho páginas mostraron su visión crítica sobre la ruta planteada por el Ejecutivo, de la cual “sólo tenemos información a través de los medios de comunicación”.Allí se deja en claro que para el organismo “es fundamental que el nuevo código se implemente en su totalidad”.

En el informe, al que accedió ECOS, Pérez Manrique hace referencia a la “falta de una decisión política clara del rumbo a tomar y de una estimación real y científica de las necesidades para la aplicación del nuevo código procesal penal”. Sostuvo que, en caso contrario, “se corre el riesgo de perpetuar lo que se quiere cambiar”.

La Corte remarcó una serie de “objeciones técnicas al proyecto que viene discutiéndose: entre ellas, la ausencia de desarrollo en infraestructura del sistema judicial, la falta de defensores de oficio y la necesidad de nuevos juzgados. También la urgencia de adiestrar a sus funcionarios así como la contratación de nuevo personal.

Pérez Manrique recordó que el Poder Ejecutivo descartó otorgarle recursos adicionales a la Corte en el Presupuesto, a diferencia de la Fiscalía que sí obtuvo partidas especiales. Llamó en ese sentido a una “igualdad de armas”, alertando que el 85% de las causas penales y el 95% de los casos de adolescentes se sustancias a través de abogados de oficio.

Posible Inconstitucionalidad

El Fiscal de Corte Jorge Díaz también participó de la reunión para dar su punto de vista acerca de la reforma del sistema procesa y marcó sus diferencias con el rumbo elegido por el Ejecutivo. En rueda de prensa señaló: "No somos partidarios de una aplicación parcial del CPP y por territorio en un país pequeños como Uruguay", advirtiendo sobre la posible inconstitucionalidad de tal alternativa.

El jefe de la Acusación de Estado dio el visto bueno al resto de los proyectos en los cuales hay acuerdo político. "Con estas modificaciones la Fiscalía General de la Nación estaría en condiciones de trabajar con el nuevo CPP ya desde el 1 de febrero de 2017".

Según Díaz estos proyectos "inciden y son necesarios aunque no suficientes para concretar una política pública de seguridad" que, a su juicio, deben tener cuatro componentes interrelacionados: "prevención, represión, investigación y persecución penal".

Lo que se viene

La próxima reunión entre Vázquez y el sistema político está pautada para la semana que viene y prevé la discusión de la eliminación de libertades anticipadas en caso de reincidencia y el aumento de las penas para los delitos de narcotráfico.