Tarifas públicas: ajuste o rebaja, según el cristal con que se mire

Economia & Agro

31/12/2018 14:55

Tarifas públicas: ajuste o rebaja, según el cristal con que se mire

En el FA se reivindicó que los precios ajustaron menos que la inflación y que, en la práctica, permitieron recuperación del salario real.

El ajuste de las tarifas en las empresas públicas, anunciado este viernes por el gobierno y que cobrará vigencia este martes, viene generando todo tipo de comentarios.

Que el valor de los recibos iba a cambiar a partir del 1 de enero era sabido. Lo que se desconocía era la fórmula que iba a aplicar el Poder Ejecutivo.

Luego del anuncio se desató la tormenta. Y una sucesión de lecturas, por parte de los distintos actores políticos, que respondieron más a los respectivos posicionamientos que a análisis técnicos.

El mensaje del gobierno fue claro. Con una inflación proyectada de 7,8%, ese será el monto del incremento que tendrán la factura de Ose y del gas licuado.

Todas las demás, se remarcó, serán por debajo del aumento de precios. En el caso de Antel será del 7% y en el de UTE aún menor, 5,7%. La nafta y el gasoil, se destacó, mantendrán sus valores.

En el Frente Amplio la lectura fue que, en la práctica, los incrementos en las tarifas significarán un alza en el salario real.

Así se preocupó en afirmarlo el oficialismo a través de un documento que varios dirigentes hicieron circular en las redes sociales.

“La realidad es esta,” dice el informe, que toma como base de cálculo un aumento de 8% en promedio para los salarios en este año que finaliza.

En un sueldo de 20 mil pesos, se traduce en 1600 pesos más cada mes.

El Frente Amplio lo comparó con el incremento de tarifas dispuesto en estos días.Según los porcentajes definidos, serán 205 pesos más por cada 1000 pesos que se paguen por factura.

En el oficialismo se hizo otro cálculo, aún más ajustado.

En una factura tipo de OSE, de 389 pesos mensuales, el incremento será de 30 pesos.

En el caso de Antel, en una cuenta mensual actual de 1680 pesos, habrá que pagar 120 más.

Con respecto a UTE, en una factura de 2000 pesos, el aumento será de 114 pesos. Por cada garrafa que hoy cuesta 565 pesos habrá que abonar 45 pesos suplementarios.

En este caso el cálculo oficialista incluye los nuevos valores del boleto capitalino que entrarán en vigencia esta semana.Tomando como base 39 viajes al mes, el incremento será de 78 pesos mensuales.

Por lo tanto, para el Frente Amplio el monto total del ajuste será de 387 pesos.

“Antes de llorar, calculá y pensá”, dice el análisis de la coalición de gobierno.

El oficialismo fue más allá y también analizó la evolución de las tarifas en comparación con los salarios desde que es gobierno.

Así, se toma como base 2004, en estos catorce años los salarios aumentaron 68,6%.

En ese mismo período y en términos reales, se dice que las tarifas de Ancap cayeron 30%, las de Ute 4% y las de Antel 64%. Solo en el caso de Ose hubo un aumento, de apenas 1,8%.

Especial mención recibió por parte del Frente Amplio la decisión de aplicar un descuento de 20% en la tarifa general simple de energía eléctrica a 115 mil pequeñas y medianas empresas de todo el país.

Siguen recaudando

La oposición, en tanto, confirmó su voluntad de interpelar a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Industria, Carolina Cosse, para que fundamenten el ajuste dispuesto.

Para el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) se trata de una nueva prueba contundente de que no se puede esperar nada del gobierno, más que una mediocre e intrascendente continuidad.

“Ni siquiera una señal para el sector productivo por rebaja del gasoil. Seguimos pagando el sobrecosto de Ancap”, lamentó.

Su colega nacionalista Álvaro Delgado fue más allá y sostuvo que el Poder Ejecutivo sigue utilizando las tarifas públicas para recaudar.

Según aseguró, UTE tenía margen para bajar un 10 % en la factura eléctrica de hogares y los combustibles, cuyo precio permanecerá sin cambios, también tenían margen para bajar.

Fernando Menéndez, director nacionalista en la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) rechazó por su parte la manera “poco seria” de proceder del gobierno.

Según afirmó, no hubo margen para un estudio completo y profundo del ajuste por parte de organismo que integra.

Un proceder que, al estar los porcentajes de ajuste definidos de antemano, “deja sin sentido sustancial el aporte técnico que nuestra unidad debería realizar en el tema”, afirmó.

El ajuste de tarifas también fue rechazado por el movimiento Un Solo Uruguay, que adjudicó el incremento a la necesidad del gobierno de paliar un déficit fiscal “ producto de mala gestión, el despilfarro y el clientelismo estatal”.

Los productores rechazaron en especial que no se atendiera su reclamo de bajar los precios de los combustibles en momentos en que la paramétrica de Ancap lo permite.

“Una vez más queda reflejada la insensibilidad absoluta del gobierno hacia las condiciones actuales de todos los uruguayos y una voracidad que ya no es disimulada”, afirmó el movimiento.

Mucho para analizar

El análisis puramente técnico llegó de la mano del economista y socio de Deloitte, Pablo Rosselli.

Según sostuvo, la decisión oficial de mantener el precio de los combustibles fue muy controversial, debido a que bajó mucho el petróleo a nivel internacional, aunque dijo que hay que tomar en cuenta la muy mala situación fiscal del país.

Con respecto a las otras tarifas, mencionó el “desprecio” de algunos sectores frente a la comparación con la inflación, desde donde se afirmó que “subieron”.

“No sabemos si quienes desprecian la comparación con la inflación reclaman que alguna vez el gobierno nos perdone una suba, o si quieren que nunca ajuste por inflación”, se preguntó. “Y terminemos con precios gratis pero sin oferta”.

Para Rosselli, lo que tiene poco sentido es acordarse que las tarifas están caras cuando se viene el predecible aumento anual. Lamentó en ese sentido la falta de discusión sobre la forma de gobierno y regulación de las empresas públicas.

Entre lo que habría que discutirse, afirmó, está la fijación de tarifas de un modo transparente y que exija eficiencia a las empresas. Si lo tiene que hacer el Estado o las agencias reguladoras, cuánto tienen que ganar los entes, cuánto deberían transferir a Rentas Generales y si se pueden usar las tarifas para combatir la inflación o el déficit fiscal.

Rosselli llamó a discutir además la infinidad de subsidios previstos, y si las empresas públicas tienen que abrirse a la competencia, por ejemplo en la importación de combustibles.

También si sus directores deben responder a los partidos políticos o ser personas de probada carrera profesional en la dirección de empresas.

“Hay mucho para analizar, discutir y cambiar”, afirmó el economista. “Ojalá este tema sea prioridad para el próximo gobierno”.