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Editorial

6/07/2020 13:39

Montevideo, una ciudad a iluminar

El pasado 14 de mayo, hace apenas semanas, dedicamos nuestro editorial al
intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien en un proceso según sus propias palabras "ante todo, limpio y transparente", adjudicó a la empresa Prodie S.A. la compra directa de más de 60.000 luminarias viales para Montevideo, por un monto US$ 21,5 millones.

El proceso licitatorio, precedido de una larga serie de aparentes irregularidades, culminó en una polémica adjudicación en forma directa. Dicha acción, fue refrendada además por el pleno respaldo de la mayoría frenteamplista de la Junta Departamental de Montevideo, como consecuencia de un llamado a sala del intendente, para que explicara los motivos de su decisión.

Comentábamos en esa oportunidad, que tal vez habría sido prudente esperar el resultado de las denuncias judiciales a efectos de que, como manifestara con vehemencia el intendente, el proceso hubiera sido efectivamente limpio y
transparente.

Recordábamos también la buena relación que Prodie S.A. ya en el año 2002
demostraba con la Intendencia Municipal de Montevideo, habiendo el entonces intendente Mariano Arana con María Julia Muñoz como Secretaria General, otorgado a la mencionada empresa según resolución 2802/02 del 15 de julio de 2002, la concesión en forma gratuita del uso por 10 (diez) años, un predio con una superficie de 1500 metros cuadrados, en el Parque Tecnológico e Industrial del Cerro. Pero la buena relación existente ente la IMM y la empresa mencionada, no justificaría una decisión como la adoptada, dadas las circunstancias.

El hecho es que al parecer, el blindaje que la mayoría compuesta por la totalidad de ediles oficialistas de la Junta Departamental y el propio intendente Di Candia, habrían logrado con ese llamado a sala aparentemente “exitoso”, una típica victoria pírrica.

Según informa el diario El País en su edición del sábado 4 de Julio, por resolución de fecha 24 de junio de 2020 y por tercera vez, el Tribunal de Cuentas observó el proceso de compra de las 60.000 luminarias reiterado por la comuna, por “violar los principios de buena administración y de igualdad de los oferentes.”

Lo interesante del caso, es que al parecer la IM, habría otorgado la compra a la empresa Prodie ad referéndum, es decir, condicionada al pronunciamiento de esa entidad.

Siempre según la fuente mencionada, el Tribunal de Cuentas habría señalado entre otras cosas, que el procedimiento de la IM “colide” con el principio de buena administración establecido por la Constitución de la República.

Para que no queden dudas sobre lo que expresa la observación, recordemos como define la Real Academia Española, el verbo “colidir”: “Chocar o tropezar con una oposición física o moral.”

A la vista de las observaciones emanadas del Tribunal de Cuentas, cabe prestar atención a la actitud que tomarán los partidarios de seguir adelante con la mencionada licitación, que hasta hace pocas semanas estaban resueltos a continuar con el proceso en la forma en que se había resuelto.

El intendente de Montevideo y la mayoría oficialista de la Junta Departamental, tienen la palabra.

A pocos meses de una elección municipal, los montevideanos observan y toman nota de su actuación.

Lo positivo de todo esto, es que Montevideo comienza a ver la luz.