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Internacionales

2/08/2018 18:10

Juez pide aprobación al Senado para allanar propiedades de Fernández

Se investiga si formó parte de una red de sobornos de empresarios a funcionarios de su gobierno.

Juez pide aprobación al Senado para allanar propiedades de Fernández
El juez federal argentino Claudio Bonadio pidió autorización al Senado para allanar los domicilios y el despacho de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, en una causa en la que se investiga si formó parte de una red de sobornos de empresarios a funcionarios de su gobierno.

Según informaron fuentes judiciales a La Nación, diario que hizo la investigación periodística sobre el presunto entramado de coimas que desembocó en la causa judicial, Bonadio ya firmó la petición y será ahora la Cámara Alta la que decida si permite que se hagan los allanamientos, ya que Fernández cuenta con fueros parlamentarios.

El magistrado de la causa -que está bajo secreto de sumario- planea ordenar registros de los tres domicilios de la ex jefa de Estado: el apartamento del barrio de Recoleta de Buenos Aires y sus dos casas de las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.

También de su despacho del Congreso, donde recaló tras las elecciones de octubre de 2017 en las que salió elegida senadora.

A finales de ese año, en el marco de otra causa, Bonadio solicitó a la Cámara de Senadores que debatiera y aprobase despojar de sus fueros a la exmandataria, con el fin de enviarla a prisión preventiva por estar acusada del encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994.

Sin embargo, el Senado -en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero en el que prevalece la oposición peronista, a la que se adscribe Fernández- no ha avanzado al respecto.

Por el momento, aunque medios locales señalan que el juez tiene previsto hacer un nuevo pedido de desafuero, Bonadio no lo ha hecho efectivo.

En los últimos dos días, más de una docena de personas, entre empresarios y exfuncionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, fueron detenidos acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.

La expresidenta deberá acudir a declarar como imputada el 13 de agosto próximo.

La investigación del diario La Nación se sustenta en unas libretas escritas por Oscar Centeno, quien fuera chófer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

En esos cuadernos, Centeno dejó apuntados con detalle durante más de una década los recorridos que supuestamente hacía con su jefe y otros exmiembros del Gobierno para recaudar bolsos con millones de dólares que empresarios destinaban presuntamente a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obra pública.

Algunos de los lugares a los que llevaban el dinero, según los apuntes, eran la residencia presidencial y el apartamento particular de la familia Kirchner en

Juicio oral

Asimismo, este jueves dos fiscales argentinos pidieron elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.

Los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción de este caso, al apuntar que se encuentra "cabalmente demostrado" que "se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero" a través de la actividad inmobiliaria de la sociedad familiar Los Sauces.

En su resolución, aseguraron que Fernández, actualmente senadora, y su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, "organizaron y dirigieron" una "estructura criminal" para cometer distintos delitos y los señalaron como los "máximos jefes" de una asociación ilícita.

Para los fiscales, está corroborada la existencia de esta y, por ende, que el matrimonio presidencial, junto a funcionarios públicos de distintas carteras y empresarios "allegados", como los constructores Lázaro Báez o Cristóbal López, articularon "planes delictivos" para "permitir a unos y a otros obtener fondos y beneficios del Estado".

"Teniendo en cuenta la gravedad institucional que representan" estos delitos y "los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la corrupción, consideramos que se impone el pronto avance de este proceso hacia la etapa del debate oral", indica el texto.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta en abril del año pasado al considerarla "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe", un delito que se dio "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito", agravado por ser funcionario público y por "negociaciones incompatibles"

La Justicia consideró que también conformaron esa organización delictiva, entre otros, Báez y López, los hijos del matrimonio presidencial, Máximo y Florencia, y Romina Mercado, su sobrina, todos ellos procesados en la causa desde abril de 2017.

La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer (centroizquierda) contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

Tras conocerse la petición de los procuradores, este jueves, la exlegisladora publicó un mensaje en la red social Twitter en el que aseguró que esto prueba lo que denunció hace cuatro años, y solicitó el "desafuero" de Fernández como parlamentaria para que pueda ser detenida.

La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de ambos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

EFE