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Sociedad

30/01/2020 08:51

CPP: cambios generarían un aumento de presos “difícil de tolerar”

Los cambios que la ley de urgencia consagra al sistema procesal están en el punto de mira de los fiscales, que advierten por “colapso”.

CPP: cambios generarían un aumento de presos “difícil de tolerar”

FGN

Los partidos que integran la “coalición multicolor” analizan desde esta semana el borrador del proyecto de ley de urgente consideración elaborado por el gobierno electo, y así elaborar propuestas para complementar o reformar el texto.

Una de las enmiendas seguras, que serán planteadas por colorados e independientes, pasan por atenuar las modificaciones previstas en esa iniciativa al Código del Proceso Penal.

El texto difundido no convence a la mayoría de los actores del Ministerio Público, que incluso le trasladarán al presidente electo, Luis Lacalle Pou, su disconformidad.

En varios medios de prensa la titular de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Mirta Morales, manifestó su preocupación por los cambios previstos, que serán “perjudiciales” para el funcionamiento del sistema judicial.

El punto central está en las modificaciones al proceso abreviado. Los fiscales entienden que, de hecho, la ley urgencia lo eliminará. Siendo el mecanismo que hoy más se aplica, el sistema “colapsará”.

El que analizó extensamente el articulado fue Gabriel Valentín, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Las modificaciones al proceso abreviado están expuestas en el artículo 25 del proyecto de urgente consideración. Hasta ahora, puede aplicarse cuando la pena mínima prevista no sea superior a los seis años de penitenciaría.

Pero, con las modificaciones previstas en el borrador, sería cuando la máxima no supere los tres años.

A su juicio la limitación significará, en los hechos, reducir esa figura al máximo, o casi eliminarla.

Recordó en ese sentido que es la vía para resolver la inmensa mayoría de los casos penales que llegan al sistema.

Valentín valoró que, en el artículo 27, se le de más margen al Ministerio Público para negociar eventuales acuerdos con el imputado, algo lógico ante la “drástica limitación” de los casos en los que podrá acordar.

Si se aprueba, la pena a requerir podría atenuarse hasta más allá del tercio previsto actualmente.

También se refirió al artículo 28, que crea la figura del “proceso extraordinario”. Algo que, recordó, ya existía en el viejo sistema procesal y que fue sustituida por el abreviado.

Una modificación que, apuntó, tiene su explicación, ya que al limitarse tanto el abreviado, se iría siempre a la vía del juicio ordinario.

Valentín cuestionó el artículo 32, que deroga el instituto de libertad vigilada. Una solución que, aunada a la supresión de otras figuras similares, podrá generar un importante aumento de las personas privadas de libertad que el sistema, en sus condiciones actuales, difícilmente podría tolerar.

Valentín reparó en el artículo 12, que extiende la figura del “colaborador y agente encubierto”, hasta ahora prevista para los juzgados de Crimen Organizado. Si se aprueban las modificaciones, la Fiscalía quedará habilitada a acordar, en todos los juzgados penales, reducir la pena o no perseguir a los que “colaboren”.

Al respecto, reparó que el borrador cita lo dispuesto en la vieja ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo (18494), cuando debería referirse a la normativa vigente, aprobada en 2017 (19574).

En relación al artículo 16, suprime el “principio de oportunidad” regulado en el CPP, que habilitaba a la Fiscalía a no perseguir el delito en determinados casos, fundamentado en que el sistema penal debe ser selectivo, ya que le sería imposible perseguir siempre todos los delitos.

Pero, con la nueva redacción, Valentín sostuvo que podría entenderse que la Policía podría decidir si comunica o no la ocurrencia de un delito a la Fiscalía, según juzgue si es grave o no, aún cuando se trate de un hecho con apariencia delictiva.

Eso significaría, dijo, consagrar un “principio de oportunidad de aplicación policial”, sin causas específicas.

“Potencia la posibilidad de que se entienda que la Policía es la que decide cuando pasa el caso a la Fiscalía, en función de su valoración”, advirtió. “Sería un importante retroceso”.

Con respecto al artículo 18, cuestionó que se consagre un control de identidad más amplio por parte de la Policía, lo que a su juicio no es razonable.

A su vez, por el artículo 20 se regulan las declaraciones del imputado en ese policial. Hasta ahora, el Ministerio del Interior solo podía interrogarlo sobre su identidad y a recibir, en supuestos excepcionales, su declaración con la ausencia del fiscal.

El nuevo texto, señaló, habilitaría todo tipo de interrogatorio: para averiguar, investigar, obtener prueba y aclarar el hecho. Una autonomía policial “contraria al régimen” que se quiso consagrar en el CPP, de que la dirección de la investigación estuviera a cargo del fiscal.

A su juicio, se trata de una solución muy negativa, que además sería contradictoria con otros aspectos del sistema procesal. “Se debió consagrar expresamente el derecho a la defensa en esas declaraciones”, dijo.

Valentín puso el foco también en el artículo 21, que aumenta el plazo previsto para mantener “retenidas” a las personas halladas en el lugar del hecho, o a aquellas a las que se ordenó comparecer, de dos a cuatro horas. En su opinión, la autorización a “retener” es inconstitucional.