Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos

Por: Danilo Costas

Actualidad

15/11/2019 08:26

Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos

Jubilados sin cobrar sus pasividades y un laboratorio uruguayo con una importante suma pendiente de cobro protagonizan las denuncias.

El estudio de los abogados uruguayos Álvaro Diez de Medina y Pablo Bárcena encabeza dos denuncias ante el banco venezolano Bandes por los presuntos delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de dinero en dos casos bien diferenciados entre sí.

"Tenemos dos casos que estamos patrocinando, uno por un crédito impago de 13 millones de dólares por la exportación de productos farmacéuticos a Venezuela por parte de un laboratorio uruguayo y el otro caso vinculado a una cincuentena de jubilados que no perciben sus mensualidades desde el año 2015", afirmó Diez de Medina en diálogo con ECOS.

En la causa de los jubilados la situación se volvió insostenible para muchos de ellos, ya que dejaron de percibir sus pensiones desde hace casi cuatro años.

"Hemos pedido en el juzgado las diligencias preparatorias para presentar la demanda ya que se trata de una cincuentena de jubilados, entre venezolanos aquí o uruguayos que trabajaron en Venezuela y regresaron, que desde el año 2015 no perciben el dinero que les corresponde a través del bandes", agregó el abogado, quien también supo desempeñarse como funcionario de la ONU y fue embajador de Uruguay en Washington.

Patrocinados por Bárcena, el estudio presentó una acción civil con medidas cautelares contra el Bandes y contra Integración AFAP "en el entendido de que se trata de instituciones del Estado venezolano y los bienes del deudor constituyen una garantía común para los acreedores, que entendemos que podemos accionar contra el Bandes por ser una institución 100% del Estado", según Diez de Medina.

Si bien las instituciones venezolanas permanecen omisas, el juzgado se declaró incompetente por lo que el estudio uruguayo recurrió el caso y el Tribunal de Apelaciones lo envió a la Suprema Corte de Justicia, encargada de tratar los litigios que involucran gobiernos o estados extranjeros.

Si se reúnen los reclamos de esta cincuenta de querellantes, la suma reclamada asciende a los 3,5 millones de dólares, que el banco aún no pagó.

Todos los involucrados cobraban sus pasividades en Uruguay en virtud del convenio de seguridad social firmado entre ambos países en 1997. Desde esa fecha todos los involucrados cobraban sin problemas aunque la cadena de pago se cortó de forma abrupta en 2015.

"Las pensiones, pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) eran regularmente remitidas al Banco Central de Venezuela (BCV), encargado por las normas internas venezolanas de remitir las divisas correspondientes al banco receptor de cada país. Ante este último, el beneficiario de los pagos que hubiera, además, obtenido la Fe de Vida tramitada consularmente, se hacía de sus haberes", sostiene el texto original de la demanda al que accedió este portal.

La demanda también sostiene que "hoy se estima en 20 millones de dólares la deuda que Caracas mantiene con sus pensionados y jubilados residentes en el resto del mundo".

El estudio solicitó una audiencia pública para presentar un informe basado en un dictamen jurídico elaborado por la profesora grado 5 de derecho internacional privado de la Universidad de la Reública, Cecilia Fresnedo.

Las acciones no se acaban allí ya que el estudio también accionó contra los directivos del Bandes y de Integración AFAP al presentar una demanda penal por los presuntos delitos de apropiación indenido, asociación para delinquir y lavado de dinero.

"En paralelo presentamos hace un mes una demanda penal contra los directivos del Bandes y de Integración AFAP basados en la problable comisión de delitos de apropiación indebida, el probable delito de asociación para delinquir y lavado de dinero, porque no nos consta que desde Venezuela no se hayan transferido esos montos correspondientes a la seguridad social. Si ese dinero salió pero no le fue entregado a los jubilados, alguien se lo quedó", sentenció el prestigioso abogado.

Las acciones, que ya fueron presentandas ante la Fiscalía correspondiente, incluyen una petición formal ante el Banco Central del Uruguay en su condición de entidad supervisora de todas las entidades financieras para identificar los depósitos vinculados a este caso.

Diez de Medina dijo además que "en Uruguay son cerca de 400 los venezolanos que padecen esta situación" pero aclaró que los demantantes son "cerca de 50". El caso incluso tiene antecedentes internacionales ya que también hay venezolanos con el mismo problema de cobro en otros países.

"Es un caso serio que no solo pasa en Uruguay sino que se registraron casos similares en México, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos y España. Los afectados en todo el mundo son casi 15.000 y la situación entre ellos es muy diferente. Hay personas con un capital que los respalda como para esperar la resolución de la demanda y otros trabajadores que no perciben su jubilación y están en una situación desesperante. Tenemos casos extremos de personas que tuvieron que vender propiedades o incumplir contratos de compra-venta para poder subsistir y otros que directamente están casi en la indigencia", sentenció.