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Actualidad

20/02/2020 08:10

“Sheriffs” electos y que Policía puede llevar el patrullero a su casa

El Partido Digital recolectó opiniones, críticas y propuestas para incluir en la ley de urgencia.

“Sheriffs” electos y que Policía puede llevar el patrullero a su casa

Foco UY

Con 6363 votos, apenas el 0,26% del total, estuvo lejos de lograr al menos una banca en el Parlamento. Pese a esto, el Partido Digital pretende participar en la discusión política, en el marco del comienzo de un nuevo gobierno.

La formación puso a disposición un sitio web para que los interesados dieran sus puntos de vista sobre el borrador del proyecto de urgente consideración que las nuevas autoridades pretenden enviar al Parlamento.

La plataforma también estuvo abierta a los aportes y críticas de la ciudadanía a la iniciativa, difundidas por el partido en las últimas horas.

La mayoría de las objeciones y sugerencias estuvieron referidas al capítulo sobre seguridad pública, el más polémico del amplio articulado.

Con respecto a las normas sobre estupefacientes, un planteo propone legalizar todo tipo de sustancias y que puedan ser adquiridas en las farmacias. Así, se afirma, se eliminarían las mafias vinculadas al narcotráfico y permitirá que la Policía se vuelque a combatir el delito contra la propiedad y las personas.

“Cada uno es libre de morir como quiera”, dice el documento. “Las prohibiciones solo han fomentado mafias, igual que la ley seca, y corrupción policial”.

Otra de las ideas que la Policía, como institución, pueda ser demandable con certeza de pago con un mínimo muy elevado en caso de perder una demanda por parte de un ciudadano perjudicado por su actuación, y sin posibilidad de apelación.

“Cuando se le da un arma a alguien y se le paga para que cumpla con su trabajo, las expectativas tienen que ser cumplidas sin excepciones”, se afirma. En caso contrario, debe haber un costo económico para el Ministerio del Interior.

También se plantea que los policías residan en un rango máximo de cinco kilómetros de la zona que tenga asignada para desempeñarse, en una vivienda digna. En caso de ser necesario, el Estado debería subsidiarla.

Se entiende adecuado además que los policías, en caso de usar moto o patrullero, puedan llevarlo a su casa, “como sucede en Estados Unidos, ahorrando tiempo y saliendo a patrullar directamente, pudiendo controlarse su uso por GPS”.

Así, la proximidad de vida con el barrio generaría eficiencia de tiempos y un conocimiento de las actividades y de la zona, así como un respeto por el policía como vecino.

Otra de las propuestas plantea crear la figura del “sheriff”, electo cada cinco años por los ciudadanos de su zona como jefe de la seccional, junto a los comicios departamentales.

Los fiscales, a su vez, pasarían a ser regionales y también serían electos de la misma forma.

“Ambos deberían rendir cuentas a su zona cada cinco años para no perder sus cargos”.

Una de las críticas más duras estuvo referida al artículo 173 del anteproyecto, que prevé penas de hasta un año de prisión por agravio a la autoridad policial.

Al respecto, se sugiere eliminar de la redacción los términos “menosprecie” y “ofenda”, por considerar que se le está dando demasiado margen de acción a la Policía.

Así, se ironiza con que un policía podría ofenderse si saluda a un civil en la calle y éste no le devuelve el saludo.

También se plantea eliminar el artículo 16, que deroga el “principio de oportunidad” por el cual los fiscales pueden hoy desistir de perseguir delitos de escasa entidad.

Otras sugerencias están referidas a la controvertida decisión del nuevo gobierno con respecto al derecho de huelga.

Lo que se cuestiona es que se faculte al Poder Ejecutivo a proceder a una eliminación inmediata de la ocupación de un lugar de trabajo, lo cual va a en contra de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

“Hoy en día los no huelguistas tienen la posiblidad de presentar un recurso de amaro para que se les permita entrar a trabajar”, se recuerda.

También se critica el artículo 448, que declara ilegítimos todos los “piquetes, y el 449, por habilitar en cierta forma a las Fuerzas Armadas a apoyar a la fuerza pública en las tareas de represión a estas formas de protesta.

“Se está prohibiendo el derecho del pueblo a salir a la calle a manifestarse, otorgado por la Constitución”, se afirma.