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Actualidad

17/10/2019 19:42

Manini rechaza acuerdo con el FA y advierte por “campaña despiadada”

La Suprema Corte rechazó los recursos de inconstitucionalidad presentados por su defensa y que habían frenado la causa en su contra.

Manini rechaza acuerdo con el FA y advierte por “campaña despiadada”

Foco UY

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini, rechazó en forma rotunda este jueves los trascendidos que “pretenden sugerir” que, de alguna manera, su fuerza política podría estar apoyando a partir de marzo de 2020 un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio.

Es que algunos medios indicaron en las últimas horas que el ex comandante en Jefe del Ejército le brindaría su apoyo a una gestión de Daniel Martínez si se cumplían una determinada serie de requisitos, como el combate frontal a la corrupción.

“Solo se trata de una tergiversación más” señaló el candidato, en un mensaje destinado a sus “cabildantes”. Es que, según afirmó, como una fuerza que es “parte del cambio”, solo apoyarían a lo que signifique cambio.

“El país no resiste cinco años más de lo mismo”, aseguró Manini. “Y eso es lo que ofrece el Frente Amplio”. En seguridad, por ejemplo, al confirmar Martínez como ministro a Gustavo Leal. O en política económica, ya que el equipo el candidato del Frente Amplio es “prácticamente el mismo” que hoy está en esa función.

Manini sostuvo que el oficialismo tampoco apostará a un país productivo. “Es claro que no vamos a apoyar a un gobierno que signifique el continuismo”, expresó.

Si las urnas deciden que el electo sea otra postulante de la oposición, el líder de Cabildo Abierto remarcó que, para llegar a algún tipo de acuerdo, le exigirá un “combate cerrado” a la corrupción en todos los niveles, con auditorías en todo el Estado y que los responsables de un eventual mal manejo de los dineros públicos sean llevados ante la Justicia.

Manini alertó a sus “cabildantes” de que “seremos sometidos a una campaña despiadada en estos últimos diez días” antes del 27 de octubre.

“Cabildo Abierto es el cambio en serio, y todo aquel que sugiera que podemos apoyar al Frente Amplio está mintiendo descaradamente”, concluyó.

Su pronunciamiento se produjo en paralelo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar, en forma anticipada, los dos recursos de inconstitucionalidad que su defensa había presentado en el marco que indaga el rol del ex comandante en Jefe del Ejército en el “Caso Gavazzo”.

La decisión de la corporación, según pudo saber ECOS, se basó en la “falta de legitimación activa” de Manini para objetar tanto a la creación de la Fiscalía General de la Nación como organismo descentralizado, como a la ley que creó el nuevo Código del Proceso Penal.

También en el hecho de que la Corte ya se había pronunciado en forma negativa en otros recursos similares que habían sido presentados con anterioridad.

Varios represores acusados de delitos de lesa humanidad activaron anteriormente instancias similares. Lo mismo hizo otro candidato presidencial, Gustavo Salle, cuando reclamó la inconstitucionalidad del Código del Proceso Penal al defender a un hombre que había amenazado al fiscal general, Jorge Díaz.

Ahora la jueza penal Marcela Vargas, a cargo de la causa contra el ex comandante, deberá fijar fecha para una nueva audiencia, en el marco de un clima político complicado.

Fecha clave
El destino judicial de Manini depende ahora, más allá de la decisión de la magistrada, en si la audiencia se realiza antes o después de las elecciones. Si Manini confirma su elección como senador, quedará automáticamente revestido de fueros una vez que la Corte Electoral lo proclame.

Así, si es imputado, el Senado que se instale a partir del 15 de febrero de 2020 deberá decidir si existen méritos para que sus fueros sean retirados, una instancia que solo será posible a partir de mayorías especiales.

A Manini se lo acusa de “omisión a los deberes del funcionario público” al no denunciar por no informar, en su rol de comandante en Jefe del Ejército, la confesión que el represor José Nino Gavazzo hizo ante un tribunal de honor militar en relación al destino del militante Roberto Gomensoro, asesinado por tortura en una unidad militar en 1973.

El candidato de Cabildo Abierto había atribuido la causa en su contra a la “gran preocupación” y el “nerviosismo” que viene generando en las encuestas, con una acusación que retoma la “verdadera farsa” armada en torno a las declaraciones de Gavazzo.

“Se activaron funcionarios dependientes del Estado y se activó la Fiscalía para llevarnos a juicio”, había asegurado luego que sus abogados presentaran los recursos.

Manini acusó directamente al fiscal Rodrigo Morosoli, cargo de la acusacaión, de “operar” como el brazo de un Poder Ejecutivo que está involucrado en la misma causa.

En su visión, la forma en que actúa la Fiscalía deja sin garantías al ciudadano común. “Está indefenso y expuesto a la voluntad del fiscal, según quién sea”.

La defensa de Manini fundamentó la presentación de los dos recursos de inconstitucionalidad bajo el enunciado de que se están “vulnerando los derechos” de su defendido.

“Esta investigación arrancó mal”, había uno de sus patrocinantes, Marcos Pacheco. La primera audiencia de este caso, recordó, fue días antes de las elecciones internas. La siguiente, , a escasas semanas de las nacionales.

“Vemos que el tema se está tratando de forma vehemente”, comentó.

Otro de sus abogados, Juan Carlos Fernández Lecchini, ratificó el pensamiento del ex comandante de que Morosoli está “mandatado” por el presidente Tabaré Vázquez.

“Nos llama la atención que ningún civil fue ni siquiera indagado. Solo militares”, advirtió.

Según otro de los defensores de Manini, Eduardo Lust, uno de los recursos de inconstitucionalidad cuestionaba la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de la Nación, creada como un servicio descentralizado cuando la Constitución no lo prohíbe.

“Su objeto no coincide con el objeto de los servicios descentralizados, que son empresas públicas”, dijo.

Lust sostuvo que con las acciones presentadas no se buscaba tanto congelar el proceso contra su defendido sino que “el Estado de Derecho vuelva a tener vigencia”.

Algo que, sostuvo, no sucede ahora desde el momento en que está vigente una ley que “va en contra de la Constitución”.

El delito que se le imputa a Manini está previsto en el artículo 177 del Código Penal. Todo funcionario público debe poner en conocimiento de la Justicia y de sus superiores todo posible delito del cual tome conocimiento en el marco de su actuación.

La figura admite dos modalidades: la omisión lisa y llana o la demora en efectuar la denuncia.

Al respecto, la Fiscalía sostiene que Manini nunca informó a sus superiores o en los ámbitos judiciales.

Morosoli había rechazado en forma tajante las acusaciones de Manini y sus defensores. “Estoy mandatado por la Constitución y la ley. Hay evidencia documental y testimonial que indica que nunca comunicó” el delito confesado por Gavazzo.

El magistrado fue más allá y afirmó que el ex comandante incurrió en una actitud dolosa, ya que siempre hubo una intención deliberada de no dar cuenta de la información recibida.

La pena por el delito que se le imputa a Manini va de tres a 18 meses de prisión.