Violencia en audiencias públicas generó malestar y activó protocolo

Por: Danilo Costas

Actualidad

15/06/2019 07:30

Violencia en audiencias públicas generó malestar y activó protocolo

Hugo Ortuño/EFE (Archivo)

El Poder Judicial trabaja en la aplicación de un nuevo protocolo de seguridad.

El Poder Judicial, los jueces y el Director de Policía, Mario Layera, pactaron una encuentro el lunes para ajustar mecanismos de seguridad.

La violencia registrada en la audiencia de formalización de cuatro de los cinco detenidos por el crimen del efectivo policial Rogelio Eduardo Souza Arguimbao desató reacciones en cadena, pedidos de seguridad y una medida intempestiva, tomada por el Comité de Jueces que cumplen funciones en la Oficina Penal Centralizada (OPEC), que dejó en jaque el nuevo código de proceso penal y cerró las audiencias a familiares y periodistas.

"Asesinos, son unos asesinos, mataron a mi marido, hijos de puta", fue la frase cargada de dolor que encendió la mecha y desató la trifulca entre los familiares de Souza y los imputados.

Luego de la trifulca ocurrida el martes en el Juzgado Penal de la calle Juan Carlos Gómez, fiscales, defensores de oficio, jueces y periodistas pidieron "mayores garantías" y exigieron al Poder Judicial la elaboración de un protocolo de seguridad.

Sin embargo, lo que sería un proceso de diálogo y construcción entre funcionarios, actuarios, magistrados, fiscales y el Ministerio del Interior, se cortó de forma abrupta tras la decisión del Comité de Jueces de la (OPEC) que tomó la resolución de no abrir las puertas de las audiencias que presiden hasta tanto no se active ese protocolo.

Sin embargo, la medida fue tomada antes de que el Poder Judicial pudiera reaccionar y sin comunicación previa con el Ministerio del Interior.

ECOS accedió a la notificación enviada por el Comité de Jueces y dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, y fechada el miércoles 12 de junio.

En la misiva los magistrados relataron las condiciones de inseguridad que deben enfrentar en su trabajo, dejaron constancia que los policías dedicados a la custodia de fiscales o imputados ingresan armados a las audiencias y relataron que, en una ocasión, una persona “ingresó con una pistola de aire comprimido”.

"Ante la reiteración de incidentes violentos en las audiencias, los que cada vez revisten mayor gravedad, la falta de control del público que asiste a las mismas, el espacio reducido para su permanencia en la sala de audiencias y que muchas veces concurren a estas familias de la víctima y del imputado, este comité resuelve de forma unánime que hasta tanto el Ministerio del Interior no proporcione la seguridad adecuada en las audiencias y no cumpla con la realización de un efectivo control de las personas que ingresan a la OPEC, no se permitirá el ingreso de público a las audiencias, a excepción de los estudiantes de facultad de derecho que concurren para presenciarlas", reza la misiva.

"Lo que pasó es una muestra de la improvisación y la falta de comunicación que hay. El protocolo de seguridad lo determina el Poder Judicial y son ellos quienes deben pedir efectivos. Sin embargo este comité de jueces tomó una resolución, que se entiende desde el punto de vista lógico, pero no desde el punto de vista formal. No le dieron tiempo al Poder Judicial a tomar cartas en el asunto y nosotros no nos llegó ninguna solicitud", afirmó a ECOS un jerarca del Ministerio del Interior acostumbrado a trabajar en coordinación con fiscales y jueces.

La resolución de los jueces también tomó por sorpresa y generó malestar entre otros actores del sistema.

La encargada de comunicarle la decisión a este portal fue la jueza María Rosa Aguirre pero, en ese momento, ni el jefe de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, ni el secretario general de la Asociación de Fiscales, William Rosa, estaban al tanto de la medida.

El nuevo Código del Proceso Penal garantiza la publicidad de las audiencias, es decir, que sean abiertas a familiares, periodistas y a quien quiera participar como observador, salvo en los casos donde las víctimas son menores de edad y el magistrado de turno puede decretar la reserva de la audiencia.

Dejar a periodistas y familiares afuera de las audiencias sin previa consulta también tomó por sorpresa al Poder Judicial.

"A efectos de atender el asunto planteado, el Ministro Turell comisionó al Director General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, para que tomase contacto con las partes afectadas y diera inicio a una serie de negociaciones orientadas a preservar el normal desarrollo de los servicios", informaron a este portal desde el Poder Judicial.

En ese sentido el lunes habrá una reunión entre Pesce, representantes de los jueces penales que cumplen funciones en OPEC y el Director de la Policía Nacional, Mario Layera.

Según la información brindada el tema ya había sido tratado en febrero, en una reunión mantenida entre Turell, Pesce y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

En ese encuentro "se planteó por parte de la Suprema Corte de Justicia la necesidad de reforzar la seguridad de las sedes penales en tres puntos" que incluyen la custodia propia durante las horas de funcionamiento, la presencia policial en cada sala de audiencia y la vigilancia en horario de no operación.

Además se estableció como objetivo "ajustar protocolos de actuación y valoración de riesgo en todo el país a los efectos de informar a los magistrados de la eventual peligrosidad de los imputados que son conducidos a audiencia".

A partir de los episodios de violencia registrados el Poder Judicial confirmó la creación de un grupo de trabajo que coordinará "con el Ministerio del Interior la creación y/o revisión de un protocolo de actuación referente a la seguridad en las sedes judiciales de todo el país en materia penal, familia y familia especializado".

Según supo este portal ese grupo de trabajo ya tiene un borrador del protocolo de seguridad que piden los actores y el borrador será uno de los temas a discutir el próximo lunes.