FA dice que “en breve” habrá que rediscutir reforma de Caja Militar

Actualidad

22/05/2019 18:23

FA dice que “en breve” habrá que rediscutir reforma de Caja Militar

Diputados

La nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fue aprobada en Diputados. Ya se aventura que no durará tanto como la que rige actualmente.

Con 55 votos en 90, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley Orgánica militar, destinada según sus propulsores a consolidar el “control democrático” de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una iniciativa presentada en 2017 por el Poder Ejecutivo, cuya versión final venía siendo discutida desde agosto del año pasado por el Frente Amplio, la única fuerza política que respaldó sus 172 artículos.

En términos generales el Partido Independiente, la Unidad Popular y el Partido de la Gente sumaron sus votos al proyecto, pese a las numerosas críticas que realizaron en los aspectos más sensibles de la normativa.

Más allá de cuestiones técnicas, la discusión estuvo teñida de un fuerte componente político, condicionada además por los recientes hechos que enturbiaron el relacionamiento entre el gobierno y las Fuerzas Armadas.

En realidad, se trata de una ley que lejos está de conformar a nadie. Y en la que, con más o menos énfasis, todos coincidieron que tendrá poca vida.

“Parece que esta ley va a durar algunos años, tal vez no los 45 que duró esta”, señaló el diputado oficialista Alejandro Zavala (IR), que optó por destacar que la nueva normativa pone fin a la ley orgánica actual, vigente desde 1974, y por lo tanto, “hija de la dictadura”.

Para el legislador, era importante la aprobación de la nueva ley como una “señal”, para demostrar que la bancada está atenta a “cambiar lo que debe ser cambiado”.

Zavala hizo referencia específica a los tribunales “de deshonor”, recordando el episodio reciente en que, supuestamente, se ocultó en esos ámbitos las revelaciones del ex represor José Nino Gavazzo.

Serán sustituidos por “tribunales de ética”, con el cometido exclusivo de juzgar la conducta ético-moral de los oficiales, tanto en actividad como en retiro.

También tuvo palabras para el actual comandante en Jefe del Ejército, Claudio Feola, que el sábado pasado señaló que hubo “desvíos y excesos” en el accionar de su fuerza durante el pasado reciente.

“Hubo un plan”, lo corrigió. “Implicaba la persecución de quienes pensaban distinto”, puntualizó. “Parece mentira que sigamos discutiendo esto”.

Zavala también valoró la reducción planteada en el número de la cúpula de las Fuerzas Armadas, ”engordada en los últimos años”, aunque la juzgó insuficiente. “Debería ser indiscutible que debe haber una reducción mucho mayor”, sostuvo.

El Frente Amplio fue más allá de lo planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo y definió llevar de 16 a 12 los generales del Ejército, incluido el comandante en Jefe. Los coroneles, en tanto, bajarán de 190 a 130.

En tanto, se deja para la posterior reglamentación el establecer el número de efectivos en los cuadros subalternos. Otra de las innovaciones es que establece “criterios objetivos y de transparencia en los ascensos”, que se darán exclusivamente cuando existan vacantes reales y disponibilidad presupuestal.

Zavala propuso sin éxito llevar a 90 la cantidad de coroneles y a diez la de generales, tal como existía en épocas anteriores a la dictadura, aunque perdió en la discusión interna. “No quedamos conformes” expresó, al considerar un “exceso” que se destine el 4% del PBI a todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Su planteo de reducción tuvo eco en el Partido Independiente, que consideró escasa la baja aprobada.

Si hubo otra coincidencia entre el oficialismo y la oposición en torno a los aspectos más polémicos de la nueva ley Orgánica Militar fue en los efectos que tendrán esas modificaciones.

Sobre todo a la hora de evaluar el impacto en la reducción de la cantidad de oficiales generales a la hora de sostener el ya deficitario sistema de Retribuciones y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

“Objetivamente, me parece que vamos a tener que volver a discutir esto en breve”, afirmó Zavala.

En su postura coincidió el diputado Guillermo Facello (sin partido), que dijo estar seguro y convencido que la nueva ley no durará los cuarenta años que duró la que se pretende sustituir.

Entre otros aspectos, reparó en que, en un año electoral, no existen parámetros presupuestales previstos para aplicarla, que recién serían aprobados en 2021.

El diputado afirmó además que la situación se agravará si se aprueba el referéndum sobre Seguridad Pública, promovido por el nacionalista Jorge Larrañaga, y que plantea la creación de una Guardia Nacional integrada por militares.

Si eso sucede, remarcó, la nueva ley Orgánica Militar deberá ser nuevamente modificada.

Industria y Comercio

La Unidad Popular cuestionó específicamente las “nuevas tareas subsidiarias” que la ley le asigna a las Fuerzas Armadas y que, a su entender, son totalmente ajenas al cometido de los militares.

El diputado Eduardo Rubio se refirió especialmente a las misión que se les encomienda de patrullar las fronteras en la zona comprendida hasta los 20 kilómetros de los límites internacionales, a excepción de los centros poblados.

Según su visión, es “meter” a los militares en tareas de seguridad interna, algo totalmente ausente de la concepción de la Defensa Nacional. Contradictorio, además, con la reducción de oficiales incluida en la ley.

También que las Fuerzas Armadas “apoyen al deporte y a la educación física”, lo que implica directamente que diversos atletas sean reconocidos como funcionarios militares para que puedan desarrollar su actividad.

Eso, dijo, se emparenta con el concepto de “acción cívica” de las Fuerzas Armadas, en un intento de “congraciarse” con la sociedad.

Rubio también cuestionó que se las habilite a realizar tareas “industriales y comerciales”, de forma de obtener recursos extrapresupuestales. La ley elude mencionar qué tipo de actividades podrían desarrollarse.

Pese a que “no está escrito”, el diputado de Unidad Popular aseguró que se trata de una forma de habilitar que los soldados realicen tareas de recolección de residuos ante una eventual huelga municipal.

Rango legal

La ley constituye el último capítulo de grandes reformas diseñadas por el oficialismo en torno a las Fuerzas Armadas, luego de la ratificación de la ley Marco de Defensa, la reforma del Sistema de Retribuciones y Pensiones, y la norma que regula todos los organismos de Inteligencia del Estado.

Se busca así “consolidar los principios de conducción, gobernabilidad y el liderazgo civil de las Fuerzas Armadas”.

Se establece que se organizarán en dos estructuras básicas, una orgánica para la preparación de la Fuerza y otra operativa para el empleo en las misiones que se asignen.

El despliegue, se indica, deberá ser objeto de revisión dinámica y continua, a los efectos de su adaptación a las misiones atribuidas.

El proyecto avanza en cuanto a reconocer el principio de complementariedad entre las Fuerzas, estableciendo que podrá un componente de una fuerza estar al mando de otra, de manera ocasional, temporal y determinada exclusivamente por la misión. Se supera así el carácter autónomo e independiente que tradicionalmente se ha tenido en la gestión de cada una de las fuerzas, sin que ello implique desconocer las competencias específicas de cada una.

La iniciativa ratifica que su misión fundamental será la planificación y ejecución de los actos militares necesarios para la defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo, así como contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

Se subraya que la población es el sujeto colectivo destinatario de la Defensa Nacional y su protección es el fin superior de todas las acciones que se emprendan en esta política pública.

El proyecto reconoce a texto expreso una serie de “derechos” al personal militar, y los elevan a rango legal. Entre ellos, licencias especiales por enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia, estudio y matrimonio, “con especial atención a la protección de la funcionaria militar que se encuentra gozando de las licencias por maternidad, descanso puerperal y lactancia”.

Se le reconoce también la posibilidad de, en tiempos de paz, de efectuar otras tareas ajenas a su función militar. La estructura disciplinaria quedará limitada al Estado de Derecho.

Allí se incluye la posibilidad de baja en todos los niveles, como sanción ante la comisión de una falta grave.

Actitud discriminatoria

El informe de la oposición, suscrito por los diputados Facello y Gonzalo Novales (Partido Nacional), señala que la nueva ley debería reflejar una política pública de Estado que debería haber sido construida en consenso.

En ese sentido se señala que el Frente Amplio terminó “torciéndole el brazo” al Mando Superior de las Fuerzas Armadas, como lo son el presidente de la República y el Ministerio de Defensa que, en vez de defender a sus subordinados, “silenciosamente aprueba tal atropello”.

Se remarca que los militares no fueron escuchados en forma profesional, en una actitud “discriminatoria” sin antecedentes con ningún colectivo.

“Quién no tiene un amigo, un familiar o un vecino militar”, se preguntaron los legisladores opositores, afirmando que allí buscaron asesoramiento técnico.

Calificaron en ese sentido a la normativa de “atropello jurídico”, carente de toda visión estratégica, elaborado sobre “bases ideológicas de un preconcepto y con una ferviente animosidad hacia a las Fuerzas Armadas, en particular hacia el Ejército”.

El que anunció acciones concretas para tirar abajo la ley fue el ex comandante en Jefe del Ejército y actual candidato presidencial, Guido Manini Ríos, que adelantó que una vez aprobada impulsará una consulta popular para derogarla.

En un acto en Durazno, el postulante de Cabildo Abierto consideró que la ley perjudicará en forma directa al personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Manini sostuvo que la baja en el número de coroneles fue definida sin ningún tipo de estudio serio. Además, señaló que la nueva forma definida de ascensos le cortará la carrera a los oficiales que no puedan tener oportunidades de estudio.