El FA espera el pronunciamiento del MPP sobre el desafuero de Placeres

Actualidad

5/05/2019 20:45

El FA espera el pronunciamiento del MPP sobre el desafuero de Placeres

PL

El mayor sector del oficialismo analizó el tema y su definición que será eminentemente política. Los otros grupos aguardan para expresarse.

Todos los sectores del Frente Amplio con representación parlamentaria aguardan por estas horas la definición del Movimiento de Participación Popular (MPP) en torno al pedido de desafuero que pesa sobre el diputado Daniel Placeres por su supuesta vinculación irregular con la empresa Envidrio.

El mayor grupo del oficialismo viene analizando desde este fin de semana el destino de su legislador. Su pronunciamiento hará que el resto de la coalición comience a su vez a tomar posición.

El análisis del MPP concluirá este lunes y tiene un fuerte componente jurídico, pero la definición sobre si se vota o el desafuero será eminentemente política, dijeron a ECOS varios de sus dirigentes.

Por un lado se valora que negarse al pedido del fiscal Luis Pacheco tendrá un costo, no solo a nivel sectorial sino de todo el Frente Amplio, en el entendido de será leído como un rechazo al accionar de la Justicia y una intención de “encubrir” a uno de los suyos en plena campaña electoral.

Por otro, en el sector considera probado que Placeres estaba desvinculado de Envidrio cuando asumió su banca en 2015. Así queda establecido, se afirma, en la documentación correspondiente en donde se da cuenta de su renuncia a seguir integrando la dirección de la cooperativa.

También se hace una interpretación del artículo 124 de la Constitución, que señala que los legisladores deberán abstenerse durante su mandato de "intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público".

La lectura del MPP es que, como Envidrio nunca le vendió al Estado, mal pudo Placeres infringir la normativa, aún cuando se dé por supuesto que siguió participando de su estructura.

El fiscal Luis Pacheco pidió su desafuero para procesarlo por un delito de interés público o privado, al considerar que el diputado participó desde su banca en la promoción de varias medidas en favor de Envidrio.

Por ejemplo, al firmar una minuta de comunicación exhortando al Poder Ejecutivo a acelerar un préstamo para la cooperativa, y fundamentar y votar un proyecto de ley para extender el seguro de paro de sus trabajadores.

Sin relevancia y sin un voto

A nivel del Frente Amplio, el tema será analizado este lunes en la reunión del Secretariado Ejecutivo.

Uno de los sectores que allí participan es la Vertiente Artiguista, cuyo flamante secretario general, Enrique Rubio, consideró la acusación contra Placeres como un “asunto sin relevancia”.

El ex senador cuestionó en cambio la actuación judicial en otros casos recientes. “Si Gavazzo confiesa un delito atroz, la causa no se reabre. Si comprás ganado robado, se arregla y si un intendente le compra a su propia estación, no pasa nada”, dijo.

Para que el pedido de desafuero prospere en Diputados se requieren 66 votos. Si se llega a esa instancia, no se contará con todas las manos en el Frente Amplio.

El diputado Pablo González (Lista 711) dejó en claro que nunca dará su voto ya que el desafuero de Placeres “no tiene ni pie ni cabeza”.

Recordó en ese sentido que el año pasado hubo varios retirados militares que, como suplentes, asumieron bancas en Diputados por los partidos Colorado y Nacional. Lo hicieron para participar del debate y votar negativamente la creación del proyectado impuesto a las pasividades en las Fuerzas Armadas, que quedó por el camino.

González se preguntó en ese sentido “si lo de Placeres es conjunción eso que sería”.

Como razón de fondo, el diputado sostuvo que se está en una línea muy delicada con respecto a los fueros, y la propia Cámara ha venido “perforando” el “escudo” que representan los fueros frente al “abuso” de los demás poderes del Estado.

Para González, los fueros deben ser levantados ante delitos graves. “La Constitución es clara. No cuenten con mi voto para seguir debilitando al Parlamento”, afirmó.

El diputado de la Lista 711 refrendó así una postura que ya había esgrimido a fines de 2017, cuando la Cámara tuvo que votar el desafuero de su colega Wilson Ezquerra.

El legislador nacionalista terminó condenado en un Juzgado de Faltas por haber manejado su vehículo en estado de ebriedad, proceso en el que atropelló a una mujer.

González consideraba que los legisladores quedaban “vulnerables” al poder quedar sin fueros ante algo tan “arbitrario” como la ley de Faltas y dijo temer que el desafuero de Ezquerra pudiera sentar precedentes.

"En el caso que un Poder quiere avasallar a otro, acusar a un señor legislador de haber conducido al doble de velocidad es algo muy difícil de probar", dijo.

González había remarcado que los fueros constituyen una garantía para los parlamentarios ante un eventual embate o intento de avasallamiento por parte de otros poderes del Estado.

"Si vamos a perforarlo que sea por algo que valga la pena y no para alimentar algunos egos, solo para mostrar que todos somos iguales ante la ley", dijo.

Lo cierto es que la Constitución no distingue entre delitos más o menos graves para determinar si corresponde o no el desafuero, que termina siendo siempre una decisión política.,

Los fueros parlamentarios están previstos en el artículo 114 de la Constitución, y su eventual levantamiento no implica la expulsión del legislador involucrado. Simplemente, se trata de la suspensión en sus funciones mientras duren las actuaciones en su contra.

De esta manera, el diputado consideró involucrado estaría en condiciones de retornar a su banca luego de culminado el proceso, o cuando cumpla una eventual condena, si su mandato aún sigue vigente.

Básicamente, la Constitución prevé tres tipos de privilegios legales para los legisladores. Se trata de la irresponsabilidad por voto y opinión, la inmunidad ante el arresto y la inmunidad de procesamiento.

Así, ningún legislador, entre que es electo y cesa en el cargo, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes, sino ante su respectiva Cámara la cual, por tercios de sus componentes, resolverá si hay lugar a formación de causa y, en caso afirmativo, podría declararlo suspendido de sus funciones y a disposición del tribunal competente.

La excepción la constituye el artículo 93 de la Constitución, que prevé de todas formas el derecho exclusivo a la Cámara de Representantes de acusar, ante el Parlamento y mediante juicio político, a cualquier legislador, al presidente o a otros altos funcionarios públicos por violar la Carta Magna o por haber cometido delitos graves.

Sendic, la ética y una vara muy alta
Lo cierto es que el Frente Amplio terminará por definir en forma colectiva ese martes cómo procederá ante el pedido de procesamiento de Placeres.

Una instancia que, a juicio de la vicepresidenta Lucía Topolansky, no se llegará.

En declaraciones a Telenoche durante una recorrida por Maldonado este sábado, Topolansky dijo creer que su correligionario presentará renuncia a su banca.

La vicepresidenta restó importancia al pronunciamiento de la Fiscalía contra Placeres. Afirmó que todo se debió a que estuvo presente en “una votación en la que no debería estar” y que “la vara en Uruguay está muy alta”.

Si bien dijo carecer de elementos para un pronunciamiento profundo, el precandidato Daniel Martínez consideró por su parte que el oficialismo debería analizar si Placeres debe renunciar.

”De la misma manera que a Raúl Sendic se lo hizo renunciar  a la vicepresidencia (sic), en base a los elementos creo que el Frente Amplioo tendrá que valorar las características de esa situación y en qué medida eso influye”, sostuvo este domingo en rueda de prensa el ex intendente de Montevideo.

Para Martínez hay algo claro y es que existe una línea que debe ser infranqueable.

“Si hay temas éticos o están involucrados, que es lo que hay que terminar de evaluar, la ética no se corre”, concluyó.