Pedirán que Fiscalía solicite datos “secretos” de la regasificadora

Actualidad

3/04/2019 14:19

Pedirán que Fiscalía solicite datos “secretos” de la regasificadora

Denuncia penal apunta a que el Parlamento entregue documentación reservada sobre las ofertas presentadas para la obra.

La oposición se prepara para presentar en los próximos días una denuncia penal en torno al cúmulo de irregularidades detectadas en el fallido proceso de construcción de la planta regasificadora.

La decisión, adelantada a fines del año pasado cuando culminó el trabajo de la Comisión Investigadora en Diputados, incluirá un pedido concreto a la Fiscalía.

El Ministerio Público deberá pedirle al Parlamento la documentación vinculada al tema que, luego de una polémica votación, fue considerada “secreta”.

Allí están incluidas todas las ofertas que distintos consorcios internacionales presentaron para hacerse cargo de la obra. Entre ellas todo lo relacionado a la polémica concesión a la firma brasileña OAS de la construcción del gasoducto que conectaría el barco regasificador en Puntas de Sayago con la planta terrestre.

Así lo dijo a ECOS el diputado nacionalista Pablo Abdala, uno de los legisladores que llevará adelante la acción judicial.

Abdala había denunciado el año pasado en el Parlamento que OAS había presentado una oferta de 7 millones de dólares más cara en costos generales, mano de obra y en el tramo terrestre del gasoducto, en comparación con la del consorcio Contreras–SACEEM, otra de las firmas que pugnó por la concesión.

La intención es que la Fiscalía sea la que solicite esa información para incorporarla al expediente, algo que los denunciantes, en su carácter de legisladores, están impedidos de hacer debido a que los comprende el “secreto” aprobado en la Cámara Baja.

La decisión de declarar reservados esos documentos fue fundamentada en su momento por el Frente Amplio en un pedido expreso del Poder Ejecutivo.

La justificación que dio el gobierno a esta determinación es que muchos de los escritos son de "carácter técnico" y, como "sigue abierta la posibilidad de que se reinicie" el proyecto, se consideró que son de uso reservado, había explicado el diputado socialista Roberto Chiazzaro.

En forma global, la denuncia apunta a aclarar las “irregularidades e ilicitudes” que constató la comisión investigadora, que podrían configurar algunos de los delitos contra la administración pública. Los responsables serían los funcionarios que tomaron las decisiones correspondientes.

En primer lugar, se denuncia que la adjudicación de la obra global al contratista GNLS, además de irregular, fue una “decisión política" tomada en tiempo récord, en donde los directores estatales debieron analizar el tema en menos de 48 horas.

Todo ello, a pesar que la de GNLS era la segunda más cara de las cuatro ofertas que se presentaron y que tenía “debilidades técnicas” que fueron marcadas por una consultoría, se indica.

El contrato firmado con la multinacional, además, limitó la responsabilidad de las empresas al asegurarse por parte del Estado una “garantía soberana e ilimitada”, realizada sobre bases diferentes a las que rigieron en el proceso de selección.

Un rojo más oscuro

A todo esto Gas Sayago SA, la empresa pública de derecho no estatal conformada para llevar adelante el proceso de construcción de la regasificadora, perdió el año pasado 690 millones de pesos.

La cifra, equivalente a unos 20 millones de dólares, está incluida en el balance presentado la semana pasada por la petrolera, y se suma a los 177 millones de dólares de déficit que acumuló el consorcio desde su creación en 2011.

Según la distribución del paquete accionario, UTE debió asumir 16 millones de dólares de lo perdido el año pasado, y Ancap los 4 millones restantes.

La semana pasada ambas empresas estatales abrieron una licitación internacional en busca de un interesado en adquirir todas las acciones de Gas Sayago.