Mides: Apuntan a esclarecer el destino de “mínimo” US$ 70 millones

Actualidad

19/03/2019 06:40

Mides: Apuntan a esclarecer el destino de “mínimo” US$ 70 millones

Desde 2012 el 77% de las compras del ministerio fueron en forma directa o por excepción. El foco está puesto en más de 400 cooperativas.

“Las políticas sociales del Frente Amplio fracasaron. Lo que empezó como una buena idea para concentrar programas y recursos con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) terminó por generar una máquina burocrática ineficiente, plagada de irregularidades e ilegalidades, secretismos y contrataciones a dedo”.

Así comienza la denuncia presentada este lunes ante el Parlamento por el diputado nacionalista Martín Lema (Todos) para que se forme una Comisión Investigadora sobre la gestión de esa secretaría de Estado desde 2010 en adelante.

La viabilidad del planteo será analizada entre martes y miércoles por una pre investigadora, conformada por los frenteamplista Gerardo Núñez (PCU) y Oscar de los Santos (Alianza Progresista), junto al nacionalista Pablo Abdala.

Se trata, por lejos, del ministerio con más observaciones por parte del Tribunal de Cuentas. Son más de 400 en lo que va de este período, todas por razones de legalidad, en especial por acudir y abusar del mecanismo de compra directa cuando no están dadas las condiciones establecidas por ley.

En la mayoría de los casos, señala el informe, el Mides desoye los dictámenes del Tribunal, reiterando gastos y contrataciones, sin reparar en la ilegalidad o irregularidad del proceso.

De acuerdo con la información contenida en el portal del observatorio de compras públicas, aproximadamente el 77% de las compras realizadas durante el periodo 2012-2018 se hicieron bajo la modalidad de compra directa o compra directa por excepción.

Una situación que según Lema involucra el destino, como mínimo, de 70 millones de dólares en dineros públicos.

La denuncia apunta a algunos casos emblemáticos. Como la contratación de la Asociación Maragata de Extensión Cultural y Social Eusebio Vidal, que nació con el objetivo de convertirse en una radio comunitaria pero que terminó gestionando un refugio para personas en situación de calle en San José.

Entre sus representantes está Humberto Greno, ex edil suplente del Frente Amplio, que ante la Justicia explicó el proceso.
 
“Estábamos trabajando en una ONG en pos de una radio comunitaria, nos llama el Ministerio de acá de San José y nos plantea que nos tenemos que hacer cargo de ese centro, nosotros aceptamos y allí fuimos, sin ningún conocimiento”, expresó.

Sin experiencia, desde el MIDES les dijeron que tenían que salir a buscar “un grupo de gente y solucionar situaciones horribles”. Entonces “ahí empezamos a experimentar”, pidieron orientación y se les respondió que debían tener “sentido común”.

La Asociación fue contratada en 2014 por casi 6 millones de pesos, en un vínculo que sigue vigente hasta hoy, por un monto total de 29 millones de pesos.

Eusebio Vidal concurrió, junta a otras asociaciones, a un llamado competitivo realizado en 2016 para ese centro. Como todas las propuestas fueron desestimadas, volvió a ser contratada directamente.

La denuncia apunta además a que está recibiendo pagos por duplicado, ya que la Intendencia de San José paga alquiler del local donde funciona el centro, pese que el pago que realiza el Mides también lo incluye.

A las irregularidades se le suma la denuncia de un grupo de trabajadores de la asociación en torno a un “peaje” de entre 7% y 14% que se les cobra de sus salarios para apoyar la creación de la radio comunitaria.

En los dos lados

En 2016 el Mides realizó un llamado a licitación para presentar propuestas para el Programa Cercanías. La Comisión Asesora de Adjudicaciones advirtió sobre la presencia de un funcionario del propio ministerio que participaba como integrante de la directiva de una asociación que se estaba presentando al llamado, y aconsejó por esa razón desestimar su oferta.
 
El Mides hizo caso omiso a las recomendaciones y contrató a Grupoca, argumentando que ese mismo año la entidad había cambiado su dirección, aunque nunca acreditó que ese funcionario dejara de pertenecer a ella.

Pero Grupoca se venía presentando a los llamados del Mides desde 2009, con ese funcionario en plantilla, en un contrato que hasta 2017 significó 59 millones de pesos.

La denuncia incluye a otra organización integrada por funcionarios del Mides pero que es contratada. Se trata del Centro de Participación Popular, sobre el cual existen desde 2012 resoluciones del Tribunal de Cuentas por la doble condición que reúnen sus integrantes y su conflicto de intereses.
 
En 2018 el Mides vuelve a insistir con la contratación del Centro.

Pasajes a dedo

El pedido Lema apunta a la investigación de numerosas resoluciones que autorizan contrataciones directas de pasajes dentro del país a funcionarios dependientes de organizaciones que no revisten la calidad de funcionarios del ministerio, sin existir norma habilitante.

Por ese concepto, se pagó un total de 42 millones de pesos entre 2014 y 2017.

Lo mismo pasó con una licitación abreviada de 2016 para arrendar servicios de vehículos con chofer para traslados dentro del país para personal no dependiente del Mides por un monto de 7,5 millones de pesos.

De limpieza a cuidado

La Cooperativa Social Forestal El Vagón está registrada para servicios de limpieza. Desde 2010 viene desempeñándose en ese sentido en la oficina territorial del Mides en Treinta y Tres.

Pero en el año 2018 fue contratada en forma directa para gestionar un centro de atención de personas con discapacidad mental.
 
El Tribunal de Cuentas observó la compra directa, entre otros motivos, porque la cooperativa no adjuntó su contrato social a los efectos de verificar que el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social.

En 2015 hubo, según la denuncia, un presunto cambio de estatutos en donde incorporó a su objeto el “cuidado y acompañamiento de adultos mayores”.
 
Ese mismo año, la cooperativa fue contratada en forma directa  para gestionar un Centro 24 horas en Treinta y Tres para personas en situación de calle.

Los cubanos y el BID

El informe hace una mención especial a un convenio vigente desde 2013 entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, por el que llegan técnicos especializados en ortopedia, a los que se les pagan pasajes, estadía, toallas, sabanas, utensilios de cocina, muebles, electrodomésticos, gas y climatización.

Lema marcó que el ministerio dio con esto un paso “peligroso, que va en contra de nuestro sistema republicano de gobierno”, ya que la firma de convenios con otros países deben ser aprobados por el Parlamento.

El diputado apuntó que se desconoce el costo total del acuerdo y si sus cometidos podrían llevarse a cabo con técnicos uruguayos.
 
Por otra parte se hace especial mención en la denuncia a un convenio firmado en 2010 entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, para llevar adelante el “Programa Apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia”, cuya implementación se haría través del Mides.

El monto total para todo el período ascendía a 44,5 millones de dólares.

Pero el marco de ese contrato el Mides realizó un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para que sea este organismo el que, por cuenta y orden del ministerio, realice las contrataciones y compra de bienes y servicios.

El Tribunal de Cuentas observó dicho convenio ya que las competencias del Mides no pueden, según la ley, ser transferidas. Además la CND, según sus propios cometidos, tampoco estaba en condiciones de llevar adelante las obligaciones que surgían del convenio.

Desde el año 2010 el acuerdo ha sido observado en cada oportunidad de renovación o transferencias de fondos.

Más irregularidades

Otro de los puntos cuestionados pasa por el pago de un subsidio por guardería a personas contratadas por organizaciones que prestan servicio al Mides.

Algo para lo que también se carece de norma habilitante.

 Eso supuso una erogación de más de 20 millones de pesos entre 2017 y 2018.

 Por otra parte el Mides dispuso de 72 millones de pesos para contratar a 24 instituciones para gestionar refugios.

Lo hizo, dice la denuncia, obviando el proceso competitivo y violando la constitución al disponer del gasto antes de que el órgano de contralor pudiera dar su opinión.
 
También se señala que contrató de forma directa a 70 instituciones a efectos de brindar servicios de cuidados y educación infantil, por un monto de más de 50 millones de pesos.

En el largo listado de irregularidades señaladas se detalla el caso de la Cooperativa Social de Mantenimiento Integral, para tareas de albañilería, herrería, reparación de muebles, instalación sanitaria y eléctrica en el edificio Central del Mides y en locales externos como oficinas y refugios.

El servicio se le adjudicó en 2018 por licitación pública. Lo llamativo, dice la denuncia, es el que el monto mensual que se le pagó fue 58% superior a lo que se pagaba el año anterior, y que los pagos, que deberían ser mensuales en función de las horas trabajadas, se realizaron por montos mensuales fijos y siempre por la misma cantidad de horas.

La cooperativa había sido contratada de forma directa entre 2014 y 2017, por un monto anual promedio de 8 millones de pesos.

El año pasado, el contrato pasó a ser de 33,3 millones por dos años.

También se menciona el caso de la cooperativa Coochofa, contratada en forma directa desde 2015.

La última renovación fue por casi 50 millones de pesos, el mismo mes que el Mides realizó recortes en sus programas de alimentación, como aseguró el sindicato.

Se trató de una licitación pública para proveer servicio de choferes y auxiliares de servicio, siendo Coochofa la única oferente.

El problema es que existió una incongruencia entre el monto final cotizado por la cooperativa y el valor hora de la oferta, razón por la cual se desestima la oferta habilitándose el procedimiento de compra directa por excepción, por el que se le adjudicó directamente a Coochofa el contrato.

La lista detalla a su vez a Socaire, una cooperativa contratada en 2016 para la gestión de centro nocturno en Montevideo por un monto anual de $ 6.8 millones

El Tribunal de Cuentas observó la contratación, entre otros motivos porque la cooperativa no se encontraba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado, por lo tanto no debería haber sido contratada.

También en el año 2016 y por contratar a esta misma cooperativa, el MIDES fue observado por reiterar el gasto en la misma oportunidad en la cual lo dispuso.

Se subraya que en ocasiones el ministerio ha celebrado convenios con cooperativas que no cuentan con el certificado vigente o directamente carecen del mismo. Incluso, se afirma, se han realizado pagos a cooperativas con certificado vencido.

Según la denuncia, el Mides tiene registradas 445 cooperativas. Solo dos se han transformado en cooperativas de trabajo, según lo establecido en el fin último de la ley que las regula. Otras dos están en proceso de transformación.

Poca transparencia y falta de control

Otro de los focos de la denuncia está puesto en el “manejo poco transparente e ineficiente de los recursos” en el Mides, a partir de diversos informes de la Auditoría Interna de la Nación en el seguimiento de sus diferentes programas, en un proceso que fue desde 2009 a 2011.

Por ejemplo de la Tarjeta Uruguay Social, en donde se detectó que de más de 80 mil beneficiarios el 36%, poco más de 29 mil, cobraban sin cumplir los requisitos que el propio ministerio había establecido.

Lema plantea la “suspicacia” de que se deba a fines político-electorales.

Las conclusiones de la auditoría fueron que “el procedimiento para determinar los beneficiarios, los montos de las prestaciones y la ejecución de la Tarjeta Uruguay Social, no permite asegurar que se pueda alcanzar el objetivo estratégico de contribuir a erradicar la indigencia y disminuir la pobreza".

También que “los errores constatados en los datos empleados y la dependencia de la base de datos del BPS, determinan la falta de integridad, confiabilidad y oportunidad de la información disponible.”

En su informe el diputado opositor menciona una serie de cometidos establecidos por ley y que el ministerio no cumple.

“No existe supervisión, seguimiento y evaluación de los programas y planes sociales al punto que la Auditoría Interna de la Nación señala la total falta de procedimientos para conocer la aplicación de las diversas políticas sociales y sus destinatarios”, señala Lema.

 Así, el Mides “ni siquiera cuenta con un sistema confiable de evaluación y seguimiento de los planes y beneficios a su cargo, lo que impide conocer a ciencia cierta el éxito o no de su gestión, la detección de inconsistencias a fin de corregirlas y el verdadero aprovechamiento de los recursos”.

Tampoco, afirma, da a conocer los procedimientos desplegados y los indicadores que permitan determinar la cantidad y características de las personas bajo situaciones de vulnerabilidad.

Entre las omisiones contó además la de fiscalizar, con carácter preceptivo, a toda institución privada con la que ejecute programas sociales bajo la modalidad de convenios, en cuanto al cumplimiento efectivo de los mismos.

Como ejemplo, Lema menciona que en 2010 solo se controló a cuatro de cada diez cooperativas. En 2012 fueron dos de cada diez.