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Actualidad

30/11/2018 19:42

Frente cuestiona campaña de "ley y orden" de sectores "conservadores"

En las bases programáticas que discutirá el oficialismo se propone un enfoque preventivo, destinado a eliminar las causas del delito.

Frente cuestiona campaña de "ley y orden" de sectores "conservadores"

FA

Este fin de semana y luego de un año de discusión, el VII Congreso del Frente Amplio discutirá y aprobará el programa de gobierno que el oficialismo le propondrá a la ciudadanía para seguir gobernando más allá de 2020.

La instancia, que se desarrollará en el Palacio Peñarol de Montevideo con delegados de todo el país, culminará en un acto abierto que habilitará formalmente a los cuatro precandidatos - y eventualmente alguno más - que competirán en junio del año que viene por la nominación presidencial de la coalición.

Uno de los últimos capítulos de las bases programáticas que se pondrán sobre la mesa habla sobre la que, según indican desde hace tiempo todas las encuestas, es la principal preocupación de la sociedad: la seguridad.

Comienzan por cuestionar las respuestas presentadas desde “sectores conservadores”, que apuestan a una suerte de privatización de la seguridad y apelan a campañas de “ley y orden”, promoviendo el agravamiento de penas, el aumento de la represión e incluso planteos de militarización.

En ese marco, el Frente Amplio propone un enfoque que reconoce el derecho de las personas a su seguridad personal, y mejorar esos indicadores constituye un objetivo a cumplir.

La prioridad estará dada en las acciones preventivas, destinadas a eliminar las causas del delito a través de la mejora en la calidad y la cobertura de los programas sociales.

Para eso se propone la creación, en la órbita del Poder Ejecutivo, de una espacio institucional capaz de desarrollar estas políticas destinadas a reducir la violencia y aumentando los niveles de convivencia.

Los planes de acción deberán estar enfocados para promover una fuerte articulación que permita promover el acceso a los servicios públicos en las zonas de mayor vulnerabilidad y fortalecer la presencia del Estado en los lugares de crecimiento del crimen organizado.

Las bases programáticas plantean a su vez el fortalecimiento de la Policía, como dependencia que se relacione directamente con el ciudadano y apunta a generar verdaderas redes de confianza y colaboración.

Pese a las críticas que en el oficialismo despiertan las propuestas reveladas hasta ahora por parte de la oposición, en la coalición se entiende necesario una mayor sanción de las faltas.

En ese marco se propone una unidad y control de este y otro tipo de conductas que afecten la convivencia.

La única autocrítica aparece cuando se habla del sistema penitenciario, al que se plantea transformar para que, efectivamente, rehabilite y reinserte.

“Las cárceles son parte del circuito de reproducción de la delincuencia, y representan uno e los ejes de trabajo sobre la seguridad pública”, se advierte.

Al respecto se propone avanzar en el traslado del sistema al Ministerio de Educación y Cultura, para lo que ya se discute en el Parlamento un proyecto de ley.

También la consolidación de las redes de protección y seguimiento para las personas privadas de libertad y liberados en líneas de trabajo socioeducativas, con el fin de eliminar la reincidencia.

Se plantea además que las cárceles cuenten con autonomía de diseño y ejecución presupuestal. La gestión de los centros deberá recaer en un cuerpo especial, como la Guardia Republicana, subordinada a una dirección civil.

En este sentido, las nuevas cárceles que se construyan no deberán superar las 500 plazas.

El programa del Frente Amplio incluirá estímulos fiscales para las empresas privadas que contraten a población privada de libertad en diversas modalidades.

Las bases establecen a su vez una transformación en el sistema de justicia penal.

“La privación de libertad tiene límites para garantizar la seguridad de la sociedad”, se subraya, por lo que se deberá reestructurar todo el sistema penas, que “no deberán establecerse como un sistema de venganza”, sino como un camino para promover la rehabilitación y la seguridad en forma integral.

Una “ética de izquierda”

La propuesta del programa de gobierno apunta, casi al final del extenso articulado, en un aspecto que viene suponiendo uno de los mayores desafíos para el oficialismo.

“Para la izquierda, el ejercicio del gobierno y del poder debe sustentarse en la austeridad, la honestidad, la transparencia en la gestión y en lo comprometido con la ciudadanía en el programa, en la Constitución y en la ley”, se asegura, en momentos en que oficialismo pretende llegar a una solución definitiva sobre la conducta ética del ex vicepresidente Raúl Sendic. .

Es, se dice, una lucha constante contra el clientelismo, el nepotismo, la corrupción y “toda forma de ejercicio del poder para fines personales o de grupos de privilegio”, así como toda forma de violencia que se ejerza desde lo institucional, todo lo cual debe ser motivo de control permanente y corrección desde una “ética de izquierda”.