Lacalle Pou y su primera medida: auditoría externa en el Estado

Por: Fabian Cambiaso

Actualidad

14/10/2018 14:30

Lacalle Pou y su primera medida: auditoría externa en el Estado

ECOS

El precandidato aventuró un gobierno de coalición entre tres partidos y prometió una “evolución” de las políticas sociales.

“Ni refundación ni marcha atrás. Hay que evolucionar. Lo que no existen es la opción de volver atrás”.

Ese el concepto principal de las líneas programáticas que el senador nacionalista Luis Lacalle Pou presentó este domingo en Flores, de cara a la campaña de 2019.

Propuestas que serán definidas en marzo y cuyo adelanto constituyó, según dijo, el corrimiento de un “velo” para “empezar a decirle a los uruguayos lo que vamos a hacer”.

En su discurso, el senador dio por sentado que en 2019 habrá una alternancia de partidos en el poder. También, que él será el que encabece ese cambio.

También que para hacerlo necesitará de otros partidos. “Para evolucionar hay que apostar al diálogo, incorporar la mirada del otro, ceder y acordar”, dejó estampado en el documento consensuado este domingo.

Lacalle Pou aventuró que, por primera vez desde el retorno a la democracia, el próximo gobierno será de una coalición entre tres partidos.

Consideró natural la alternancia, aunque naturalmente “los que están hoy en el gobierno no se quieren ir”.

Lacalle Pou afirmó que en la izquierda “la ilusión desapareció o está muy tenue” y por ende dijo encarnar un “sueño” para compartir con todos los uruguayos.

Según los lineamientos programáticos, a los que accedió ECOS, los gobiernos del Frente Amplio fueron los más ricos de la historia, pero sigue habiendo demasiadas necesidades entre la población.

“Dos de cada tres trabajadores ganan menos de 27 mil pesos por mes. Unos 150 mil jubileos están por debajo de los 12 mil pesos. Desde 2014 se llevan perdidos 50 mil empleos. Hay 5000 personas en Montevideo que viven de la basura”, dice el documento.

A eso se agrega la tasa de homicidios más alta de la historia, con un asesinato cada 20 horas; una educación en crisis que castiga a los más pobres, en la que cuatro de cada diez jóvenes no termina la enseñanza medida.

También un déficit fiscal más alto que el que existía en la crisis de 2002, debido a que el Frente Amplio “gastó más de lo que recaudó”, dejando una deuda pública de 40 mil millones que caerá sobre las próximas generaciones.

El programa de Lacalle Pou negó que su gobierno vaya a un “achique” o “ajuste”.

Lo que se propone es un Estado “responsable y austero” que “no queme centenares de millones de dólares en aventuras ruinosas como ANCAP o la regasificadora”.

En ese marco, Lacalle Pou adelantó lo que será su primera acción de gobierno: pedirá una auditoría externa del Estado.

“Queremos conocer la realidad que vamos a recibir y queremos deslindar responsabilidades, para luego poner en marcha otro estilo de gestión”, se señala.

“No estamos dispuestos a ser simples administradores de la escasez. La alternativa no es entre despilfarro o ajuste”, se afirma.

El documento reafirma la función social del Estado, que permita liberar recursos igualar oportunidades y proteger a los más débiles.

En ese marco la prioridad del programa apuntará a “lo social” ya que “tenemos una economía que crece y, al mismo tiempo, una sociedad fracturada”.

Lacalle Pou propone en ese sentido una “evolución” del abordaje de las políticas sociales, dejando de lado una postura “asistencialista y tutorial” para pasar a aplicar herramientas que permitan superar la exclusión y la marginalidad.

En ese marco, se afirma que las estrategias de acción desarrollada en estos años por el Ministerio de Desarrollo Social “no son parte de la solución sino del problema”.

El programa entiende que los que están en esa situación no solo necesitan transferencias económicas , sino también un entorno que les permita recuperar su autoestima y reorientar su potencial.

“Una buena política contra la pobreza es aquella que termina siendo innecesaria”, se afirma.

Recuperar la convivencia

“El primer paso hacia un país mejor es recuperar una convivencia segura y pacífica”, dice el lineamiento programático de Lacalle Pou, en donde se subraya que “no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos”.

En ese marco se asegura que hoy la vigencia de la ley está en entredicho, ya que existen algunas zonas que el Estado ya no controla, en las que “la ley de las mafias y la del más fuerte son las que dominan”.

En ese sentido garantizar la seguridad de las personas y de las familias debería ser el primer deber del Estado.

Para lograrlo, se plantea el fortalecimiento jurídico y simbólico de la Policía, revitalizando el rol de las comisarías barriales abandonadas por el Frente Amplio.

Al respecto se subraya la necesidad de lanzar un combate frontal al narcotráfico y el fortalecimiento de la articulación del aparato de seguridad estatal con la sociedad civil.

Una de las prioridades será, a su vez, una reforma profunda del sistema carcelario.

Cuidar a los jóvenes

Lacalle Pou enfatiza en su programa la urgencia de reformar la educación pública a todos los niveles.

En Primaria, se hace énfasis en las grandes dificultades existentes para asegurar aprendizajes de calidad en los alumnos.

Prueba de ello, se subraya, es que en un contexto de reducción general de la matrícula de alumnos, la matrícula privada haya aumentado 20%.

En Educación Media, se asegura, las cosas están mucho peor. La mitad de los jóvenes no aprende lo suficiente para tener capacidad de enfrentar la vida , y apenas el 40% termina Bachillerato.

Relaciones laborales de cooperación

El documento programático de Lacalle Pou dedica uno de sus capítulos al rol del Estado en la negociación colectiva, que a juicio de los técnicos requiere un funcionamiento “razonable y equilibrado”.

Allí se enfatiza que el gobierno debe actuar como “árbitro imparcial” en lugar de hacerlo como en los últimos años, con acciones que “erosionan la legitimidad del sistema” y terminan en denuncias de los empresarios ante la Organización Internacional del Trabajo.

Al respecto, el programa adelanta que, de llegar al gobierno en 2020, se derogará el decreto que reconoce la ocupación de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga.

Sensible y responsable

El documento subraya la mala gestión del Banco de Previsión Social, que desembocó en el déficit histórico que atraviesa hoy la institución.

Allí se admite que el problema es complejo, por lo que “no hay que apurarse”. La propuesta gira en torno a la creación de una “comisión de expertos de primer nivel” de todos los partidos, que en un año evalúen la situación y analicen los escenarios a mediano plazo.

Recién allí, se asegura, se estará en condiciones de promover una necesaria reforma de la seguridad social.

Por otra parte se adelantó el impulso de una normativa que elimine la restricción a seguir en actividad a los pasivos, una vez jubilados.

También se plantea revisar el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en un marco de progresividad y responsabilidad.

“Quien hoy prometa su eliminación total e inmediata estará haciendo demagogia”, se señala.

También se detalló el compromiso de “superar situaciones que están castigando a los pasivos de maneras injustificables”. Un ejemplo es el lucro con los préstamos a los pasivos por parte del BPS y del BROU.