Regasificadora: informe del FA señalara que no hubo irregularidades

Actualidad

5/09/2018 07:00

Regasificadora: informe del FA señalara que no hubo irregularidades

Oficialismo rechazará el pasaje a la Justicia de los antecedentes de la Investigadora. Oposición: "lo único que no apareció fue el gas".

Mientras duró, el proceso de construcción de la planta regasificadora que se proyectaba instalar en Puntas de Sayago se desarrolló con total normalidad y ajustado a derecho, en tanto factores exógenos provocaron que la obra, "lamentablemente, no pudiera continuar.

Estas consideraciones estarán contenidas en el informe final que el Frente Amplio presentará, a fines de este mes, sobre las conclusiones de la Comisión Investigadora que, desde el año pasado, indagaba sobre presuntas irregularidades en torno al tema.

El oficialismo, adelantándose a una postura ratificada por la oposición, evitará que la Cámara de Diputados eleve como cuerpo los antecedentes de la comisión a la Justicia, al entender que en el proceso no se configuró ni pudo probarse ningún delito.

Según dijo a ECOS el diputado Roberto Chiazzaro (Partido Socialista), sus colegas denunciantes se "exceden en sus cálculos", al incluir algunos aspectos que quedan por fuera del lapso del estudio aprobado para la Investigadora, que abarcaba hasta julio de 2015, cuando el consorcio GNLS, conformado por GDF Suez y Marubeni, anunció que se retiraba de la obra.

El Frente Amplio rechazará por otra parte la pretendida "conexión brasileña", según la cual el ex presidente de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva, hizo gestiones ante el gobierno uruguayo para favorecer la contratación de la constructora OAS para la realización del gasoducto subacuático.

Al respecto, Chiazzaro alegó que la oposición se limitó a presentar "simples fotocopias" de la acusación en un caso que ni la Justicia de Brasil pudo probar.

El informe oficialista hará valer además que el de la regasificadora se trató de un proyecto que se llevó a cabo con apoyo multipartidario, en el entendido de que el país necesitaba modificar su matriz energética, un aspecto que todos los sectores políticos acompañaron.

¿Y el gas?

El Partido Nacional presentó este martes en forma pública su propio informe de cierre de la Investigadora, con una serie de conclusiones sobre un proceso en el que, a su juicio, pudieron comprobarse diversas irregularidades e ilícitos, y que se desembocó hasta ahora en la pérdida de 177 millones de dólares para el Estado.

Es por eso que los nacionalistas, más allá de lo que disponga la Cámara, elevarán lo actuado a la Justicia.

"Lo único que no apareció es el gas natural", ironizó el diputado denunciante, Pablo Abdala.

La lista de irregularidades ya había sido adelantada a ECOS por el legislador.

En primer lugar, el propio proceso licitatorio que desembocó en la adjudicación de la obra al consorcio GNLS. Una adjudicación realizada "en tiempo récord" y anunciada el 14 de mayo de 2013 por el Poder Ejecutivo, cuando los directorios de UTE y Ancap, a cargo del proceso, tuvieron menos de 48 horas para analizarla y ratificarla.

También se cuestiona la adjudicación de las obras para el gasoducto subacuático y que fueron otorgadas a OAS.

Abdala dijo entender que esa decisión fue irregular y fue tomada también en forma apresurada, ya que la empresa carecía de antecentes en ese tipo de trabajos y que, en realidad, había presentado una oferta más cara que la de sus competidores. A instancias del Frente Amplio, las propuestas presentadas por los distintos interesados fueron declaradas "secretas" por la comisión, siguiendo un pedido del gobierno.

En otro puntos, el diputado nacionalista también señaló el hecho de que Gas Sayago, el consorcio estatal a cargo del proceso de construcción, haya contratado una consultoría a CSI, integrada en ese momento por el propio gerente general del organismo, Pedro De Aurrecoechea.

La posibilidad de una derivación judicial ya habían sido adelantadas por los nacionalistas a mediados del año pasado cuando presentaron sus primeras conclusiones sobre el trabajo de la investigadora.

Si bien la la Justicia, eventualmente, tendría que investigar hechos y no personas, Abdala sostuvo que "todo el mundo sabe" quienes son los que deberían responder. "De Mujica para abajo, todos" señaló, respecto a las autoridades del pasado gobierno que tendrían que ser indagados a nivel judicial.

En líneas generales, el resto de la oposición acompañará el planteo aunque cada partido hará énfasis en algún asunto en particular. De todas formas, el pedido de pasaje a los antecedentes será rechazado por el Frente Amplio, que cuenta con mayoría en la comisión.

Otro de los aspectos que, para la oposición, refuerza la existencia de irregularidades, es la condena por corrupción de Lula en Brasil, precisamente en torno a los presuntos sobornos que recibió de OAS para favorecer a la constructora en diversos contratos de obra pública.

El hilo conductor del presunto nexo de Lula con la regasificadora fue una visita que el expresidente brasileño hizo a Uruguay a principios de 2013, días antes que el Estado adjudicara la construcción de la regasificadora.

También el testimonio de Benedito Rodrigues, un “arrepentido” que aseguró ante la Justicia brasileña que OAS “organizaba viajes” de Lula por los países de la región en donde éste planteaba ante las autoridades su “interés” por las obras que la constructora tenía a su cargo.

Rodrigues presentó una grabación en donde Fernando Pimentel, ex ministro de Dilma Rousseff, admite que la empresa financió la campaña del Partido de los Trabajadores a cambio de esos favores.

El testimonio de este “arrepentido” figura entre los cientos de documentos presentados ante la comisión investigadora sobre la regasificadora por parte de Abdala.

Otro de los aspectos de la denuncia hace referencia a que a 23 propietarios de embarcaciones pesqueras se les sigue pagando 1333 por mes en concepto de "indemnización" más otros 300 dólares en combustible, pese a que casi tres años las obras están paralizadas. En agosto de 2015, cada uno recibió un pago único de 16 mil dólares.

El subsidio se sigue otorgando porque, según Gas Sayago, las obras pueden ser retomadas en cualquier momento.,

Abdala sostuvo que parte de estos beneficiarios ni siquiera tenían permisos de pesca ni operaban en la zona afectada por la regasificadora.

Números en rojo

Los 177 millones de dólares que el Estado tiene hasta ahora, comprometidos en el fallido proyecto aparecen reflejados como pérdida en el Balance 2017 de Gas Sayago.

Es que , de los US$ 100 millones que pago la multinacional GNLS en setiembre de 2015 al abandonar las obras de construcción, quedaban en caja al final del último ejercicio apenas 36 millones, por diversas obligaciones que la empresa ha ido contrayendo.

Entre ellas el propio sostenimiento de Gas Sayago, que el año pasado significó erogaciones por US$ 10 millones.

Ese es el único activo monetario que le queda, y al que hay que descontarle los US$ 42 millones que UTE y Ancap aportaron como capital inicial, junto a los US$ 155 millones que fueron incluidos como pasivo al cierre del año pasado.

La cifra termina de cerrar con los US$ 13 millones de los que el consorcio no puede disponer, ya que están embargados por OAS. La constructora brasileña estaba encargada del gasoducto subacuático terminó demandando al Estado por US$ 30 millones al ser desafectada de la obra.

Fuera de lo consolidado en el balance, las arcas públicas arriesgan otros US$ 30 millones por la deuda que OAS dejó ante decenas de empresas subcontratistas uruguayas. Varias de ellas ya entablaron demandas civiles contra el Estado, al ampararse en la garantía soberana en la que, con la firma del entonces presidente José Mujica, el gobierno se hizo responsable solidariamente de cualquier eventualidad que surgiera en el proceso.

Entre otras las deudas que dejó el emprendimiento, figuran los US$ 8 millones anuales que se deben ir amortizando por un préstamo de US$ 82 millones contraído con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la realización de obras que, en su mayoría, nunca se realizaron.

La primera cuota fue cancelada el año pasado.