Fiscal espera que declaren inconstitucional modificación del CPP

Actualidad

13/08/2018 17:29

Fiscal espera que declaren inconstitucional modificación del  CPP

Jorge Díaz cuestionó una modificación que se “coló en el Senado” y que permite a los jueces diligenciar pruebas ante dudas en un proceso.

“La frutilla de la torta”. Así se refirió el fiscal general, Jorge Díaz, a una de las modificaciones aprobadas la semana pasada al nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Una modificación que, lejos de estar contemplada en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, fue incorporada por el Senado y con la cual está “absoluta, total y radicalmente en contra”, aclaró.

Se refería al artículo 14 del texto, referido a las “diligencias para mejor proveer” que autorizar a los jueces, en el marco de un proceso penal acusatorio, a solicitar pruebas complementarias cuando las aportadas por el fiscal no logran despejar las dudas sobre la culpabilidad de un acusado.

Un planteo que, a juicio del fiscal, constituye un contrasentido frente al nuevo sistema procesal.

“Esperemos que la Corte lo declare inconstitucional en algún momento, porque me parece que los es, porque afecta la imparcialidad del juez”, afirmó.

Díaz definió a este tipo de mecanismo como “diligencias para mejor condenar” ya que, en definitiva, “si en un proceso penal el juez tiene dudas, lo que debe hacer es absolver y no pedir pruebas”, ya que de lo contrario “estará trabajando para la Fiscalía”.

Según su visión, un juez que diligencie prueba y que favorece a una parte deja de ser parcial.

“Si la Corte no lo declara inconstitucional esperemos que no se aplique o se aplique lo menos posible”, remarcó.

Durante su intervención, el fiscal general aclaró que nunca le saca “el glúteo a la hepidérmica” cuando se le pide una definición.

“Lo voy a repetir hasta que me muera y después que me muera voy a seguir pateando el cajón”, dijo. “Voy a seguir protestando contra estas diligencias, que se colaron en el Senado y que son una puñalada en el centro del sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio es adversarial”, planteó.

Un sistema que es de partes, afirmó, donde cada una propone la prueba y el juez resuelve en función de esa discusión. “Repito, si en el proceso el juez tiene dudas debe absolver, ya que si diligencia prueba seguramente sea para condenar”, afirmó.

Díaz advirtió que el artículo 14 favorecerá claramente el trabajo de los fiscales. “Pero desde el punto de vista filosófico, es algo con lo lo que voy a estar en contra toda mi vida”, concluyó.

Puede haber sorpresas

Díaz destacó que el proceso parlamentario mejoró notoriamente el proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo, sobre todo en lo que tiene ver con la prisión preventiva preceptiva, que se tenía que mantener durante todo el proceso.

“Incluso hasta que la sentencia quedara ejecutoriada, con lo que no solamente era preceptiva, sino que se eliminaba la posibilidad de un incidente excarcelatorio. Francamente, estábamos ante una norma que era muy fácilmente tachable de inconstitucional”, señaló.

De todas formas y respecto a los cambios al proceso abreviado, el fiscal dijo entender que una negociación y eventual acuerdo con el acusado tiene sentido si la pena efectivamente se cumple.

Al respecto sostuvo que la redacción final no termina de resolver el problema, en cuanto que se señala que “el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos el acuerdo alcanzado con la Fiscalía”.

Para Díaz podría inferirse en que en estos casos no se aplica el “dos por uno” y o la libertad anticipada, pero en otro artículo no queda excluida esta posibilidad cuando hay un proceso abreviado.

“Creo que lo tienen que saber para cuando no nos llevemos sorpresas en la aplicación y pensemos que se aprobó una cosa y luego de aprobó otra” afirmó, al agregar que al respecto puede haber más de una interpretación.

En una parte de su exposición, el fiscal general llamó a derogar la ley 17726 de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Una norma, dijo, que tenía sentido cuando regía un proceso inquisitivo, donde la prisión era la regla.

Pero, en un sistema acusatorio, ese instituto puede significar “la sensación en la población de que existe impunidad”, dijo.

“Hay que restringir al máximo las posibilidades de prohibir que un individuo esté en libertad mientras el proceso está en trámite”, afirmó. “Pero una vez que está la pena hay que cumplirla. Si no, no tiene ningún sentido y solamente es un proceso de papel”, señaló.

Lealtad y paciencia

Por enésima vez desde que está rigiendo el nuevo CPP, Díaz fue consultado por los legisladores sobre las dificultades de funcionamiento del nuevo sistema y, sobre todo, de las fricciones que se generaron por eso con la Policía y la Justicia.

En ese marco, el fiscal prometió ser muy franco y concreto.

“Hemos actuado con una profunda lealtad institucional con el Ministerio del Interior y con el Poder Judicial. Nunca hemos salido a marcar concreta y puntualmente algunas de las dificultades de funcionamiento que hemos tenido con una u otra institución”, remarcó.

Díaz aseguró que podría sentarse todo el día en el Parlamento para enumerar las dificultades que hubo con el código, pero su posición es clara.

“Salvo que no tengamos más remedio, nos mantenemos en la postura constructiva de resolver los problemas en se ámbito y no hacerlo público”, afirmó.

Era uno de los detalles que, técnicamente, entró en vigencia junto al CPP en noviembre del año pasado.

Pero recién hace dos semanas los fiscales comenzaron a acceder “indirectamente” al Registro Nacional de Antecedentes. La razón, explicó Díaz, se debió a que el Poder Judicial no había desarrollado el software correspondiente.

Luego de esperar “con total tranquilidad” y apelar al diálogo, “teniéndonos paciencia” entre las dos instituciones, en las últimas horas se logró el acceso directo sin problemas, destacó.