Uruguay pide extradición del contador de Lázaro Báez por lavado

Publicado: 19/12/2017 17:11
Uruguay pide extradición del contador de Lázaro Báez por lavado

Se solicitó arresto y extradición por presunto lavado de activos en compra de campo y padrón en José Ignacio.

Luis Pacheco, fiscal especializado en Crimen Organizado, solicitó a la Justicia se curse la "solicitud de arresto y extradición" de un contador argentino de iniciales DPG "por su presunta participación en el delito de lavado de activos por la compra de dos inmuebles en el departamento de Maldonado", según publica este martes el portal de Fiscalía de la Nación.

De acuerdo al dictamen del fiscal, la investigación uruguaya sobre esta persona a la que se le pide "arresto y extradición" comenzó en 2013, por la denuncia de dos diputados argentinos sobre derivaciones en este país de supuestos delitos de corrupción en Argentina.

En los antecedentes del dictamen, Luis Pacheco señala que la denuncia "hace mención a una estructura societaria y bancaria en el exterior" montada por Lázaro Báez con la finalidad de "reciclar dinero de origen ilícito".

Según la denuncia, Báez supuestamente habría utilizado "transporte tranfronterizo de dinero desde Argentina a Uruguay a través de vuelos clandestinos en avión, dinero que luego era girado a cuentas en paraísos fiscales a través de la empresa SGI.ASA" y el mencionado contador DPG.

Tanto Lázaro Báez como su contador fueron procesados con prisión preventiva en Argentina. Asimismo, en agosto de 2017 se amplió el procesamiento de ambas personas "por encontrárseles prima facie coautores del delito de lavado de activos".

Hasta ahora, todo eso sucedió en Argentina, y habría beneficiado a Lázaro Báez a partir de "una matriz de corrupción institucional" y "espúreos procedimientos licitatorios" en obra pública de Santa Cruz.

La vinculación con Uruguay llega a partir de la compra del campo El Entrevero y de un terreno en FJI.

Según el fiscal Luis Pacheco "ha quedado en principio acreditado" que una sociedad anónima –que aparece notoriamente vinculada a personas
procesadas en Argentina- adquirió dos bienes inmuebles en el departamento de Maldonado" como el campo El Entrevero a un precio de catorce millones de dólares así como un padrón en la zona de José Ignacio, por U$S 320.000.

Con respecto al campo el Entrevero, escribe Pacheco, "el 1º de agosto de 2011, se le cede el compromiso de compraventa a esa sociedad anónima, representada por el Contador DPG, se suscribe la compraventa definitiva del bien y se otorga carta de pago por el total del precio; surgiendo que el beneficiario final de la sociedad anónima es DPG y H G".

El segundo bien en José Ignacio también fue adquirido por la misma sociedad anónima.

Como medidas cautelares, que aún siguen vigentes, el fiscal solicitó el embargo del campo El Entrevero, junto a un allanamiento, así como del padrón comprado en José Ignacio.

Según explica Pacheco, está "semiplenamente probado que el Contador DPG" -procesado en Argentina por coautor responsable del delito de lavado de activos- fue el representante" de la sociedad anónima "en ocasión de la adquisición de los bienes inmuebles y figura como uno de sus beneficiarios finales". Asimismo, "el propio DPG reconoció haber trabajado como contador y asesor de Lázaro Báez, también procesado en la misma causa".

Según la investigación uruguaya, "se desprenden elementos de convicción
suficientes para entender prima facie que la adquisición de los bienes inmuebles adquiridos en Uruguay" por esa sociedad anónima "constituyen una conversión de dinero procedente de los delitos de corrupción imputados en Argentina" a Lázaro Báez y a su contador DPG, entre otros.

Pacheco menciona en el dictamen la confesión de Leonardo Fariña en Argentina: "Lázaro Báez fue quien quiso comprar el campo (El Entrevero). Hoy en día el campo está a nombre de PG. GD me comenta el negocio, yo se lo comento a Báez, que me dice que sí…”

Según el fiscal no hay pruebas para "atribuir responsabilidades" a los escribanos e inmobiliarias involucradas" en las compraventas, por lo que pide el archivo de esas causas en su contra.

Sin embargo, Luis Pacheco considera "que se han reunido elementos de convicción suficientes para entender que el representante y beneficiario final de la sociedad anónima, el contador DPG, debe ser indagado por su vinculación por los presuntos delitos de lavado de activos cometidos en Uruguay", relacionados con la compra del campo El Entrevero y del padrón de José Ignacio. "presumiblemente adquiridos mediante la utilización de dinero ilícito procedente de delitos contra la Administración en la República Argentina".