Sendic desactivó marcha y evitó "presión indebida" sobre la Justicia

Actualidad

22/10/2017 18:26

Sendic desactivó marcha y evitó  "presión indebida" sobre la Justicia

ECOS

Sus adherentes pretendían movilizarse frente al juzgado de Crimen Organizado y respaldarlo cuando tenga que declarar por la causa Ancap.

El ex vicepresidente Raúl Sendic deberá comparecer este miércoles, en calidad de indagado, en el Juzgado de Crimen Organizado. Tendrá que responder, en su calidad de ex presidente de Ancap, en torno a varias denuncias que la oposición elevó por presuntos delitos cometidos durante las últimas gestiones de la empresa.

Ese día, sus adherentes, nucleados en el grupo "Apoyo a Raúl Sendic", pretendían demostrarle su respaldo político y personal realizando una concentración frente a la sede judicial.

Intentaban reproducir la movilización que llevaron a cabo a principios del mes pasado, cuando el aún vicepresidente fue a la sede del Frente Amplio para defender su postura ante el Plenario del oficialismo, y del cual se retiró luego de anunciar su renuncia.

Enterado de las intenciones de sus simpatizantes al momento de tener que declarar como indagado, pidió desactivar la movida.

Sendic "valora, agradece infinitamente y lo pone contento el apoyo", se dijo a ECOS desde su entorno. Pero a la vez, entiende que una presencia masiva en la puerta del juzgado podría ser malinterpretado como una presión sobre la Justicia.

"No sería procedente. Se trata de un procedimiento legítimo para que se le demuestre su apoyo, pero también puede ser malinterpretado políticamente", dijo el diputado Saúl Aristimuño.

Así las cosas, la demostración de respaldo se limitará a expresarse en las redes sociales mientras el ex vicepresidente esté compareciendo ante la sede judicial.

Uno de los puntos por los que deberá responder Sendic será por los gastos que, durante su gestión, Ancap realizó en publicidad, que en 2013 superó los US$ 11 millones, diez vecez más que en 2005.

Allí está incluida la "fiesta" por la inauguración de la planta desulfurizadora y la polémica contratación de la agencia La Diez.

En un segundo tramo están comprendidas las inversiones realizadas para la producción de cemento, una sección en la que Ancap tuvo fuertes pérdidas en los últimos años. Allí se analiza la decisión de contratar a una empresa brasileña, sin licitación, para el transporte del producto.

Otra de las denuncias apunta a esclarecer la construcción del remolcador Ky Chororó, obra realizada por la Armada pero que el ente nunca puso a funcionar.

Sendic deberá responder sobre los correos electrónicos que, presuntamente, intercambió con autoridades venezolanas en los cuales se menciona el "pago de comisiones", en el marco de las negociaciones para la cancelación de la deuda que Ancap tenía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por las compras de crudo.

Otra de la investigaciones apunta a esclarecer por qué, por casi una década, Ancap evitó declarar sus importaciones de crudo, eludiendo así el pago de impuestos. Dicha acción le reportó al ente en 2016 una multa de US$ 108 millones, equivalentes al 27% de sus ganancias brutas durante ese ejercicio.

El último elemento incorporado a la causa apunta gira en torno al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) acerca del uso que Sendic hizo de la tarjeta corporativa de Ancap mientras presidió el ente, entre 2010 y 2013.

El "manido tema" de los cincuentones

Por primera vez desde que renunció a su cargo como vicepresidente, Sendic expresó su postura en un tema central de la agenda política y de gobierno.

Lo hizo a través de una propuesta, de su puño y letra, relativa a la "solución" diseñada para resolver "el manido tema de los "cincuentones" afectados por el régimen previsional mixto.

En una columna difundida por su sector, el líder de la Lista 711 fundamentó su pronunciamiento en las diferentes estimaciones que sobre los costos del proyecto oficial hay entre los organismos y especialistas involucrados.

El análisis - que según sostuvo estaba en conocimiento del gobierno antes de enviar la iniciativa al Parlamento - implica la constitución de un fideicomiso por parte del Banco de Previsión Social (BPS) a partir de los aportes recibidos por las AFAP.

Sendic planteó usar dicho fondo, que prevé cuente con unos US$ 1500 millones, en la inversión en algunas obras de infraestructura pública, con una tasa del retorno del 4%, mucho más barato que el 11% que se cobra hoy de financiamiento para el sector privado.

El mecanismo, aseguró, rentabilizaría los recursos que ingresarían al BPS y amortiguaría el futuro impacto que tendrá sobre las cuentas del banco la incorporación de los "cincuentones", que pasarían a regirse bajo el sistema de solidaridad intergeneracional.

Calculó al respecto un retorno anual por intereses del orden de los US$ 60 millones a 25 años, a la vez que se recupera el capital al final del período pactado.

Las ventajas del mecanismo, dijo, giran en torno a la posibilidad de lanzar en forma inmediata el plan de obras públicas demorado, cuyo financiamiento no será cargado a la deuda externa nacional.

A su vez, el inicio de las obras tendría un efecto inmediato sobre el empleo y la dinámica de la economía. Sendic sostuvo que una reforma importante como esta no debería abordarse a mediados de un período de gobierno.

Lo dijo

En su entorno se percibe que la posible existencia de hidrocarburos en territorio nacional puede servir como una suerte de reivindicación de la gestión de Sendic en Ancap, desde que el ex jerarca siempre afirmó que las perforaciones realizadas tendrían éxito.

"Estoy convencido de que en Uruguay hay petróleo y gas", decía en mayo de 2015 el entonces flamante vicepresidente, una alternativa que permitiría un "cambio sustancial" en la matriz energética del país.

El propio Sendic reaccionó rápidamente al comunicado que Presidencia emitió el viernes con respecto al resultado de las exploraciones.

"Felicitaciones al equipo técnico de Ancap. Es un buen indicio. Hay que seguir trabajando, al igual que en la plataforma," sostuvo el ex vicepresidente en su cuenta de Twitter luego que el Poder Ejecutivo difundiera la novedad.