Regasificadora: blancos concluirán investigación con denuncia penal

Actualidad

14/07/2017 18:39

Regasificadora: blancos concluirán investigación con denuncia penal

ECOS

Luego de comprobar la "impericia y negligencia" de las autoridades vinculadas al proceso, dicen que "llegó la fase de distribuir culpas".

Luego de comprobar la “impericia” y la “negligencia” en la construcción de la planta regasificadora, el próximo paso del Partido Nacional será demostrar un eventual “dolo” por parte de las autoridades que estuvieron vinculadas al proceso.

Así lo anunciaron al presentar este viernes sus conclusiones luego de cuatro meses de trabajo de la comisión investigadora que, promovida por los blancos, indaga en torno a eventuales irregularidades sobre la polémica y fallida obra.

Pese a que aún resta un buen tiempo de trabajo, para los blancos quedó claro que, más allá de problemas de gestión, son claras las responsabilidades a nivel político.

En ese marco el diputado Pablo Abdala, impulsor de la investigadora, aseguró que el tema terminará en los próximos meses con la presentación de una denuncia penal ante la Justicia. “Ahora llegó la fase de distribuir las culpas”, expresó el legislador adelantando lo que será la tarea de la comisión en esta nueva etapa.

Abdala estuvo flanqueado en la presentación por los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, que se preocuparon en aclarar de arranque que estaban allí como “actores de reparto”.

El informe de avance divulgado este viernes por los nacionalistas asegura que están plenamente comfirmados una serie de aspectos.

En primer lugar que la adjudicación de la obra al contratista GNLS y a la constructora, además de irregular, fue una “decisión política" tomada en tiempo récord, en donde los directores estatales debieron analizar el tema en menos de 48 horas.

Todo ello, a pesar que la de GNLS era la segunda más cara de las cuatro ofertas que se presentaron y que tenía “debilidades técnicas” que fueron marcadas por una consultoría.

El contrato firmado con la multinacional, además, limitó la responsabilidad de las empresas al asegurarse por parte del Estado una “garantía soberana e ilimitada”, realizada sobre bases diferentes a las que rigieron en el proceso de selección.

Abdala marcó en el informe las vinculaciones de GNLS y de OAS, con el escándalo de corrupción que conmueve a Brasil, al estar involucradas en denuncias presentadas en ese y en otros países de la región con respecto a la trama de la constructora Odebrecht.

OAS, por otra parte, está siendo investigada por la Justicia de Crimen Organizado en Uruguay a raíz de una denuncia por estafa y lavado de dinero presentada por un subcontratista local.

Abdala insistió en la “conexión brasileña”, como denominó a la supuesta intercesión del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva para que esa empresa resultara favorecida con la adjudicación de la obra.

El legislador se basa en la copia de parte de un expediente en una denuncia que la Justicia brasileña se abrió a Fernando Pimentel, ex ministro del gobierno de Dilma Rousseff, que admitió haber recibido sobornos de OAS a cambio de favores.

“La estrecha vinculación de Lula con OAS fue ampliamente probada en el marco de la operación Lava Jato”, afirmó el diputado.

El informe nacionalista detalla las pérdidas económicas que ha supuesto para el Estado el fallido proceso de construcción de la planta regasificadora.

Los blancos afirmaron que US$ 100 millones se fueron en la la financiación de las obras conexas y ahora inútiles, como la realización del canal de acceso, el dragado y la conexión con el gasoducto.

También incluyeron en esa cifra los gastos de funcionamiento de Gas Sayago, que ha supuesto según Abdala seis años de “sangría”, convirtiéndose en una “enorme burocracia” que supone US$ 10 millones anuales.

El año pasado este consorcio, formado por UTE y Ancap para gestionar el emprendimiento, cerró con un déficit de US$ 16 millones.

Otros US$ 44 millones, según el cálculo, se incluyen en el proceso concursal que más de 300 empresas nacionales iniciaron contra OAS por incumplimiento en los pagos. Quince grandes contratistas han iniciado juicios contra el Estado, amparados justamente en la “garantía soberana” firmada con los adjudicatarios.

Faltan con aviso

Hasta ahora la comisión investigadora recibió el testimonio de 38 delegaciones que, de una u otra forma, estuvieron vinculadas a la obra. De todas formas, resta obtener la declaraciones de tres personas clave en el proceso.

En especial se espera a Raúl Sendic que, como ex presidente de Ancap, fue convocado la semana pasada. El vicepresidente se excusó de asistir por “problemas de agenda”, postergando su presencia para el mes de agosto.

Resta definir además la asistencia de la ministra de Industria, Carolina Cosse, y de su antecesor, Roberto Kreimerman.