Vázquez recibió el borrador del proyecto de ley sobre el alcohol

Actualidad

21/06/2017 16:05

Vázquez recibió el borrador del proyecto de ley sobre el alcohol
Archivo Presidencia

El grupo creado por el presidente se reunió este miércoles y hay amplio consenso entre las partes. Aquí un avance del proyecto.

Este miércoles se reunió el grupo de trabajo formado por el presidente Tabaré Vázquez para elaborar un proyecto de ley sobre consumo de alcohol. Allí se analizó el borrador presentado por los legisladores que integran el equipo y se realizaron aportes por parte de los diversos actores involucrados. Según informó a ECOS el diputado Luis Gallo, hay consenso en cuanto al texto, que no creará tasas para los comerciantes, como se había manejado previamente.

La de este miércoles fue “una muy buena reunión”, aseguró Gallo, ya que hubo acuerdo entre todos los integrantes del grupo en cuanto al borrador que se había elaborado. “Recibimos sugerencias, que incorporaremos a la redacción y en base a eso estaremos en condiciones de entregar el proyecto al Poder Ejecutivo. Seguramente luego también haya cambios, pero hay una base de consenso”, agregó.

El legislador aclaró, como hizo Vázquez el pasado lunes, que con esta nueva ley que se pretende sancionar “no se busca ir a una ley seca, no se quiere prohibir que nadie tome, pero sí fomentar un consumo responsable”.

Las cifras disponibles sobre este tema marcan claramente que existe un problema a atacar, destacó Gallo. Por ejemplo, señaló que según la última Encuesta de Hogares, seis de cada diez menores que consumieron alcohol lo compraron en un supermercado, almacén o estación de servicio, pese a que está prohibido que se lo vendan. Otro dato: siete de cada diez adolescentes que consumieron alcohol en un mes, se emborracharon al menos un fin de semana.

“Si será importante impactar en la cultura de niños y adolescentes, para educar sobre los efectos negativos del consumo de alcohol”, agregó el diputado. Por esto, especialmente, es que el grupo de trabajo incluye a las autoridades de la enseñanza y está prevista la realización de una campaña educativa a nivel nacional sobre los riesgos de consumir bebidas alcohólicas.

Con el objetivo de lograr un texto que genere acuerdo y no naufrague en el Parlamento, como los dos intentos anteriores, el presidente Vázquez formó esta comisión, que está integrada por él mismo, junto a legisladores del Frente Amplio y de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. Además, está el prosecretario de Presidencia; los ministerios de Salud Pública y Educación; la Junta Nacional de Drogas; el Codicen; la Academia Nacional de Medicina; la organización Alcohólicos Anónimos; Richard Read, en representación de los trabajadores y Mario Menéndez, presidente de Cambadu, en representación del sector comercio.

Detalles del proyecto

El borrador del proyecto tiene seis capítulos. En el primero se incluyen las disposiciones generales y el objetivo de la norma, que tiene que ver con la gestión de riesgos y la prevención del daño asociado al consumo problemático de alcohol.

El segundo capítulo establece que la autoridad competente en esta temática será la Junta Nacional de Drogas, que a su vez tendrá un nexo con el Ministerio de Salud Pública para así permitir el contralor parlamentario. Este punto fue crucial en la redacción, ya que buena parte del fracaso del anterior proyecto de ley, en 2013, fue porque la oposición se negaba a la creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA), explicó Gallo.

También en este apartado se incluye la creación del Registro Único de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, que quedará a cargo de la JND, permitirá inscribirse en forma online y otorgará permisos a los comercios. Estos serán por un año, renovables y a la vez revocables.

Estos permisos se entregarán de forma gratuita, afirmó Gallo, y enfatizó en que la ley “no habla ni hablará de tasas; no busca recaudar, sino minimizar riesgos respecto al consumo de alcohol”.

En el capítulo tercero del proyecto están las limitaciones y prohibiciones de la venta de bebidas alcohólicas. Tanto la ya conocida de no vender a menores de 18 años, como la nueva limitación de horario que se impondrá a la venta, que irá de las 22.00 a las 8.00 horas. “Esto hay que aclararlo bien. No es que no se pueda ir a un bar o un restaurante. Allí se puede consumir alcohol hasta que cierra. Lo que no se puede es comprar para llevar”, aclaró.

La cuarta unidad del borrador apunta a las medidas de prevención. Por un lado se incluye el trabajo que realizarán en forma coordinada la JND y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para impartir contenidos vinculados al riesgo del consumo de bebidas alcohólicas.
Por otro, están las normas de prevención ambiental, que establecen la colocación de carteles en los lugares de venta autorizados y la regulación de la exhibición de los productos.

También aquí se incluye la comentada prohibición de la llamada “canilla libre”. “Si estimulamos el consumo responsable, no podemos permitir que tras pagar una entrada cara a una fiesta, por ejemplo, una persona quiera desquitar ese costo con alcohol”, dijo Gallo.

En el capítulo cinco, en tanto, está la regulación vinculada a la publicidad, promoción y patrocinio por parte de marcas de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos. Esto, dijo el diputado, ya fue acordado hace tiempo con la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y no ha tenido modificaciones.

Finalmente, en el sexto apartado del proyecto se determina que la fiscalización estará a cargo de la Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas. Allí estará representado el cuerpo inspectivo nacional, por medio de los distintos ministerios, la Prefectura, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Congreso de Intendentes.

La presidencia de esta mesa estará en manos de la Junta Nacional de Drogas, que desarrollará el plan estratégico para el cumplimiento de la norma.
El punto referido a las sanciones que se aplicarán a quienes violen la ley quedará a cargo del Poder Ejecutivo, que dispondrá el monto de las multas, el número de apercibimientos previos a una clausura, revocación de permisos, etc.