Fiscal pidió investigar a dirigentes de Nacional por Santa Lucía

Actualidad

1/02/2017 19:22

Fiscal pidió investigar a dirigentes de Nacional por Santa Lucía

Dos cosas llamaron la atención: el punto de partida de los hinchas y la admisión que a más banderas robadas, más beneficios.

El juez penal de Canelones, Luis Sobot, quien actuó en el caso de los incidentes ocurridos en la ciudad de Santa Lucía durante los festejos por el aniversario de Peñarol, dispuso la remisión del testimonio a las actuaciones realizadas a Montevideo, a pedido de la fiscalía, para investigar la eventual responsabilidad de los dirigentes de Nacional en ese episodio.

Sobot dijo a ECOS que esa decisión, basada en la solicitud de la fiscal Mónica Castro, se basó exclusivamente en temas jurisdiccionales.

El hecho de que el punto de reunión de los hinchas que fueron a protagonizar los incidentes a Santa Lucía, en Canelones, fuera la sede del Club Nacional de Fútbol más la posibilidad "dicha como al pasar" de recibir entradas a cambio de banderas robadas, fueron lo que determinaron la solicitud de la fiscal.

En la madrugada del 28 de setiembre, un grupo de hinchas de Peñarol que festejaba el aniversario de su club fue atacado a balazos por fanáticos de Nacional que habían llegado desde Montevideo, distante a 60 kilómetros.

Un hincha de Peñarol murió y otros dos fueron heridos; uno de estos últimos salvó su vida de milagro, tras pasar dos meses en el hospital Maciel. Por este caso, 16 personas fueron procesadas por dos delitos de homicidio (uno de ellos en grado de tentativa).

"Lo que llamó la atención de la fiscalía es que uno o dos de los indagados afirmaron que tener una bandera del equipo contrario daba ciertos privilegios, como conseguir entradas o (la financiación de) viajes al exterior. Pero no se dijo de quién se obtenía esos beneficios, no se dijo que lo daban los dirigentes. Pero como eso ya no estaría en la jurisdicción mía, se decidió la remisión de piezas a Montevideo", le dijo el magistrado a ECOS.

Sobot señaló que "casi todos" los 16 procesados apelaron el fallo.

Según expresó, los respectivos abogados defensores están "controvertiendo la eventual responsabilidad de sus defendidos en la muerte", asegurando que no se les puede responsabilizar de esos hechos porque la intención de sus patrocinados era otra, "ya sea robar banderas o pelear". Sobre cómo entra en ese razonamiento el uso de armas y los disparos, el magistrado se limitó a señalar: "La argumentación es tarea de los abogados".

La única implicación de Nacional en el caso a nivel institucional, señaló, fue "solicitar información de quiénes eran los procesados para excluirlos del padrón social".