Empresarios temen que ley de bolsas plásticas cause cierre de fábricas

Por: Fabian Cambiaso

Actualidad

29/01/2017 16:42

Empresarios temen que ley de bolsas plásticas cause cierre de fábricas

Entre críticas y escepticismo, el sector industrial advirtió que la iniciativa oficial será difícil de aplicar y reducirá puestos laborales.

El gobierno está decidido a que este año se apruebe la ley de control del uso de bolsas de plástico.

La iniciativa fue ingresada a mediados de 2016 en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, considerada en una serie de sesiones que dejaron más dudas que certezas en los legisladores.

Es que el Ejecutivo envió el proyecto haciéndose eco de la preocupación internacional que la acumulación de estos residuos provocan en mares y océanos. Pero como sucedió en leyes anteriores, se limitó a elaborar una vaga normativa, dejando para una futura reglamentación sus detalles específicos.

El centro del proyecto es la prohibición a los comercios de la entrega de bolsas plásticas a los usuarios, que deberán pagar por ellas.

Además, se establecerá específicamente qué tipo de bolsa se podrá distribuir, quedando prohibidas las que no cumplan con las características requeridas.

Los comerciantes quedarán obligados a su vez a realizar campañas de información y concientización sobre el uso y el impacto de estos materiales en el medio ambiente.

El gobierno prevé que la aplicación efectiva de la ley comience a ser controlada un año después de aprobada y reglamentada.

¿Tasa o impuesto?

Técnicamente, lo que se le cobrará a los usuarios es una tasa y no un impuesto. “Es un proyecto elaborado desde una perspectiva medioambiental y no recaudatoria”, dijo el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alejandro Zavala.

La decisión de fijar una tasa, señaló, responde a la lógica de que opere con un efecto moderador de la demanda.

“El precio se fija para que opere sobre el público. Somos conscientes que el costo de las bolsas no es un problema financiero para las empresas, por lo menos las grandes. Por algo no se cobran”.

Lo recaudado irá a las arcas de las empresas, a las que se les exigirá diferenciar su cobro, para que el consumidor sepa cuánto está pagando por la bolsa.

Para el jerarca, la intención de la tasa es construir conciencia. “No son necesarias siete bolsas para llevarse siete productos a la casa”, expresó.

El dato ausente, por ahora, es el precio. El asesor del MEF dijo que lo mejor será que sea definido en la futura reglamentación.

“Será lo suficientemente alto para que opere como desestímulo, pero tampoco queremos que genere problemas respecto al funcionamiento económico”, precisó.

Jaque a la industria nacional

La iniciativa, tal como fue planteada por el gobierno, recibió críticas significativas por parte del sector empresarial.

En especial, estas provinieron de la Asociación Uruguaya de Industriales del Plástico, que nuclea a los fabricantes de bolsas a nivel local.

El coordinador de la gremial, Mario Jacobo, manifestó ante el Parlamento la decepción de la Asociación con la iniciativa.

“Nos encontramos con un proyecto de ley en el que no tuvimos participación”.

El industrial aseguró que el gobierno desconoce, en primer lugar, la realidad del sector.

El mercado de bolsas plásticas mueve en Uruguay 1.174 millones de unidades al año. Solo el 20% se fabrican a nivel local, y son las que se distribuyen en las grandes superficies, reutilizándose además luego como bolsas de residuos. Todas son oxibiodegradables (u oxodegradables) y son a las que el proyecto apunta a cobrar.
El mercado de bolsas plásticas mueve en Uruguay 1.174 millones de unidades al año. Solo el 20% se fabrican a nivel local.

La actividad, según Jacobo, genera 1.500 puestos de trabajo.

Según la Asociación, su consumo ha disminuido 17% en los últimos siete años.

Distinta es la realidad en almacenes, bares y pequeños comercios, que mueven el 80% de las bolsas que se utilizan en el país.

Todas son importadas y se fabrican con material no degradable, no pudiendo además reutilizarse para residuos. Su uso, aseguró Jacobo, aumentó 50% desde 2009. “A este mercado es imposible controlarlo”, expresó.

Según Zavala el perjuicio alertado por los fabricantes será subsanado en la ley. “No ingresarían al mercado esas bolsas que hoy implican una competencia desleal, si se quiere, a las que se fabrican en otras condiciones por la industria nacional”.

Las cifras presentadas por la asociación son exactamente opuestas a las que maneja el gobierno en la exposición de motivos del proyecto.

Por esta razón es que Jacobo se mostró opuesto a la tasa que se pretende cobrar. “Se generaría un impacto en la industria nacional con pérdida de fuentes laborales y cierre de fábricas”, aseguró.

Los industriales plantearon que se establezca un único formato de bolsa estándar, tanto nacional como importado, y que se prohíban las que no lo cumplan.

Jacobo relativizó el volumen de bolsas que los supermercados vuelcan a la calle. Son, según dijo, siete bolsas al mes por habitante. En una familia tipo serían 28 unidades, menos de una por día. “Y todas se reutilizan para residuos”, sostuvo.

En términos económicos, los industriales dijeron sentirse desprotegidos. “Los importadores de bolsas las traen a un precio por debajo del costo de la materia prima”.

El gran olvidado

En términos también críticos pero desde otro sentido se pronunció la Cámara de Comercio.

“El gran olvidado aquí es el consumidor”, dijo el secretario de la entidad, Claudio Piacenza, para quien la ley debería marcar mayores obligaciones y deberes a los usuarios en cuanto a estos elementos.

El empresario planteó como equivocado que exista una normativa específica a las bolsas, en lugar de incorporarla a la ley general de residuos.

Piacenza llamo a extremar cuidados a la hora de limitar o prohibir las importaciones.

“Uruguay no se puede cerrar al mundo y el camino de la prohibición no parece el adecuado, sino el de la determinación de requisitos racionales con los cuales se debe cumplir”, dijo.

Dudó por otra parte de la posibilidad real de uniformizar el tamaño de las bolsas, tal como plantea el proyecto de ley.

Piacenza concluyó en que el gobierno debería tener un rol central en las campañas que la normativa pretende poner en manos de los comercios. “Las empresas ya tienen altísimos costos, no se las puede seguir presionando”, dijo.

Que las prohíban

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo por su parte que descree absolutamente de la efectividad de este tipo de medidas: “Entiendo que las bolsas ya se cobran. Lo que pasa es que se las cobra en el producto que está contenido en ellas. Nadie las regala”.

Planteó el respecto que, si los comercios redujera el precio del producto, el cobro de las bolsas perdería efecto. También advirtió sobre la dificultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa en pequeños comercios y ferias.
Bordaberry advirtió sobre la dificultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa en pequeños comercios y ferias.

“Si efectivamente lo que queremos es que no se utilicen bolsas plásticas, lo que hay que hacer es prohibirlas”, señaló.

A eso es a lo que apuntaba un proyecto de ley que el propio Bordaberry elaboró y presentó en 2015, pero que el Parlamento nunca consideró.

No son biodegradables

A nivel oficial, la intención es generar una especificación técnica para las bolsas que implique determinada resistencia, que permita su nuevo uso para otros fines.

Eso será parte de la reglamentación y culminará con un sello de calidad por parte del Laboratorio Tecnológico del Uruguay que facilite, entre otras cosas, la inspección del cumplimiento de la normativa.

Según el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, en Uruguay no existen bolsas biodegradables. Las que hay son oxodegradables, que tienen un catalizador que acelera la degradación, pero no asegura que se incorporen al ciclo biológico.
Según el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, en Uruguay no existen bolsas biodegradables.

Cómo máximo, cada bolsa se reduce a fragmentos de menos de cinco milímetros, llamados microplásticos.

En otros lugares

En el mundo son varios los países que, en los últimos años, se han puesto a estudiar o que incluso han limitado o eliminado las bolsas.

El ejemplo más cercano está al otro lado del Río de la Plata. El Congreso argentino discute por estos días una ley para prohibir la fabricación, importación y venta de bolsas de plástico, estableciéndose un plazo de tres años a partir de la vigencia de la normativa.