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Actualidad

28/12/2016 07:57

Murió el dictador que no se arrepintió de nada

Ambicioso, frío y calculador Gregorio Álvarez desde chico soñó con el poder. Terminó sus días preso por violar los derechos humanos.

Murió el dictador que no se arrepintió de nada

MEC.GUB.UY

Por Leonardo Haberkorn y Leonel García

Gregorio Álvarez, que presidió el Uruguay como dictador entre 1981 y 1985, murió a los 91 años en el Hospital Militar este miércoles 28 de diciembre a las tres de la madrugada, como consecuencia de complicaciones cardíacas. Se encontraba en régimen de prisión domiciliaria, condenado por 37 asesinatos ocurridos en la dictadura militar, de la cual fue uno de los principales hombres.

Fue el primer presidente militar de la dictadura que hasta ese momento había tenido a su frente a un civil aliado al régimen. Estaba casado con Rosario Flores.

Nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1925. Lo militar lo llevaba en la sangre. Su padre, también llamado Gregorio Álvarez y también oficial del Ejército, había sido edecán de Gabriel Terra, presidente electo que se transformó en dictador.

Tanto él como sus tres hermanos –todos llamados Gregorio; él, por caso, era Gregorio Conrado- recibieron formación castrense. A los 20 años egresó de la Escuela Militar como alférez de caballería, a los 29 era capitán, a los 33 mayor y a los 39 coronel.

También llegó muy joven al rango de general, a los 45 años. Y a los 53 consiguió el rango máximo de teniente general.

En 1961 fue nombrado jefe de la Guardia Republicana.

Su ascenso a las cumbres del poder militar y político comenzó en 1971, cuando el país se encontraba inmerso en la violencia política y en una grave crisis social.

Álvarez, que ya era general, fue designado ese año como primer jefe de una oficina nueva en el Ejército, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), creada para coordinar las acciones en contra de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que por entonces vivía su momento de máximo poder.

Las Fuerzas Armadas habían sido recién convocadas por el Parlamento para que se hicieran cargo del combate al MLN, tarea antes en manos de la Policía, tras la fuga de más de 100 tupamaros presos en el penal de Punta Carretas.

Álvarez usó esa oficina para acumular poder e información, y a partir de allí construyó una carrera que lo llevaría a ser el “hombre fuerte” de la dictadura. La rápida victoria sobre la guerrilla tupamara -en la que la tortura sistemática de los detenidos fue una pieza clave- reforzó su prestigio e imagen entre sus pares.

Sin embargo, aun así, Álvarez nunca despertó unanimidades dentro del Ejército.

Luego de la derrota tupamara, en 1972, fue uno de los militares que se entrevistó y negoció con los líderes guerrilleros caídos, durante “la tregua” que, entre otras, cosas derivó en una campaña conjunta contra supuestos “ilícitos económicos”.

Ambicioso, frío y calculador, desde algunos sectores de izquierda se lo veía en aquel momento como uno de los líderes del ala “peruanista” del Ejército, un sector de oficiales nacionalistas y con supuestas inclinaciones de izquierda a los que algunos sectores -el Partido Comunista, por ejemplo- veían como aliados de los sectores obreros y populares.

Ya entonces Álvarez sentía un profundo desprecio por los políticos. El 18 de mayo de 1972, un comando tupamaro asesinó a cuatro soldados que estaban dentro de un jeep en la puerta de la casa del comandante del Ejército, el general Gravina. Un oficial que se hizo presente en el lugar recordó a Álvarez, que también había llegado, vociferar indignado que aquellas muertes había que cargárselas a “los políticos”.

El 25 de junio de 1972, uno de sus hermanos, el coronel Artigas Gregorio Álvarez, fue asesinado por los tupamaros en una emboscada en la puerta de su casa en Punta Gorda.

Álvarez fue protagonista de la escalada militar contra las instituciones. En febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea desacataron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional por considerarlo constitucionalista, Álvarez, junto al general Esteban Cristi, fue quien se encargó de detener y apresar al viejo oficial.

Estuvo cuando comenzó a gestarse el golpe de Estado y cuando concluyó: una foto lo muestra encabezando la veintena de oficiales que tomaron por asalto un desierto Palacio Legislativo en la madrugada del 27 de junio de 1973.

En diciembre de ese año, el semanario 9 de Febrero -pro golpista y “peruanista”- publicó un largo artículo laudatorio sobre a quien ya se conocía como “el Goyo”. La nota festejaba el segundo aniversario de Álvarez al frente del Esmaco:

“Un hombre inteligente, progresista y luchador. En estos años, ha luchado empecinadamente contra la sedición en dos formas: la armada, a la cual enfrentó con valentía hasta exterminarla; y la otra forma de violencia que se exteriorizó por los delitos socioeconómicos, que aun asolan nuestra patria (...) Fue además especial protagonista de los sucesos de febrero, que situaron a nuestras Fuerzas Armadas en su verdadero lugar junto al pueblo oriental”.

En 1974 asumió como Jefe de la División del Ejército 4, con base en Minas, período en el cual dicha repartición ha sido objeto de numerosas denuncias de torturas y abusos.

Cuando se fue de esta repartición, fue saludado por varios de sus pares como “el gobernante que el país necesita”, lo que lo halagaba, señal de un personalismo no siempre bien visto en ámbitos castrenses.

En 1975 fue presidente de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) y en 1978 fue designado comandante del Ejército, la máxima autoridad de la fuerza.

Ese mismo año enfrentó un complot interno encabezado por el general Amauri Prantl, sindicado como un hombre de ultraderecha, y secundado por su subordinado en el Servicio de Información de Defensa, el entonces teniente coronel José Nino Gavazzo.

En su biografía, Gavazzo dice que Prantl lideró el complot contra “el Goyo” porque lo consideraba “un hombre ilimitadamente ambicioso,” que “había usado el proceso cívico-militar en beneficio propio”, que no se detendría hasta llegar a la presidencia del país y ahí detentar el poder por tiempo ilimitado.

Los complotados editaron durante meses una publicación llamada "El Talero" en la cual se denigraba a Álvarez y se lo acusaba de mantener contactos con dirigentes políticos.

Álvarez logró conjurar la operación en su contra y estableció castigos ejemplares para los insubordinados: ambos fueron obligados a pasar a retiro.

Las persecuciones internas contra Álvarez habían comenzado antes del episodio de "El Talero". José Luis Baumgartner en su libro "De criminales sueltos" da cuenta de una mujer a la que debió defender como abogado y que fue detenida por los servicios de inteligencia del Ejército para que dijera qué fuentes tenía para haber afirmado en una reunión que Álvarez era homosexual. Más que castigarla, sus interrogadores pretendían confirmar ese dato para usarlo en contra de quien ya se perfilaba como posible jefe del arma.

Como comandante del Ejército, el 3 de julio de 1978, Álvarez firmó la orden 777 que se anticipaba a cualquier intento por juzgar los crímenes de la dictadura: "Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto de la época de referencia".

Por razones de edad, Álvarez dejó la comandancia del Ejército en 1979. Pero su carrera ascendente dentro de la dictadura aún no había concluido.

La victoria del No en el plebiscito de 1980 frustró su intento por instaurar un nuevo régimen donde la Constitución garantizara la tutela militar. Se imaginaba como el primer presidente de ese nuevo Uruguay.
Debió conformarse con ser presidente en la propia dictadura que había impulsado.

En 1981, la Junta de Generales del Ejército lo propuso como presidente del país, lo que se oficializó el 1 de setiembre de ese año. Molesto con la decisión y en franca discrepancia con el resto de los generales, Iván Paulós pidió el pase a retiro.

Álvarez sucedió como presidente de facto al civil Aparicio Méndez.

Su proceso

“El gobierno que hoy se inicia será fiel custodia y garantía para que se cumplan los programas de institucionalidad anunciados recientemente por representantes del proceso y de las Fuerzas Armadas. Garantías para que el proceso se cumpla sin tropiezo y sin detenciones”, dijo al asumir.

La llegada del Goyo a la presidencia despertó distintas lecturas en aquel momento de censura, represión y falta de libertades. Al otro día de asumir la presidencia, El País y El Día destacaron sus altas calificaciones castrenses y su condición de “mejor alumno de Caballería”. En cambio el semanario opositor Opinar hacía votos porque Álvarez encabezara una rápida transición democrática.

No fue así y el propio Álvarez terminó por presentarse como el candidato presidencial de un eventual “Partido del Proceso”.

Si sus posibilidades nunca parecieron muchas, la devaluación del peso decretada por la ruptura de la entonces famosa “tablita” (un cronograma de la cotización de dólar) fue un duro golpe para el régimen.

En 1983 fracasaron estrepitosamente unas negociaciones con los partidos políticos celebradas en el Parque Hotel, la actual sede del Mercosur, con miras a encontrar una salida política a la dictadura. La actitud de Álvarez tuvo mucho que ver con aquel fracaso. A la par que se negociaba, el gobierno desencadenó una ola de censura a medios de prensa, y detención y tortura de dirigentes políticos, con especial énfasis en militantes de la juventud comunista.

El creciente descontento popular y las movilizaciones reclamando un retorno a la democracia, frustraron el intento de Álvarez de liderar una especie de “nueva política”, con partidos y dirigentes "no contaminados" por los viejos líderes que estaban presos, exiliados y proscriptos.

Al multitudinario acto del Obelisco, el 27 de noviembre de 1983, donde todo el espectro político y cientos de miles de personas reclamaron el regreso de la democracia, Álvarez respondió con una furibunda cadena de radio y televisión en la que bramó:

“Los patricios laureles de Rivera y Oribe, el poncho de Saravia y el sobretodo de Batlle, con todas sus sacrosantas evocaciones, han sido revolcados en el más nauseabundo de los barros”.

La población, a su vez, respondió a esa y a otras de sus cadenas de radio y televisión golpeando cacerolas en las principales esquinas de todos los barrios, o en las propias casas.

Un nuevo intento de negociar una salida a la dictadura, celebrado en el Club Naval en 1984, ya no lo tuvo como protagonista, y quizás por eso fue exitoso.
A partir de allí, el hombre fuerte del Ejército pasó a ser el teniente general Hugo Medina.

Álvarez dejó el poder tras haber recibido “La Gran Cruz del Libertador Bernardo O’Higgins” y la “Orden del General San Martín”, máximas condecoraciones de las dictaduras militares de Chile y Argentina. También lo condecoraron Corea del Sur y Taiwán.

Su presidencia terminó el 12 de febrero de 1985, cediéndole el poder al entonces titular de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno, para no tener que traspasarle la banda dos semanas después al mandatario electo, Julio María Sanguinetti.

En una rara entrevista con el 2000 con el diario Últimas Noticias, dijo que esa decisión de dejar el cargo unos días antes para no participar de aquel emotivo regreso a la democracia, le fue sugerido por otros oficiales del Ejército, para no provocar tensiones innecesarias con los políticos, que no lo tenían en particular estima.

Al dejar la presidencia que había ejercido en forma fáctica y dictatorial, dijo:
“La democracia (...) como los árboles, como los niños, hay que llevarlos de la mano, hay que ponerles tutores para que crezcan derechos y no se tuerzan”.

Ostracismo

La llegada a la democracia hizo pasar a Álvarez a un ostracismo político del que ya no salió hasta su muerte.

Casi no dio entrevistas e hizo muy pocas declaraciones públicas. Dijo que con ese silencio pretendía colaborar con la democracia y el país.

En 1987 rompió el mutismo para defenderse de acusaciones provenientes de sectores políticos que lo acusaban de haberse enriquecido durante la dictadura con exportaciones de corned beef a Argentina, un escándalo que se llamó “Operativo Conserva”

El 17 de diciembre de 2007 el juez Luis Charles lo procesó por ser coautor de “reiterados delitos de desaparición forzada”, relacionados con uruguayos detenidos en Argentina, hoy desaparecidos en su mayoría.

El 21 de octubre de 2009 fue condenado a 25 años de cárcel como “autor responsable de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real”.

En la ya citada entrevista con Últimas Noticias se definió como un “demócrata preso” y dijo: “a mí me adjudicaron 37 muertos. He pedido pruebas y testigos cuatro o cinco veces y nada. Aparte cuando desaparecieron esos 37 yo no estaba en Montevideo ni tenía mando, yo estaba en Minas, al frente de la División Ejército IV y sin embargo, me los adjudicaron”.

“Lo que me importa -agregó- es colaborar con la paz y la concordia para los uruguayos. Eso lo dijo nuestro presidente Mujica y también la presidenta que tenemos por tres días (la senadora Lucía Topolansky, presidenta interina en ese momento) dice lo mismo. Por eso no quiero ni debo hablar mal ni criticar a nadie”.

Preguntó quién dice que hay desaparecidos. La periodista María José Frías le nombró un par de casos cuyos cuerpos habían aparecido recientemente y Álvarez le dijo que algo había leído en la prensa.

La periodista le preguntó entonces si se arrepentía de algo. “No, que yo recuerde. Déjeme pensar de qué me puedo arrepentir. (Piensa). Que yo recuerde, de nada”.

Fuentes consultadas: "Historia contemporánea del Uruguay", de Gerardo Caetano y José Rilla; "Orientales", de Lincoln Maiztegui; "La primera orden", de Alfonso Lessa; "Gavazzo. Sin Piedad", de Leonardo Haberkorn; "De criminales sueltos y otras minucias", de José Luis Baumgartner; "Relato oculto", de Luciano Álvarez y Haberkorn. Notas de prensa.