Ceretta: cuatro pacientes murieron este mes esperando tratamiento

Por: Leonel García

Salud

25/07/2018 16:30

Ceretta: cuatro pacientes murieron este mes esperando tratamiento

Facebook - Juan Ceretta

Abogado Juan Ceretta

El año pasado, el Consultorio Jurídico de Derecho presentó 107 demandas al MSP por medicamentos; fue un récord. Este año ya van noventa.

Es inevitable generar un vínculo afectivo con los pacientes, afirma el abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por eso duelen situaciones como las de este lunes, afirma. Ese día murió un hombre de 65 años, usuario de Salud Pública, asesorado por ellos, que se preparaba a demandar al Estado para que le proporcionara un medicamento que necesitaba para vivir. Murió sin esa ayuda, sin llegar a firmar la demanda.

“Solo en el último mes, recuerdo otros tres casos más así, parecidos, que murieron porque el Estado no les proporcionó el tratamiento necesario”, le dice Ceretta a ECOS. No por reiterado deja de doler. “No son números, son personas. Y los que le pasa a ellos, nos pasa a nosotros”. En el Consultorio Jurídico de la Facultad, Ceretta dirige a un equipo compuesto por 30 estudiantes del último año de Derecho y dos ayudantes.

Si de números se habla, en ese consultorio por año se atienden a más de 4.000 personas. Se ha “especializado” –si vale el término- en juicios de amparo en medicamentos muy costosos que el Estado, a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR), no les da a los pacientes que lo necesitan imperiosamente. Tanto, que uno de los días de la semana, el jueves, está dedicado exclusivamente a temas de salud. Cuando fue creado, en 2012, hicieron 12. Todos los años fueron superando esta cifra hasta llegar a 2017, en el cual presentaron 107 amparos de los que ganaron 105. Este año, cuando aún no comenzó agosto, van 90.

“Posiblemente, lo dupliquemos”, indica Ceretta. Por un lado, esto lo atribuye a que la prensa cada vez ha difundido más su trabajo. Esto va de la mano de otra realidad: “Cada vez son más las situaciones que no están cubiertas por el Estado”.

Estas situaciones incluyen medicamentos oncológicos y para patologías hematológicas, para la hepatitis C y el VIH, implantes cocleares para los sordos, cardiofibriladores para los que tienen riesgo de muerte súbita, endoprótesis para los aneurismas o embolizaciones para malformaciones arterio-venosas en el cerebro.
Además del hombre que falleció este lunes, antes de iniciar una demanda al Estado por un medicamento que necesitaba, Ceretta recuerda otros tres casos similares solo en el último mes.

Claro que no es sentarse y firmar un recurso. Cuando el medicamento que requiere una persona no es financiado por el FNR –en este último caso era una endoprótesis para una aneurisma de aorta abdominal infra renal, que tenía un costo de 300 mil pesos-, el paciente tiene que iniciar un largo camino que, para peor, es contrarreloj. Necesita conseguir su histórica clínica, que su médico tratante realice un informe sobre por qué es necesario ese fármaco o tratamiento, que también lo firme el director técnico de su prestador de salud –“en hospitales públicos de gran porte como el Clínicas o el Maciel, acceder a él ya es un trámite difícil”, asegura Ceretta-, presentar un informe comparativo entre ese medicamento y la alternativa ofrecida, más una carta al ministro de Salud Pública. Casi una odisea.

“Nosotros tenemos un fin primario que es facilitar el acceso a la Justicia”, resalta el docente. “Es permitirle a aquellos que no tengan recursos para pagar un abogado igual puedan hacer un trámite judicial de forma gratuita”. En estos casos, el usuario no tiene para pagar un abogado y mucho menos un medicamento carísimo.

Según datos que maneja Ceretta, que le fueron indicados a él por el propio Ministerio de Salud Pública (MSP), entre el 75% y el 80% de los recursos de amparo contra la cartera provienen de este consultorio. En 2017 los 105 juicios ganados le significaron al Estado pagar medicamentos o tratamientos por unos cinco millones de dólares.

“El Estado nos ve como una molestia, pero ese es nuestro rol. Todos los que trabajamos en derechos humanos trabajamos en revelar cosas que no están funcionando”, agrega.

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho no puede atender a personas que tengan un ingreso mensual de más de 30 unidades reajustables (en julio de este año, $ 32.173). En ese caso, puede llegar a asesorarlo, pero el amparo tiene que ser presentado por un abogado particular.

A Ceretta y al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho le duelen casos como el de este lunes. Hay otros desenlaces, en cambio, que hacen redoblar las fuerzas. El docente recuerda el mensaje de un niño de 12 años contándole cómo ladra su perro, luego de recibir un implante coclear. Una niña de seis años le escribió una cartita donde decía cómo “le encanta escuchar”. Un mes atrás, lograron que un grupo de niños del Hospital Pereira Rossell recibieran el medicamento contra el HIV que precisaban; esto último sentó jurisprudencia para todos los hospitales públicos del país.