Gobierno prepara nuevas modificaciones a Ley de Inclusión Financiera

Economia & Agro

3/07/2018 06:46

Gobierno prepara nuevas modificaciones a  Ley de Inclusión Financiera

Economía destacó que los montos operados con tarjetas de débito se multiplicaron por 24 en los cuatro años de aplicación del programa.

En los cuatro años que lleva de aplicación la Ley de Inclusión Financiera, se crearon cerca de 530 mil nuevas cuentas bancarias y casi 800 mil instrumentos de dinero electrónico. De esta forma, se estima que más de 800 mil personas accedieron a una cuenta en el marco de la implementación de esta normativa.

Eso comprende a más del 30% de los uruguayos mayores de 15 años. Así lo destaca el Informe Económico Financiero de la Rendición de Cuentas, presentada el sábado ante el Parlamento.

Allí el Poder Ejecutivo se encargó de destacar los efectos positivos de la ley en cuanto a la “universalización” del acceso al sistema financiero. En ese marcó, se asegura que existe últimamente un sesgo hacia una mayor participación de actores no bancarios, ofreciendo servicios financieros y de pago.

Así, el informe subrayó que los instrumentos de dinero electrónico que se abrieron en los últimos dos años superaron en más del 50% a las cuentas abiertas en instituciones de intermediación financiera.

Por otra parte, la penetración de los servicios bancarios en las Medianas y Pequeñas Empresas creció cinco puntos porcentuales en los últimos cinco años, alcanzando hoy al 72% de estos emprendimientos.

Otro dato destacable para el gobierno fue el crecimiento de este tipo de empresas que demanda el servicio de pago de remuneraciones a través de portales y aplicaciones que ofrecen las instituciones, y que pasaron del 5% al 36% el total.

Asimismo, el incremento de las que pagan a sus proveedores a través de cuentas bancarias, que crecieron del 6% al 33%.

El informe también subrayó el crecimiento de la red de puntos de extracción de efectivo, una de las principales quejas de los usuarios del sistema.

Así, el Ministerio de Economía afirmó que hoy hay disponibles unas 2500 unidades en toda el país, cinco veces más de las que había en 2005.

También el trabajo realizado en la reducción de los costos asociados a la aceptación de pagos con medios electrónicos por parte de los comercios.

Es que, previo a la puesta en marcha del Programa de Inclusión Financiera, los pequeños empresarios pagaban un arancel máximo de 7%, frente al 2% que tributaban las grandes superficies.

A través de varias reducciones, la última en febrero pasado, el arancel máximo para las tarjetas de débito se ubicó en 1,5% lo que, para Economía, significa haber arribado a una “virtual igualdad” entre los comercios grandes y pequeños.

En el caso de las tarjetas de crédito, la reducción significó que los aranceles máximos pasaron de 7% a 4%.

“Esta significativa reducción de los aranceles permitió que los niveles máximos de Uruguay se ubiquen entre los más bajos en la comparación regional”, afirmaron las autoridades.

Los montos operados con tarjeta de débito en Uruguay se ubicaron en $ 14000 millones en abril de este año. Valores 24 veces superiores a los que se registraron en el mismo mes de 2014, previo a la aplicación del programa.

Esto llevó a que superen hoy en 40% a los realizados con tarjeta de crédito, invirtiendo la relación existente antes de la implementación de la ley. En 2014, la utilización de esta última modalidad era nueve veces superior.

Profundizar las transformaciones

“Más allá de estos importantes avances, aún queda camino por recorrer”, planteó Economía en su informe. Es por eso que en la Rendición de Cuentas se anuncian varias líneas de trabajo para “profundizar” las transformaciones logradas”.

Así, se remitirá próximamente al Parlamento un proyecto de ley que plantea modificaciones en dos grandes aspectos normativos.

Por un lado, se propondrá establecer una regulación general del sistema de medios de pago electrónico. En particular, la relación entre comercios y adquirentes y entre emisores y poseedores de tarjetas.

Por otra parte, se planteará incorporar un conjunto de reformas en la Ley de Inclusión Financiera, así como en otras normas legales vinculadas al proceso.

Entre ellas, Economía destacó una serie de flexibilizaciones al esquema de pago de pasividades y beneficios sociales, así como la modificación a los regímenes existentes de pagos de prestaciones de alimentación.

Por otra parte, el equipo económico estudia “experiencias internacionales y regionales” a los efectos de promover una mayor competencia en el mercado.

En tercer lugar, se regulará la interoperabilidad entre las diversas redes de cajeros automáticos y otros dispositivos que habiliten la extracción de efectivo. La reglamentación al respecto procurará mejorar el acceso en todo el territorio nacional, a la vez de contribuir a mejorar la eficiencia, el reparto de costos y el aprovechamiento de las economías de escala.

El ejemplo en casa

Finalmente el informe del MEF destaca la necesidad de avanzar en la aceptación de medios de pago electrónico por parte de los diversos organismos del Estado.

A tales efectos, se están llevando adelante dos líneas de trabajo.

Por un lado se colabora con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) en la puesta en marcha del proyecto “Trámites en línea”, incorporando la posibilidad de pago electrónico para estos aspectos.

Adicionalmente, se intentará que todas las reparticiones de la Administración Central incorporen terminales POS en todas las dependencias que reciban pagos, de forma de universalizar la aceptación de las vías electrónicas presenciales.