Piden intervención del gobierno ante crisis en la industria láctea

Economia & Agro

13/04/2018 19:35

Piden intervención del gobierno ante crisis en la industria láctea

Los trabajadores solicitaron acciones oficiales ante la compleja realidad de algunas empresas cuya viabilidad está comprometida.

En el marco de una situación extremadamente compleja, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) pidió la intervención del Poder Ejecutivo para intentar una solución a la crisis que afecta al sector y que, incluso, amenaza la viabilidad de varias empresas.

A los efectos, enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez, que encomendó las gestiones al ministro de Ganadería, Enzo Benech, quien acordó una reunión la semana que viene.

La situación más dramática se vive en Pili, una empresa radicada en Paysandú que a principios de año se salvó in extremis del cierre, pero que sigue enfrentando dificultades.

La firma viene de un proceso de reestructura que comenzó en 2014, cuando la patronal planteó una reducción de personal que pudo ser desactivada con la intercesión del PIT-CNT. De todas formas, una política de retiros incentivados provocó la salida de 25 trabajadores.

Hoy hay 132 operarios en plantilla, pero por falta de materia prima la empresa acaba de enviar a 44 personas al seguro de desempleo parcial. Según sostuvo el dirigente sindical Marcel Petrib durante una reciente visita al Parlamento, es imposible captar más productores ante la compleja situación financiera.

Según Petrib, hace ocho meses que los trabajadores cobran fuera de fecha. El aguinaldo de diciembre se pagó en cuatro cuotas que se terminaron de abonar en marzo. Las licencias se pagan hasta en 45 días. "Si no se logra que vengan más productores, no vemos salida a esta situación", advirtió.

Es que la baja en la remisión por la fuga de productores es, en definitiva, el gran problema de Pili.

La empresa se encuentra fuertemente endeudada con el sistema bancario, y obtuvo un año de gracia para sobrellevar la situación siempre que se someta a balances semestrales. Así lo indicó una auditoría de la consultora Deloitte, con condiciones que, para los trabajadores, son netamente perjudiciales.

"Una de las condiciones era que había que mandar gente al seguro de paro, y eso se concretó en febrero", señaló Eladio Aguilera, uno de los empleados. La otra fue la reducción del salario de los trabajadores, aspecto que aún no se concretó.

Aguilera expresó además que el sindicato ni siquiera puede tomar medidas, ya que esa fue otra de las directivas impuestas por la auditoría para sobrellevar este año y que la empresa consiga un inversor, ya que está claro que sola no saldrá adelante.

Mentalidad de achique

La otra empresa que atraviesa una situación crítica es Coleme, una cooperativa láctea ubicada en Cerro Largo. Si bien guarda algunas similitudes con lo que sucede en Pili, tiene características particulares.

Se trata del emprendimiento cooperativo más viejo del país, y que desde marzo de 2017 viene aplicando seguros de paro rotativos. Hubo también reducción de personal a través de jubilaciones, prejubilaciones y retiros incentivados. En el último año, la plantilla pasó de 73 a 58 funcionarios, de los cuales 34 están trabajando en un régimen de ocho horas y el resto en seguro total.

Los trabajadores apuntaron a un clara deficiencia en la gestión de las autoridades a cargo de la cooperativa.

Según explicó el dirigente Pablo Jorge, desde hace veinte años está vigente un convenio con Conaprole para la elaboración de diferentes marcas de quesos. También existía un almacén que abastecía de productos a diferentes tambos, junto a otras secciones que la directiva fue cerrando con la mentalidad de achicar la plantilla.

Hoy, la cooperativa le debe cinco meses a los productores, que recién cobraron el mes de setiembre y a los que se les adeuda unos US$ 800 mil, lo derivó en una drástica baja de la remisión a planta, que hoy trabaja con apenas 12 mil litros al día, lo que hace que sólo pueda producir leche fluida.

Según Jorge, la empresa tiene cerrados todos los créditos bancarios debido a la informalidad que ha tenido con las entidades financieras.

Por eso, lo trabajadores sostienen que sería importante que Coleme fuera intervenida por el gobierno, a través del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). "El problema central es la gestión", afirmó Jorge.