Gobierno ordena una reestructura para bajar salarios en Gas Sayago

Economia & Agro

9/11/2017 16:59

Gobierno ordena una reestructura para bajar salarios en Gas Sayago

Presidencia

El futuro de la empresa, que perdió US$ 5 millones en el primer semestre de este año, depende de que se concrete la regasificadora.

Por una orden directa del Poder Ejecutivo, Ancap y UTE dispusieron una reestructura salarial de Gas Sayago, el consorcio público de derecho privado que, integrado por las dos empresas, se encarga de administrar el proyecto de una eventual planta regasificadora.

La decisión implicará un ajuste a la baja en la escala del sueldos de la firma, en el centro de la polémica por el alto costo que supone en tanto, hoy por hoy, no tiene un cometido claro para cumplir, y que supone para el Estado una erogación de US$ 2,5 millones anuales.

Así lo anunció este jueves en el Parlamento la ministra de Industria, Carolina Cosse, al comparecer, justamente, ante la Comisión Investigadora que analiza eventuales irregularidades en el frustrado primer proyecto de la regasificadora.

El propio futuro del consorcio, un “centro de costos”, como lo definió la jerarca, depende de si se concreta o no el acuerdo con Shell para construcción de la obra, una posibilidad sobre la que aún no existen elementos.

“Nos preocupa llevar a cabo el proyecto en sí y que el país no pierda una oportunidad, pero también cuidar cada peso de los uruguayos”, afirmó la ministra.

El foco está puesto sobre todo en los salarios que percibe, por ejemplo, la gerencia general de Gas Sayago, ubicados en los $ 400 mil mensuales.

Salarios definidos como “ilegales” y por fuera de la realidad uruguaya, según sostuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala, que saludó la rebaja.

El legislador sostuvo que dichos salarios, por ejemplo, se ubican 60% por encima de lo que percibe el propio presidente de la República. Gas Sayago acumuló pérdidas por US$ 5 millones en el primer semestre de este año, según el último balance presentado por UTE.

Cosse mantuvo el hermetismo sobre las negociaciones con la multinacional angloholandesa, pero se comprometió a retornar a corto plazo al Parlamento para “informar sobre lo que se pueda informar” acerca de la reformulación del proyecto.

El mes pasado el gobierno y Shell firmaron un marco de negociación que, según Cosse, no compromete ningún activo del Estado. “La empresa corre con todos los riesgos, entre ellos el obtener un mercado para colocar su producción”, expresó.

Abdala discrepa con esta postura, al sostener que el memorándum implica el traspaso a la multinacional de los bienes y activos de las obras ya construidas, pero el Estado no recibe nada.

El diputado asegura que Shell quedará a cargo del cien por ciento de las operaciones, con la posibilidad de incluir a un tercer socio en el emprendimiento. “No está claro cuál sería la ganancia para el país”, concluyó Abdala.