Gobierno le cierra la puerta a regular por ley aranceles de tarjetas

Economia & Agro

20/04/2017 14:47

Gobierno le cierra la puerta a regular por ley aranceles de tarjetas
BCU

La oposición juzga apropiado un marco legal por el "gran poder" que se les dio a los emisores a través de una "obligatoria" bancarización".

El proyecto que pretendía poner topes a los aranceles que cobran los emisores de tarjetas de crédito y débito va camino al fracaso, luego que el Poder Ejecutivo le cerrara la puerta a la posibilidad de regularlas por ley.

En el gobierno se sigue apostando a que la mesa de negociaciones con las empresas rinda frutos en cuanto a lograr una baja en las comisiones, y es por eso que rechazó de plano, por motivos prácticos y constitucionales, establecerlo en una normativa.

El encargado de explicitarlo fue el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, que compareció este miércoles ante la Comisión de Hacienda de Diputados.

La iniciativa, presentada en 2015, fue reflotada este año por legisladores nacionalistas y por Gonzalo Mujica, y prevé un máximo de 1% comisiones en el caso de las tarjetas de débito y de 2% en el caso de transacciones de crédito.

Bergara señaló que muchas de las soluciones planteadas en el proyecto respecto a la relación entre el emisor y el usuario ya están recogidas en la normativa "bancocentralista", así como en las leyes referidas a las relaciones de consumo y la usura.

“No advertimos la necesidad de pieza legislativa específica, teniendo en cuenta que la mayor parte de lo que está planteado ya está consagrado en normas legales o reglamentarias,” dijo Bergara.

“Además, estas normas son de pacífica aplicación y en las que no se han visto problemas relevantes a nivel de funcionamiento del mercado”, sostuvo.

El presidente del Banco Central señaló “algunas confusiones” del proyecto en cuanto a los roles y responsabilidades de los distintos agentes. “Se pierde de vista que no hay un vínculo directo entre el emisor de la tarjeta y el proveedor del servicio, ya que en el medio está el usuario”.

El acuerdo vigente entre el gobierno y los emisores implica que el tope del arancel para las tarjetas de débito sea de 2,2%, aunque el promedio efectivo está por debajo de 2%.

Según explicó Bergara, se prevé un cronograma que iría llevándolo al 1,5%. El objetivo es que comience a implementarse en enero de 2018. Eso dependerá del resultado de una nueva ronda de negociaciones con las empresas.

En el caso de las tarjetas de crédito, cuando se da en un pago el tope es de 4,5%,llegando a 4,9% si se requieren otras gestiones. El planteo del gobierno es unificarlo en 4% a fines de este año.

Cifras del Banco Central indican que hoy el conjunto de pagos realizados a través de medios electrónicos alcanza el 30% del total.

Un marco legal apropiado

El diputado nacionalista Jorge Gandini se preguntó por qué no darle fuerza de ley y estabilidad a ese acuerdo entre gobierno y los emisores.

El legislador, uno de los principales promotores de la regulación, resaltó el poderío de estos emisores, que en ciertos casos actúan con notorias posiciones dominantes.

“Cuando el gobierno entiende además que hay que avanzar con la inclusión financiera y comienza a obligar, directa o indirectamente a utilizar estos medios de pago, otorga un enorme poder a quienes los emiten, porque no hay más remedio que hacer las transacciones a través de ellos”, dijo. “Entonces, ponerle un marco legal sería apropiado”.

Ante este punto, Bergara insistió en que legislar sería inconveniente. “ Hay múltiples instrumentos en el funcionamiento financiero y, por la dinámica tecnológica, no sabemos cuáles van a sobrevivir o cuáles aparecerán en cinco años”.

En su opinión, la legislación y la regulación no pueden ser en lógica de instrumento a instrumento, porque la dinámica los va creando y destruyendo de manera sistemática.

Otro de los argumentos esgrimidos a nivel oficial para oponerse a la regulación pasa por la propia constitucionalidad de la iniciativa a estudio del Parlamento.

El gerente de la Asesoría Jurídica del BCU, Daniel Artecona, remarcó que el arancel cobrado por las tarjetas es un precio por servicio, que como tal sólo puede ser regulado por iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Es por eso que, desde el punto de vista del banco, una eventual ley surgida de un proyecto elaborado por un legislador podría ser tachada luego de inconstitucional.

La explosión del BROU

El Banco República concentra hoy el 65% de los negocios que se realizan en el país a través de tarjetas de débito. El año 2016 fue el de la “explosión”, en el que la institución tuvo ingresos brutos por este concepto de US$ 21 millones.

La tercera parte de esos ingresos correspondió a las transacciones con tarjetas de débito.

Así lo dijo en el Parlamento el presidente de la institución, Jorge Polgar.

El proceso de bancarización le reportó al Banco República unos 150 mil clientes nuevos a través de 900 mil cuentas, que comprenden a medio millón de trabajadores y más de 350 mil jubilados y pensionistas.

El año pasado el banco experimentó un crecimiento de 50% anual en la cantidad de transacciones que se realizan con tarjeta en compras, con un volumen 70% mayor al de 2015.

Según Polgar, el BROU lleva invertidos cerca de US$ 3 millones en los últimos cuatro años en la instalación de nuevos cajeros automáticos y buzoneras.