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Sociedad

19/02/2020 10:52

Fiscal Díaz: cambios en el CPP “aumentarán la brecha de impunidad”

Documento de la la Fiscalía General de la Nación habla de “inconstitucionalidades” en la ley de urgente consideración.

Fiscal Díaz: cambios en el CPP “aumentarán la brecha de impunidad”

SCI

Un documento presentado por el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, al presidente electo, Luis Lacalle Pou, advirtió en forma contundente sobre los efectos negativos que tendrán sobre el sistema de Justicia las modificaciones al Código del Proceso penal (CPP) contempladas en el proyecto de ley de urgente consideración.

[urlhttp://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/9402/1/informe-final---comentarios-fgn-a-luc-v13_02_2020.pdf=]Allí el jefe del Ministerio Público fue concreto[/url] y habló de aspectos “inconstitucionales y disfuncionales” de la iniciativa. En particular, en lo previsto con respecto al proceso extraordinario.

Díaz calificó de “ilógico” que las nuevas autoridades prevean que la acusación del fiscal, y su respectiva replica por parte de la defensa, se realice luego de la producción de la prueba del caso.

“Se vulnera un principio fundamental del sistema procesal penal: el principio acusatorio, ya que se produce prueba contra un imputado que aún no ha sido acusado”, dice el texto difundido por la Fiscalía.

También se cuestiona la ausencia de un plazo para articular la defensa, ya que los plazos previstos no son solo posteriores a la producción de la prueba, sino que además la defensa deberá contestar la acusación en forma inmediata a su realización por parte del fiscal.

“Esto vulnera el derecho del inculpado a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, ya que implica contestar sin un plazo mínimo que le permita elaborar su estrategia”, se afirma. A eso se agrega la imposibilidad de ofrecer prueba, ya que la misma deberá ser producida con anterioridad.

El documento cuestiona además que, según lo previsto en el borrador del proyecto, la resolución del caso, la recepción de la prueba y el dictado de la sentencia quedarán en manos del mismo juez que intervino en las etapas preliminares del proceso, lo que implica una clara vulneración al principio de imparcialidad, básico en un sistema penal acusatario.

El documento de la Fiscalía apunta también contra la limitación de los procesos abreviados, cuya aplicación sería limitada a los casos cuya pena máxima no exceda los tres años de prisión.

Si así sucede, Díaz sostiene que la mayor parte de los delitos consagrados hoy en el sistema penal no podrán ser objeto de un proceso abreviado, y necesariamente deberán ir a juicio oral.

El 74% de los procesos concluidos en 2019 incluyó delitos con penas máximas superiores a los tres años, siendo el proceso abreviado la vía por la que se resolvieron el 78% de los casos.

Así, quedarían fuera delitos como rapiña y hurto, los de más incidencia en el sistema penal nacional.

Según las estimaciones de la Fiscalía, para mantener el nivel actual de condenas se necesitaría un “incremento enorme” de los juicios orales, que supondrían movilizar cada año a entre 25 mil y 30 mil personas.

“En el caso de las víctimas, se trata de una experiencia siempre difícil, que puede implicar una revictimización”, se advierte. En cuanto a los testigos, deberán afrontar una situación “por lo menos incómoda”.

A esto se agrega la situación de los imputados mientras esperan que se realice el juicio oral.

“La demora en su concreción podría derivar en que cumplan largos períodos de prisión preventiva, o que se encuentren en libertad al momento del juicio”.

Eso implicaría, para la Fiscalía, asumir el riesgo que puedan concurrir o no al juicio.

El Ministerio Público remarca que el proceso abreviado permite hoy la resolución de casos que, de llevarse a juicio, fracasarían. A la dificultad de reproducir ante el juez la prueba producida en el proceso, se le agrega el hecho que, en muchos casos, las víctimas o testigos no desean participar de un juicio oral.

“Se estima que la limitación del ámbito de procedencia del proceso abreviado determinará una baja en las imputaciones que se realizan, aumentando así la brecha de impunidad”, afirma Díaz.

Según cifras oficiales, entre febrero y diciembre del año pasado se concluyeron 12.187 procesos, con un promedio de 1,1 personas imputadas en cada uno. Apenas 424 casos, el 3,5% del total, se resolvieron por juicio oral.

De concretarse las reformas proyectadas, la vía abreviada solo podría aplicarse en uno de cada cuatro procesos.

Díaz apunta también contra la intención de eliminar la suspensión condicional del proceso y el instituto de la libertad vigilada.

Son vías alternativas al proceso penal que, recordó, permiten descongestionar al sistema y concentrar el trabajo de los fiscales en los casos cuya complejidad y trascendencia lo ameriten.

“No existe en mundo que sea capaz de llevar a juicio oral a la totalidad de los quebramientos de la ley penal que cometan sus habitantes”, señaló.

Si se suprime esta vía, dijo, determinará posiblemente la no imputación del delito, ya que la gravedad de estos casos no justificará el desarrollo de un juicio.