Denuncian a Intendencia de Maldonado por ocupación ilegal de padrones

Sociedad

12/03/2019 06:52

Denuncian a Intendencia de Maldonado por ocupación ilegal de padrones

El demandante asegura que la comuna “irrumpió” en sus terrenos de forma violenta e ilegítima, apoderándose de ellos y reparcelándolos.

La Intendencia de Maldonado enfrenta una demanda por más de medio millón de dólares, presentada por un ciudadano que acusa a la comuna de de ocupar en forma ilegal, desde hace 25 años, terrenos que le pertenecen.

El demandante alega ser el propietario legítimo de tres padrones ubicados en el balneario Buenos Aires, linderos al fraccionamiento El Chorro, habiéndolos adquirido a su madre, la anterior titular.

La demanda, presentada ante el Juzgado Letrado de Primer Turno de San Carlos y a la que accedió ECOS, sostiene que en 1994, durante la administración del nacionalista Domingo Burgueño Miguel, la Intendencia irrumpió en los terrenos “en forma violenta, apoderándose de ellos y disponiendo su reparcelamiento en contra de su legítima propietaria”.

A partir de allí comenzó una larga negociación con la comuna, luego que ese mismo año la Junta Local de San Carlos le prohibiera a la mujer cercar la propiedad, a la espera de resoluciones que nunca llegaron.

Todo se dio a partir de las obras del supuesto fraccionamiento de una calle, en donde según, el demandante, la Intendencia procedió a una ocupación ilegal e ilegítima, que constituyó una ocupación de hecho.

Lo cierto es que, según el demandante, nunca hubo una declaración de expropiación por interés general de necesidad. Tampoco la previa y justa compensación.

Desde el momento de la ocupación se llevaron a cabo diferentes instancias a los efectos de llegar a un acuerdo reparatorio. Así aparece reflejado en un expediente de la Intendencia, incorporado a la demanda, en el que la comuna reconoce una situación irregular.

En 2011 la Dirección de Catastro veía viable la propuesta del gestionante de que se le permutaran los terrenos reclamados por otros y la condonación de deudas por Contribución Inmobiliaria. “La administración tiene que asumir un compromiso en busca de una solución”, se dijo desde esa repartición.

La alternativa había sido aceptada también por la Dirección General de Planeamiento Urbano y por la Subdirección General de Hacienda.

Ya en 2015, durante la presente gestión, la Asesoría Notarial de la Intendencia se opuso a la transacción. En su lugar, 21 años después, esa oficina plantea la expropiación y la declaración de necesidad de utilidad pública sobre los padrones, pidiendo el aval de la Junta Departamental.

Es allí que interviene la Asesoría Jurídica para advertir que antes de expropiar se debía analizar si existía disponibilidad presupuestal, planteando retomar la posibilidad de una transacción, “con recíprocas concesiones”, evitando así un litigio.

Llegado el año 2017 vuelve a intervenir la Dirección de Catastro, para advertir sobre un impedimento planteado en el artículo 41 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

Allí se indica que solo podrán permutarse “bienes muebles o inmuebles cuando el valor de los mismos sea equivalente o existiendo una diferencia reducida, se compense la misma en bienes o en efectivo”.

Para el demandante, es la propia Administración la que reconoce que fue perjudicado notoriamente. Pese a eso, sigue “usurpando sus bienes sin abonar el precio de los mismos”.

Es por eso que, basado en una tasación previa, le reclama a la Intendencia el pago de US$ 430 mil por los tres padrones ocupados.

También le pide un 20% adicional por daños y perjuicios al no poder disponer de los terrenos, equivalente a US$ 86 mil.

Por lo tanto, la comuna fernandida debería pagar, si es condenada, un total de US$ 516 mil.

Ya caducó

Ante sede judicial, la Intendencia de Maldonado rechazó la demanda en todos los términos planteados.

“Como lo manifiesta el mismo actor, la ocupación ocurrió en 1994, en vida de su madre, anterior propietaria, lo cual constituye confesión de parte”, señala el escrito presentado por la Administración.

Citando la normativa vigente, se expresa que “todos los créditos y reclamaciones contra el Estado, de cualquier naturaleza u origen, caducarán a los cuatro años, contados desde la fecha que pudieron ser exigibles”.

Así, para la Intendencia, resulta evidente que operó la caducidad sobre el reclamo en su contra.

La comuna afirma que en nada cambia que el actor adquiriera los predios a su madre en 2014, ya que “los adquirió ocupados y con la caducidad operada”.

Aún si no fuera así, alega la Intendencia, el reclamo habría caducado el 2 de julio de 2018, cuatro años después que el actor los comprara según consta en la escritura.

El escrito rebatió lo expresado por el demandante, afirmando que, tratándose de caducidad, los plazos no se interrumpen ni se suspenden, siendo “irrelevantes” las negociaciones que hubiera llevado adelante con la Administración.