Mides busca cerrar otros 7 hogares de ancianos como el de Rio Branco

Por: Leonel García

Sociedad

20/04/2018 18:11

Mides busca cerrar otros 7 hogares de ancianos como el de Rio Branco

ASSE (Archivo)

Luego de más de tres años de irregularidades, el dueño de un hogar clandestino de esa ciudad fue enviado a prisión.

La Justicia decretó este jueves 19 el procesamiento con prisión de Marcelo López, un hombre que ya tenía antecedentes por estafa, por reiterados delitos de abandono de personas incapaces. En criollo: tenía un hogar de ancianos clandestino en la ciudad de Río Branco, Cerro Largo, que ahora fue clausurado. Ahí alojaba en cuestiones de extrema precariedad a nueve adultos mayores.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está tramitando a su vez el cierre de otros siete hogares, ubicados en Montevideo y la zona metropolitana, también porque se presumen que se cometan ahí delitos similares, dijo este viernes en conferencia de prensa Adriana Rovira, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, perteneciente a esa cartera.

Luego de una denuncia del Mides, en 2017, la Policía había ido a allanar el lugar. Alertado de esto, negando todo a las autoridades, el hombre trasladó a los ancianos a una chacra ubicada en el paraje San Servando, en las afueras de Río Branco. Ahí fueron rescatados el 13 de julio de ese año y realojados en distintas dependencias.

El Mides espera que este sea el fin de un largo proceso, iniciado en 2015 cuando se detectó esta situación irregular por primera vez. Fue ese año en que, a través de denuncias de vecinos y de prestadores locales de salud, se conoce la situación de este lugar: una casa que había sido adaptada para albergar a personas mayores de edad sin habilitación ni comodidades algunas. El lugar es intervenido y los pacientes realojados. Su propietario, López, fue procesado por estafa a sus propios internos –les falsificaba la firma para pedir préstamos en su nombre, según informó El Observador- y se le dictó prisión domiciliaria por motivos de salud. El lugar fue clausurado como hogar de ancianos.

“Luego nos llega información de que seguían viviendo adultos mayores ahí. Intervenimos y eso es lo que sale en la prensa en julio de 2017”, dijo Rovira ante los periodistas.

Según se informó en su momento, las instalaciones eran deplorables, los controles sanitarios inexistentes y el personal a cargo carecía de la mínima capacitación. Los usuarios del lugar vivían en condiciones higiénicas muy precarias y no tenían acceso ni a su dinero ni a su documentación. Una de ellas, era una mujer con Síndrome de Down. Había un hombre diabético insulinodependiente que más tarde debería sufrir en Montevideo la amputación de uno de sus miembros inferiores, dado su estado.

“Era un lugar donde no se dignificaba la vida”, resumió Rovira.

Los nueve pacientes fueron derivados al Hospital de Río Branco –casi todos los nueve afectados son usuarios de ASSE, salvo el insulinodependiente- y comenzó el proceso de realojo. Nuevamente se hace el cierre con el acta correspondiente. Pero la historia vuelve a repetirse. “En diciembre de 2017 se nos informa que nuevamente había tres personas viviendo ahí”, indicó Rovira. Se pidió la intervención del hospital, donde dos de ellos son internados; el restante había fallecido.

Uno de los internos es el insulinodependiente, que ya tenía una pierna amputada. Esto tuvo ribetes tragicómicos (más lo primero que lo segundo). Rovira relató que esa persona había sido trasladado a Montevideo a su prestador de salud privado luego de la operativa de julio de 2017. “Estando acá, la familia entra en contacto con nosotros para buscarle un lugar para vivir. Pero en un momento, esa persona desaparece del prestador de salud…”.

El hombre aparece de nuevo en Río Branco, en la casa de López, en diciembre. En el expediente se indica que había sido llevado hasta allá, sin el consentimiento de la familia, “por la esposa de Marcelo López”. Los equipos del Mides fueron los que detectaron la maniobra, afirmó la jerarca. ¿Cómo pasó eso? Ella se hace esa misma pregunta, admitió. “La Justicia encontrará la respuesta, me imagino”.

En el procesamiento con prisión del responsable de ese hogar clandestino radica la esperanza del Mides para que esta situación no sume un nuevo capítulo. También es una muestra, afirmaron, de las dificultades para actuar. No se trata solo de los problemas para juntar pruebas: muchos de los internos habían vuelto a ese hogar luego de cada clausura, enviados por sus propios familiares.

“Nosotros fiscalizamos servicios, no familias. Quizá había el convencimiento de las familias de que ese era el mejor lugar”, señaló la jerarca.

Según datos del Mides, hay unos 1.100 hogares destinados al cuidado de ancianos en Uruguay, en el que residen unas catorce mil personas. Únicamente 18 cuentan con la habilitación correspondiente y otros 145 están en trámite. Rovira precisa que el no tener la habilitación no significa que no reúnan las condiciones para atenderlos, aunque sean precarios.

“Las personas también evalúan los lugares en los que viven. Lo que para mí es precario, para una persona que vivió en un contexto de pobreza toda su vida ese lugar es digno y quiere quedarse ahí. Si hay presunción de delito, se denuncia. Pero si hay pobreza lo que hacen falta son otros procesos. Quitar a los usuarios de ahí puede vulnerar aún más sus derechos”, explicó.

Al momento, solo en siete hogares existe esa presunción de delitos.

En 2017, cuando este caso saltó a la luz, el alcalde de Río Branco afirmaba que era un secreto a voces la existencia de ese lugar. El propio López le había dicho a este portal que "de Salud Pública" le enviaban internos.