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Sociedad

19/03/2018 20:02

Fiscal se basó en el nuevo CPP para pedir procesamiento sin prisión

Dos de los temas de la megacausa, Trafigura y Exor, fueron los que revelaron más irregularidades. Ningún implicado se enriqueció.

Fiscal se basó en el nuevo CPP para pedir procesamiento sin prisión
Dos de los temas que conformaron la “megacausa” Ancap por presuntas irregularidades durante la gestión entre 2010 y 2015, advirtió la Fiscalía motivos suficientes para pedir el procesamiento de nueve personas, incluyendo el expresidente de la empresa, el exvicepresidente Raúl Sendic, este lunes.

Ellos son los contratos de Ancap con Trafigura en 2010, sin llamado a licitación, y con la intermediaria Exor para el cancelamiento de la deuda con Pdvsa, entre 2010 y 2014. Los directores que actuaron en estos casos, en uno o en los dos, fueron procesados sin prisión por uno o dos delitos de abusos de funciones. Estos son: el propio Sendic, Germán Riet, Juan Gómez, Juan Justo Amaro y José María Coya.

(Lea el dictamen del doctor Luis Pacheco)

“Somos conscientes de que es un delito que ha sido cuestionado”, dijo en conferencia de prensa el fiscal de la causa, Luis Pacheco, en referencia a esa figura a la que legisladores de todos los partidos han pedido que sea derogada, sin que eso ocurra hasta ahora. “Pero es un delito que todavía existe y refiere a actos arbitrarios contrarios a los deberes o atribuciones al cargo”, agregó.

En el caso de Sendic, además, se le sumó el cuestionado uso de la tarjeta corporativa de Ancap. Fue el único procesado por peculado, por esta causa.

La afluencia de medios a la sede de la Fiscalía de calle Paysandú daba cuenta del interés que reflejaba el pedido de procesamiento de Pacheco. El fiscal habló de una investigación “muy compleja, por la cantidad de personas indagadas y la complejidad de los temas”. Originalmente, expresó, eran diez los temas “a los que luego se les hizo ampliaciones”. En total, unas 40 personas fueron citadas a declarar delante suyo y la jueza Beatriz Larrieu desde marzo de 2017.

Una de las cosas que llamó la atención de la intervención del fiscal Pacheco fue que resaltara la “libertad” y la “falta de presión” con la que trabajó en una causa que concitó toda la atención del país y en la que intervinieron cinco partidos políticos.

“Quiero destacar, aunque estaría de más señalarlo, que este fiscal ha actuado con total libertad en esta causa, y la falta de presión de los abogados, del sistema político y de las jerarquías (de Fiscalía)”, expresó. Cuando se le preguntó el porqué de esa precisión respondió: “Me pareció de orden hacerla”.

Otro tema en el aire fue que, si bien esta causa comenzó con las denuncias presentadas en abril de 2016 y las audiencias de abril de 2017, la puesta en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), el 1 de noviembre pasado, que entre otras cosas limita a la prisión preventiva como medida cautelar, podría haber salvado de esa suerte a los nueve exfuncionarios de Ancap a los que Pacheco pidió procesar.

“Si bien este proceso se rige por el código procesal viejo, existe un nuevo CPP que establece determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva. En este caso, esos requisitos no se configuran. Por un principio de igualdad, estas normas deben aplicarse a todos los indagados por todos los temas. Y se debe aplicar toda norma que sea más favorable a las personas indagadas”, dijo Pacheco.

La Fiscalía no pidió prisión como medida cautelar ya que consideró que no hay peligro de fuga, de frustración de la prueba ni peligro para la seguridad de la sociedad en caso de que los implicados estén libres. Sin embargo, Pacheco aseguró que "nunca" se planteó la hipótesis de qué hubiera pasado si no estuviera vigente el nuevo CPP.

Los nueve pedidos de procesamiento se completan con el exgerente de Ancap Juan Luis Romero, Eduardo Goldsztein, Ricardo Lemes –dos ingenieros que trabajaban en esa empresa- y el gerente general de la subsidiaria ALUR, Manuel González. Los tres primeros también por abuso de funciones (por el Proyecto Cal Romero, por el remolcador Ky Chororo los otros dos); el último es por un delito de estafa vinculada a la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú. Pacheco se apuró en recordar que todos ellos “son inocentes hasta que una sentencia (judicial) indique lo contrario”, aún en el caso que la jueza Larrieu de lugar al pedido de procesamiento. “Recién en este caso comenzaría la causa”.

No hay plazos para la expedición de la jueza Larrieu.

Sobre otros episodios por los que fue consultado, Pacheco señaló que en la polémica “fiesta” por la inauguración de la planta desulfurizadora en La Teja, el 27 de agosto de 2013, que costó 370 mil dólares y un despliegue enorme que incluyó la presencia de la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, y su séquito, no se detectaron al momento irregularidades. “Sin perjuicio de señalar que a esta fiscalía le parece una cifra exorbitante, se entendió que estaba incluido dentro del rubro publicidad asignado al ente y que estaba controlado por el Tribunal de Cuentas. Se podría cuestionar su conveniencia, pero no su legalidad”.

A los implicados se les levantó el secreto bancario. En ninguno de los procesados se detectó enriquecimiento patrimonial.

El anuncio de este lunes no significa que no pueda haber más procesamientos. El fiscal Pacheco pidió una audiencia ampliatoria al exdirector Juan Máspoli. También esperará qué tiene que decir la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el exdirector de ALUR, Leonardo de León.