El Estado se "blinda" ante juicios por medicamentos de alto costo

Publicado: 12/07/2018 15:44
El Estado se "blinda" ante juicios por medicamentos de alto costo
SCI

La Rendición de Cuentas lo "exonera de cualquier responsablidad" por no otorgar servicios no estén incluidos en formulario terapéutico.

"Todos los pacientes tienen derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización".

Así lo establece el inciso 2 de la ley 18335 que, promulgada en 2008, prevé los "derechos y obligaciones" de los pacientes y usuarios de los servicios de salud.

Una nueva redacción del texto, incorporado en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento, desató la polémica y le generó un nuevo frente de batalla al gobierno, ya que la oposición interpreta que pretende "blindar" al Estado de posibles juicios y demandas por el acceso a los medicamentos de alto costo.

Es que el artículo 188 del mensaje presupuestal, correspondiente al Ministerio de Salud Pública, establece que la aplicación del inciso referido "excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento".

La redacción, aunque bastante ambigua, limitará en los hechos la posibilidad de que el Estado sea obligado a proporcionar un fármaco que no esté incluido en la lista correspondiente.

La fundamentación principal, según ratificó ante la comisión el ministro de Salud, Jorge Basso, radica en motivos presupuestales.

El Estado, afirmó, debió pagar el año pasado US$ 1 millón por los recursos de amparo que se presentaron en su contra en este sentido. La mitad de esa cifra correspondió al acceso a medicamentos de alto costo.

"Los recursos son finitos, y no se pueden cubrir todos los requerimientos de medicación", sostuvo el jerarca. Un problema que, dijo, lejos está de ser de esta administración sino que será una constante hacia el futuro.

"La tecnología y la ciencia avanza muy rápidamente, y continuamente se aprueban nuevos fármacos, que al principio son muy caros por el costo de sus patentes", indicó.

El ministerio tiene un fundamento jurídico para la disposición. El MSP puso sobre la mesa una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 20 de diciembre del año pasado.

Allí la corporación, bajo una nueva integración, rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por un paciente en contra de la ley 18335.

Se trataba de una acción de amparo elevada para obtener Fingolimod-Gilenyaf, un medicamento recetado por un neurólogo para el tratatamiento de la Esclerosis Múltiple.

La sentencia de la Corte, aprobada por mayoría, desestimó el planteo.

El Fondo Nacional de Recursos atiende hoy 22 patologías y e incorporó 56 medicamentos a su formulario.

Vergonzoso e inconstitucional

La oposición rechazó sin fisuras lo establecido en la disposición.

El diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas), sostuvo que el artículo 188 es inconstitucional, porque pretende eximir por ley al Estado de cualquier responsabilidad legal en este sentido.

Rodríguez indicó al respecto que se estaría violando el artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los organismos públicos son "civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de servicios confiados a su gestión o dirección".

El diputado cuestionó que el MSP se base un "criterio puntal" de la Corte sobre el tema, recordando que la jurisprudencia no ha tenido una posición uniforme al respecto y teniendo en cuenta el cúmulo de sentencias, la mayoría, que sí condenan al ministerio a suministrar medicamentos que no están en formulario, basadas en el artículo 44 de la Carta Magna.

"Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia a los indigentes o carentes de recursos suficientes", se indicó.

En ese marco Rodríguez criticó que, por un solo dictamen, se agregue un inciso a un artículo de una ley en forma permanente, que intente eximir de responsabilidad al Estado y el acceso a la salud de los uruguayos.

Como alternativa, el diputado colorado insistió en un proyecto que presentó en febrero de este año, para que la mitad de los valores decomisados por delitos de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas se transfiera al Fondo Nacional de Recursos para financiar los tratamientos de alto costo.

En esta postura coincidió el nacionalista Martín Lema, al considerar que el artículo constituye una "vergüenza" y pedir su eliminación. De lo contrario, adelantó, entablará todas las acciones jurídicas y legislativas a su alcance.

"Hay que hacer reflexionar al ministerio de que esta disposición limita el acceso a la Justicia a los ciudadanos con menos recursos", señaló.

Lema propuso la posibilidad de incluir el financiamiento de los fármacos de alto costo en el capítulo "Donaciones especiales" previsto en el Presupuesto Nacional.

En al bancada del Frente Amplio, en tanto, se extendió el compromiso de analizar una eventual revisión del artículo.

Malos valores

Las críticas al artículo 188 llegaron también desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho que, en forma gratuita, patrocina a las personas de bajos recursos que accionan para acceder a este tipo de medicamentos.

"Como al ministerio y al Fondo Nacional de Recursos les molesta perder la inmensa mayoría de los juicios por medicamentos, dispositivos y procedimientos no cubiertos, intenta prohibirlos", dijo su director, Juan Ceretta.

En ese marco el abogado cuestionó que el Estado no sea capaz de defender sus convicciones ante la Justicia, y pretenda en cambio prohibir las demandas. "Habla muy mal de los valores profundos de un gobernante", afirmó.

Para Ceretta, la disposición aleja al gobierno del Estado de Derecho y lo conduce a un lugar en donde no se pueda reclamar en un juicio ante el gobernante de turno.

"Volvemos a intentar obstaculizar el acceso a la Justicia, volvemos a pretender violar la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos", concluyó.

Ceretta mantuvo hace unos meses un duro enfrentamiento dialéctico con el subsecretario de Salud, Jorge Quian, que en febrero de este año y ante un congreso médico en Punta del Este había cuestionado a los que "trafican con la angustia y el miedo a morir de personas con enfermedades terminales".

Quian había apuntado a que las demandas por el acceso a medicamentos vienen aumentando año año, expondiendo al ministerio, en muchas ocasiones, a "gastos injustificados".

Aseguró además que existen abogados que "trafican" con su con su influencia para que los pacientes inicien recursos de amparo a nivel judicial. "Trafican con la angustia y el miedo a morir de las personas con enfermedades terminales," dijo.

Otra vez

El artículo 188 tiene un antecedente directo en la Ley de Presupuesto aprobada en 2015. Allí se establecía que los servicios ofrecidos por los centros salud deberían quedar limitados a lo definido por el ministerio correspondiente, y que los distintos prestadores no serían responsables de entregar medicamentos, vacunas, diagnósticos o estudios "que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos".

La redacción generó un revuelo parecido al de hoy y, luego de un catarata de críticas y señalamientos de inconstitucionalidad, fue desechada por la bancada del Frente Amplio.