Sanguinetti atribuyó espionaje a grupúsculos enemigos de la democracia

Publicado: 20/06/2018 19:39 | Actualizado:
Sanguinetti atribuyó espionaje a grupúsculos enemigos de la democracia

El exmandatario dijo que hubo acciones aisladas de inteligencia en democracia pero rechazó que se tratase de algo orgánico.

"Jamás ordenamos una acción fuera de la ley. Lo dije y lo repito enfáticamente". Esa fue la postura que el ex presidente Julio María Sanguinetti mantuvo este miércoles, en la "larga y razonable" sesión de la Comisión Investigadora sobre Espionaje Militar y Policial en Democracia, que lo tuvo como invitado especial. 

El ex mandatario debió responder sobre una serie de denuncias que apuntaban a que durante su primer gobierno, a la salida de la dictadura, se llevaron a diversas tareas de inteligencia, en forma clandestina, cuando ya regían las garantías constituciones, relacionadas con la aparición del "Archivo Castiglioni". 

Actividades que, según admitió el propio Sanguinetti, fueron reales y existieron. De todas formas se reafirmó en que no hubo ninguna directiva oficial al respecto. "Lo que está claro es que ni Presidencia ni nuestros ministros ordenamos jamás ningún tipo de episodio ilegal", sostuvo al término de la sesión. 

Según su versión, detrás de estas operaciones estuvieron grupúsculos que "desde dentro del Estado, venían de la dictadura, enemigas de la democracia y que sobrevivieron". 

El ex presidente reivindicó haber sido víctima él mismo de esas actividades ilegales. Recordó al respecto un episodio sucedido en abril de 1992, cuando desconocidos hicieron estallar un artefacto explosivo en su estudio jurídico, ubicado en la Ciudad Vieja. El hecho se lo atribuyó en la época un grupo autodenominado "Guardia de Artigas". 

Sanguinetti vinculó ese episodio a la bomba que, un año antes, hizo volar el auto del entonces diputado frenteamplista Hugo Cores, reinvidicado a su vez por el "Comando Lavalleja". El legislador sufriría poco después un atentado a balazos en la puerta de su domicilio. 

Al respecto, el ex mandatario señaló como "discutible" que hechos de este tipo respondieran a una planificación sistemática, pero insistió en que en ningún caso involucraron órdenes oficiales. 

"Al contrario, hubo una y otra vez directivas precisas de actuar conforme a la ley", aseguró. 

Sanguinetti fue consultado sobre por qué no se podían controlar acciones de este tipo. "El Estado venía de una dictadura y había muchas situaciones de conflicto" dijo, para recordar que "también existían grupos armados, herederos de la sedición, que también eran enemigos de la democracia". 

Al respecto llamó la recordar los "sucesos del Filtro" de 1994, ocurridos bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en donde cientos de manifestantes se enfrentaron con la Policía en un intento de evitar la extradición a España de cuatro vascos acusados de terrorismo. 

Sanguinetti citó las declaraciones de varios dirigentes tupamaros, como Jorge Zabalza, que admitió que el grupo tenía en las inmediaciones del hospital una camioneta llena de explosivos, preparado para actuar. 

"Los que actuaron para desestabilizar la democracia fracasaron. Y eso es lo que importa", concluyó Sanguinetti. 

Inmoral

La presencia de Sanguinetti fue motivada también por la denuncia que, ante la comisión, hizo sobre su actuación la ex fiscal Mirta Guianze. 

A principios de abril la ex magistrada había afirmado que el ex presidente se había amparado, en 1996, en un informe clandestino de inteligencia militar para vetar su ascenso a la Fiscalía Penal. 

Según relató ante los legisladores, siendo fiscal civil se la había propuesto para acceder a una sede penal. Pero su decisión sería finalmente desechada por decisión del mandatario. Guianze afirmó que esta confirmación le fue confiada por el entonces fiscal de Corte, Rafael Robatto Calcagno, que se mostró en desacuerdo con el proceder del presidente. 

La ex magistrada aportó como prueba que en su legajo, que figura en el Ministerio de Educación y Cultura y al que pudo acceder más de un año después de ese hecho, no incluye ningún tipo de objeción, de forma o de fondo, sobre su designación en la órbita penal, a la que finalmente terminó accediendo.

El ex presidente rechazó enfáticamente este miércoles la acusación y criticó a Guianze por "comenter la brutal inmoralidad de invocar a un señor fallecido", en referencia a Robatto Calcagno", que dice que le dijo a ella que hubo un informe de inteligencia. Falso de toda falsedad", afirmó. 

"Tanto, que yo mismo firmé su pasaje de la Fiscalía Civil a la Penal", sostuvo. "Que el nombramiento se demoró, sí, como se demoran tantas veces", concluyó. 

Desde las alturas

La visión que les quedó a los legisladores frenteamplistas que convocaron a Sanguinetti fue diametralmente opuesta. "Quedó absolutamente comprobado que hubo en esa época una acción sistemática de espionaje", dijo el diputado Luis Puig (PVP). 

Es que al ex presidente le fue presentado un documento de 1985, firmado por el entonces comandante en Jefe del Ejército, Hugo Medina. Allí, según Puig,  "Se establecía con absoluta claridad el plan de espionaje a desarrollar sobre organizaciones políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos, además de personalidades partidarias. 

El diputado explicó que las directivas de Medina estaban basadas, según prueba el documento, en las directivas de inteligencia que se venían aplicando desde 1982, cuando aún gobernaba la dictadura. Incluían, según dijo, escuchas telefónicas, seguimientos e infiltraciones. 

Para Puig, la gravedad de la situación viene dada desde el momento que quien ordena esas acciones fue el que, en 1987, fue designado por el propio Sanguinetti como ministro de Defensa Nacional. 

"Desde esas alturas venían las órdenes. Por ende, espionaje sistemático hubo", afirmó. 

Por su parte su colega Gerardo Núñez (PCU) fue consultado sobre la responsabilidad personal que le cabe al ex presidente. "Lo que sí está claro es que las personas que él designó desarrollaron tareas de espionaje a gran escala", afirmó.

El legislador citó las declaraciones del ex director de Información e Inteligencia, Máximo Costa Rocha, que ante la comisión aseguró que en el primer gobierno de Sanguinetti existía interés en "estudiar e informar" sobre el proceso del plebiscito que en 1989 se convocó para derogar la ley de Caducidad. 

También el resultado de una investigación administrativa encargada en 1987 por el entonces directorio de Antel, comprobó la existencia de escuchas telefónicas ilegales sobre determinados organismos e instituciones. 

Semanas atrás, por su parte, el actual presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, aportó a la comisión una investigación interna del ente en la que se documenta que, entre 1987 y 1993, hubo espionaje sobre varios funcionarios de la empresa, para determinar su filiación ideológica. 

Sanguinetti fue el último de la lista de invitados de la comisión, que ahora dispondrá de 60 días para elaborar su informe final. "Tenemos la voluntad de ir a fondo," afirmó Núñez, en cuanto a los legisladores, luego de estos meses, evaluarán si envían los antecedentes del trabajo a la Justicia.