Marcelo Balcedo, un "turista" que "conocía perfectamente el sistema"

Por: Fabian Cambiaso

Actualidad

15/03/2018 20:29

Marcelo Balcedo, un "turista" que "conocía perfectamente el sistema"

La "ausencia de legislación" fue la razón de las autoridades para explicar por qué no se detectó antes el accionar del empresario.

Es habitual que, durante las fechas estivales, se concentre un gran flujo de vehículos ante los pasos de frontera que conectan a Uruguay con los países limítrofes, en particular con Argentina. Allí, los controles que se realizan sobre los ingresos lejos están de ser exhaustivos, sino que se realizan siguiendo un criterio de selectividad.

Se trata de una inspección aleatoria, basada en aspectos de capacidad operativa, de tránsito, de trato al turismo y hasta por un tema de "imagen país". Es que las filas que se forman, a partir de los trámites migratorios que se deben realizar, "son ya lo bastante extensas como para agregar más trabas".

Asi lo indicó ante el Parlamento el gerente de Control y Gestión de Riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas, Fernando Wins.

El jerarca, junto a otros representantes de seis organismos estatales, compareció este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La convocatoria respondió a la intención del diputado nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) la opinión de las autoridades frente al arresto del ciudadano argentino Marcelo Balcedo y la aparición de una serie de elementos vinculados a la existencia de depósitos de dinero, el ingreso a territorio nacional de autos de alta gama, la compra de bienes muebles e inmuebles y otros episodios relacionados con presumibles delitos.

Al legislador le interesaba saber además las medidas que se adoptaron en torno a eventuales investigaciones administrativas o sumarios referidos a presuntas omisiones en los controles que el Estado debería haber llevado adelante frente al caso.

Según explicó Wins, desde principios del año pasado se está trabajando en el "perfilamiento" de riesgo en pasajeros. El objetivo, dijo, es obtener información previa para realizar controles selectivos sobre determinados ingresos.

La vía terrestre fue, según se sospecha, la opción utilizada por Balcedo para ingresar al país la mayor parte de los cuantiosos bienes que se le incautaron. Entre ellos los US$ 7 millones en efectivo que tenían depositados en cofres fort de instituciones bancarias.

Vale decir que Aduanas es el único de los organismos involucrados que abrió una investigación interna para determinar posibles fallas u omisiones en torno a los controles sobre el caso Balcedo.

En cuanto a la inspección de los vehículos, no existe marco legal que exija la realización de un registro. "A veces lo hacemos, pero es una lástima que no suceda en el cien por ciento de los casos", señaló la representante de la Dirección Nacional de Migraciones, Myriam Coitiño. "Es imposible lograr el justo equilibrio entre la agilidad que se pide para el turismo y la seguridad", dijo.

Según Coitiño, en el caso de Balcedo se tienen registrados, desde 1995 hasta 2017, 384 movimientos migratorios de ida y vuelta. Viajes que, apuntó, se incrementaron mucho a partir de 2011. No así su tiempo de permanencia en el país, que siempre fue poco.

Las autoridades no tienen constancia de que el argentino iniciara en algún momento los trámites para obtener la residencia en Uruguay. Para Migraciones, su categoría era la de turista. "Iba y venía constantemente", dijo.

En tanto su esposa, Paola Fiege, regitra un total de 308 movimientos migratorios.

En otro momento

La nueva normativa referida al lavado de activos, que incluye una serie de precedentes, entró en vigencia el pasado 20 de diciembre. Eso sucedió cuatro días antes de que la Justicia detuviera a Balcedo, a partir de un pedido de extradición llegado desde Argentina.

La ausencia de legislación fue el argumento esgrimido por las autoridades para justificar la razón sobre por qué no se detectó antes un eventual accionar irregular en torno al empresario.

"Algunas cuestiones que podrían hoy ser penadas, por constituir delitos precedentes de lavado de activos, en otro momento no podrían haberlo sido", advirtió el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Por ejemplo la factura electrónica, que en el momento de la compra de alguno de sus vehículos no estaba instalada y por lo tanto las automotoras que los vendieron no la tenían, lo que le hubiera permitido a la Dirección General Impostiva saber al instante qué auto se vendió y a quién.

También en lo relativo a las transacciones que realizó para adquirir los inmuebles. Fueron diez y todas, salvo una, antes de finalizar 2015. A partir de eso es que los escribanos fueron obligados a reportar cualquier operación sospechosa en la que participaran. Se trató de cuatro compra-ventas, dos adquisiciones de derechos sucesorios, dos promesas de compra-venta y dos compras de vehículos.

Fue en 2011 que compró el casco del Gran Chaparral, en una zona conocida como Cerro del Burro, en Maldonado. Luego adquirió otros siete padrones aledaños que fue incorporando al campo, hasta totalizar 96 hectáreas. Tres años antes había hecho lo propio con Sounión, un chalet de 10 hectáreas frente al mar ubicado en Playa Verde. Entre las dos, desembolso poco más de US$ 4 millones.

Ferreri enumeró además la Ley de Transparencia Fiscal, que entró en vigencia el 1 de enero de 2017, después que el empresario hiciera la mayor parte de sus transacciones. Vale decir que habría servido de poco ya que Balcedo, salvo una pequeña cuenta, no operaba en bancos.

Por su parte los acuerdos de información tributaria con Argentina fueron firmados, en su mayoría, a partir de 2009 y 2010.

Recién en abril de este año se pondrá en vigencia la obligatoriedad de que las transacciones de inmuebles o vehículos que superen los US$ 5000 deberán hacerse vía electrónica o por otros medios de pago formales y documentales.

Lo conocía bien

Lo cierto es que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac) había detectado muchos viajes de Balcedo y pidió ayuda a Uruguay. Eso fue en noviembre de 2015, según dijo el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa. La explicación de por qué se actuó fue la misma que expuso Ferreri. "El delito precedente no estaba claro". Agregó que el pedido de la propia Procelac no indicaba que el argentino hubiera cometido algún delito en Uruguay.

Espinosa recordó además que el gobierno de Cristina Fernández regulaba en ese entonces el tipo de cambio. "El dinero iba y venía. Se movía una gran masa de dinero con la justificación que era dinero fiscal, pero no estaba vinculado a ninguno de los delitos de lavado que tenía nuestra legislación", apuntó.

El secretario afirmó a su vez que el sindicalista conocía bien el sistema. "Sabía perfectamente dónde podía operar y dónde no".

Balcedo, en ese momento, poseía tan solo dos bienes inmuebles en el país. Hoy las autoridades saben que varias de sus posesiones están a nombre de diversas sociedades, que en ese entonces no pudieron ser vinculadas al empresario ni a su esposa, Paola Fiege.

De los autos que se le embargaron, tres estaban empadronados en Uruguay. Entre ellos una Ferrari California por la que pagó US$ 436 mil , y una Dode Ram de US$ 82 mil. Son los únicos que se escrituraron, están a nombre de su esposa y se abonaron al contado. Sobre el tercero, resta saber si era de él o de un empleado que trabajaba en su finca.

Vale decir que, hasta hoy, la compra-venta de autos no configura un delito precedente del lavado de activos.