Fiscales y jueces que son parte del problema

Por: Leonardo Haberkorn

20/01/2019 07:20

Publicado: 20/01/2019 07:20

Escribe Leonardo Haberkorn*

El festejo de Navidad y fin de año organizado en la calle Orinoco terminó en una batalla campal. No fue algo nuevo que allí, como en el Mercado del Puerto, se desatara una especie de bacanal alimentada un poco por la alegría de las fiestas y algo más por el alcohol. Pero esta vez, a ese desenfreno un poco decadente pero al menos alegre, se le agregó un elemento amargo: la violencia. Hubo botellazos, corridas, peleas, destrozos y gente lastimada.

¿Qué desató el caos, el pasaje de la borrachera feliz a la furia destructiva? Que el disc jockey decidiera pasar una canción de Peñarol.

Según relataron algunos de los presentes y vecinos, a partir de ahí los que hasta ese momento estaban festejando juntos, pasaron a enfrentarse a golpes y pedradas, a tratar de matarse unos a otros.

Pasó lo mismo pocos días después en La Paloma, a la salida de la discoteca Barbas, a la que concurren cientos de adolescentes y jóvenes cada noche.
Cuando todos se retiraban tras el fin del baile, alguien se puso a cantar una canción de uno de los grandes. Los del otro cuadro respondieron.

Casi de inmediato, los mismos que habían estado bailando y divirtiéndose juntos hasta cinco minutos antes, como alienados por un flautista tribunero, comenzaron una batalla campal: manyas versus bolsos, bolsos versus manyas.

Uno le rompió una botella en la cabeza a otro y luego con la botella rota y astillada lo hirió varias veces. Las heridas fueron de tal nivel que al principio se pensó que eran puñaladas. Hubo otro herido de entidad. Ambos debieron ser internados.

Las peleas de Malvín y La Paloma ocurrieron sin ninguna vinculación con un partido de fútbol. Hace dos meses que no hay competencia oficial en el fútbol uruguayo.
Hace unas semanas, la justicia dejó libres a los asesinos de Hernán Fiorito, tras haber pasado apenas dos años en la cárcel

Es un tipo de violencia abominable en muchos sentidos: por su sinsentido absoluto; por su capacidad de instalarse en el imaginario adolescente como algo positivo o gracioso; porque arruina el fútbol (que es uno de los activos máximos de este país); porque ya ha costado muchas vidas y promete seguir costándolas.

La sociedad debería dar un mensaje tajante, radical, en contra de estas prácticas, que para peor continúan siendo festejadas por los cánticos en los estadios.

Lamentablemente no ocurre.

Hace unas semanas, la justicia dejó libres a los asesinos de Hernán Fiorito, tras haber pasado apenas dos años en la cárcel.

Fue un asesinato “por los colores”, tan repudiable como todos ellos y con algunos agravantes. No fue producto de una pelea o una pulsión del momento. Los asesinos viajaron desde Montevideo hasta otra ciudad para matar. Y querían más muertos: dejaron a otros dos jóvenes heridos de bala.

Uno de ellos se salvó de morir por muy poco, perdió un riñón y aun hoy padece las consecuencias del ataque.

Lo mismo que con otros asesinatos de este tipo anteriores -varios cometidos por la otra hinchada también-, la justicia debió haber actuado con todo el peso de la ley.

La sanción debió ser ejemplar como señal de repudio y aviso a las hinchadas. Sin embargo, los operadores judiciales no razonaron así, sino de un modo opuesto. El castigo fue mínimo para la magnitud del daño causado.

La liberación se produjo como consecuencia de una decisión de la fiscal Alba Regueira, que causó “indignación” entre algunos de sus colegas.
Qué oportunidad perdió el sistema judicial de pasar una señal clara y contundente, un mensaje que desaliente de una vez esta estúpida manía de atacar, herir y matar por el color de una camiseta de fútbol

La fiscalía de Corte le pidió a Regueira que explicara los fundamentos de su resolución. Antes de escribir esta columna llamé al fiscal de Corte adjunto Ariel Cancela respecto a los resultados de la consulta. Me señaló que la fiscalía de Corte no compartía el criterio empleado por Regueira, pero que lo actuado por ella estaba dentro de lo que le permite su independencia técnica.

Lo actuado por Regueira fue aceptado, en cambio, por el magistrado que firmó las liberaciones, Humberto Verri. El juez entendió que dos años de cárcel fueron “suficientes”.

El fallo de liberación agregó -además- algunas disposiciones rayanas en lo ridículo, como la prohibición de que los liberados vayan a la plaza de Santa Lucía, un lugar al que solo habían ido para consumar su ataque ya que ni siquiera viven en esa ciudad.

¿En qué pensaban la fiscal y/o el juez cuando redactaron esa disposición?

Todo el episodio deja un sabor amargo. Si un asesinato consumado con premeditación, más un herido grave, se paga apenas con dos años de cárcel, ¿qué castigo habrá por tirar una piedra o partirle una botella en la cabeza a alguien que lleva una camiseta que no me gusta?

Qué oportunidad perdió el sistema judicial de pasar una señal clara y contundente, un mensaje que desaliente de una vez esta estúpida manía de atacar, herir y matar por el color de una camiseta de fútbol.

Parecería que los operadores judiciales que actuaron en este caso no llegaron a comprender su importancia, ni el hastío de la ciudadanía ante ciertas prácticas violentas que nos degradan día a día.

Pocas horas después de la liberación de los implicados en el asesinato de Fiorito, ocurrió la trifulca masiva de manyas versus bolsos en Malvín. Pocos días después, otro muchacho fue apuñalado varias veces con una botella rota en La Paloma, en medio de una pelea de hinchadas. Nada de esto es casualidad.

¿Se habrán enterado Regueira y Verri?

Sé que hay muchos fiscales y jueces que trabajan con mucha seriedad y esfuerzo, seguramente la mayoría. Pero otros parecen no tener idea de dónde están parados.

De ellos no vendrá la solución a la violencia que nos ahoga. Ellos son parte del problema.