Denuncian contrato irregular de Antel con funcionario por U$S 30 mil

Por: Danilo Costas
Publicado: 19/09/2018 07:55
Denuncian contrato irregular de Antel con funcionario por U$S 30 mil

Según la denuncia penal el organismo arrendó un predio a un empleado por 30.000 dólares para levantar una estructura en un barrio jardín.

Un grupo de vecinos del barrio Altos del Pinar de Maldonado presentaron una denuncia penal ante la oficina de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación por la instalación de una antena de Antel de 40 metros en una zona donde no están permitidas las altas estructuras y en condiciones poco transparentes, ya que, según denuncian, el terreno donde Antel levantó la antena fue alquilado a un funcionario del mismo organismo.

Se trata de un barrio jardín con estrictas normas de edificación y que es lindero con Sausalito y Maldonado Park, donde inicialmente se iba a construir la antena de la polémica.

“Es un barrio jardín donde para edificar para arriba hay que pedir decenas de permisos, no se pueden edificar más de cuatro metros y de buenas a primeras se comenzó a construir una antena de 40 metros que rompe absolutamente con la mecánica del barrio”, dijo una de las vecinas que prefirió mantener su nombre en reserva.

Los vecinos se organizaron y presentaron 150 firmas con número de cédula y padrón para pedirle al intendente de Maldonado, Enrique Antía, una entrevista personal y una revocación del permiso.

Amparados en la ley de acceso a la información pública los vecinos le pidieron a la comuna la documentación que formó parte del proceso y se llevaron una sorpresa.

“Antía nunca nos atendió y lo estamos esperando todavía, pero cuando nos dan la documentación vemos que Antel arrendó el terreno en 2014, cuatro años antes de construida la antena y se lo alquiló a un funcionario del mismo organismo, al que se pagan 30.000 dólares por adelantado”, dijo a ECOS el abogado Pablo Piacenti, representante legal de los vecinos.

Un documento al que accedió ECOS sentó las bases del acuerdo entre Antel y el funcionario por el cual se arrendaba el terreno por 15 años y por un pago de 30.000 dólares a ser abonados en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de firmado el contrato.

“El plazo del arrendamiento se generará a partir de la ocupación efectiva del predio, momento en el cual podrá labrarse entre Antel y el propietario una ‘declaratoria de ocupación efectiva’”, según señala el documento, firmado por la ingeniera Brenda Lescano Cordero y por el funcionario propietario del terreno.

Otro documento, firmado el 15 de enero de 2018 por la escribana pública María Lorena Soria Sappa, confirma la existencia del pre-contrato de arrendamiento fechado el 21 de mayo de 2014 y la formalización del vínculo el 19 de setiembre de 2014.

Originalmente la estructura iba a ser levantada en Maldonado Park, pero los vecinos se opusieron y el proyecto se cayó en 2014.

Sin embargo, según se desprenden de los documentos que forman parte del expediente de la denuncia, Antel demoró tres años en pedirle a la Intendencia de Maldonado reubicar la antena cuando ya tenía, desde 2014, un contrato de arrendamiento firmado con uno de sus empleados.

El 29 de junio de 2017 Antel le pidió autorización a la Intendencia de Maldonado para cambiar la ubicación de la estructura "de acuerdo a las necesidades del servicio de telefonía celular de Antel".

"Esta solicitud se debe a la necesidad de optimizar los servicios que se ofrecen a través de esta radio base con el fin de atender mejor a la población", señaló el organismo en una carta firmada por la división técnica de desarrollo.

La Intendencia de Maldonado aprobó la modificación el 21 de diciembre de 2017 y fue firmada por la directora de urbanismo de la comuna, la arquitecta Soledad Laguarda.

El abogado Pablo Picenti presentó ante Antel un pedido formal de acceso a la información pública en representación de los vecinos para conocer de primera mano el detalle de los contratos firmados.

La petición fue contestada por el ente el 21 de junio de 2018 argumentando que los “contratos solicitados se encuentran bajo reserva, por resolución de esta administración”.

La respuesta lleva la firma de la secretaria general de Antel, María Nieves Rodríguez y del presidente del ente, el ingeniero Andrés Tolosa.

Desde el departamento jurídico de Antel dijeron a ECOS que la información es reservada y evitaron brindar más detalles.

Los fundamentos de la denuncia penal ante crimen organizado

La antena de radiobase de telefonía celular fue instalada a fines de abril y ya está operativa a metros de un centro educativo y un CAIF, donde concurren decenas de niños.

Según se desprende de la denuncia penal presentada ante Crimen Organizado, la estructura vulnera “todas las normativas municipales respecto a las alturas de nuestro barrio (jardín) y se aprobó su permiso de instalación por la Intendencia de Maldonado previendo que la misma se instalaría en otro barrio con normativa diferente”.

“Los vecinos solicitamos a Antel toda la información relativa a ese contrato en uso del derecho previsto en la Ley 18.381 y se nos comunicó luego de muchos días de espera que se nos negaba ese derecho. Actualmente reiteramos el pedido ya que no existe ningún artículo de la mencionada ley que amerite esa negativa. En definitiva esta negativa nos conduce a pensar que hay elementos oscuros en ese contrato que no quieren que salga a la luz”, sostiene el documento de la denuncia penal.

“El señor es funcionario de Antel y lo era al momento de contratar con el Ente Público”, cierra el documento.

La denuncia presentada ante crimen organizado solicita que se cite a declarar a la directora de urbanismo de la Intendencia de Maldonado, a la escribana María Lorena Soria Sapia y a todos los funcionarios y jerarcas de Antel Montevideo que intervinieron en el proceso que culminó con esa contratación irregular, además del gerente de Maldonado.

Según Piacenti, el funcionario fue sumariado, apartado temporalmente de su cargo y tiene actualmente una quita de la mitad de su salario.

Temor por la salud y la pérdida de valor económico

En una petición escrita enviada al intendente Antía, los vecinos manifestaron su temor por la depreciación del valor de las casas y ante cualquier efecto nocivo para la salud.

“La autorización de la instalación de la antena en cuestión no tomó consideración la existencia del Colegio Pinares del Este, ni del CAIF existente a pocos metros por la calle Ventura Alegre, ni al Hospital de Maldonado en el área de propagación de ondas electromagnéticas. Quienes debaten sobre el tema tienen un referente común que es el siguiente: evitar la instalación de antenas base cercanas a espacios sensibles, como escuelas, centros de salud o áreas de recreo, con el fin de prevenir en la población vecina percepciones de riesgo no justificadas”, señalaron.