El FA habla de “impunidad” y colorados de otra Comisión para la Paz

Por: Fabian Cambiaso

Actualidad

15/05/2019 17:03

El FA habla de “impunidad” y colorados de otra Comisión para la Paz

ECOS

Los cuatro militares cuyo retiro se pedíaseguirán en actividad. El pedido de venia fracasó. Oficialismo y oposición cruzaron viejas cuentas.

No hubo sorpresas este miércoles en el Senado. Con 16 votos en 31, el pedido del Poder Ejecutivo para pasar a retiro obligatorio a cuatro generales fracasó al no alcanzar los tres quintos que se requería.

Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo seguirán así en actividad, percibiendo su salario y sin destino. Todos ellos integraron los tribunales de honor y de alzada que juzgaron la actuación de varios ex represores. Todos, según el gobierno, omitieron informar a sus superiores las declaraciones de José Nino Gavazzo en torno al destino de Roberto Gomensoro, asesinado en una unidad militar en 1973.

El Frente Amplio fue la única fuerza política que respaldó la venia solicitada. Lo hizo a sabiendas del resultado, forzando la votación para dejar en evidencia que la oposición ampararía a un grupo de uniformados que “protegió” al ex oficial de inteligencia.

“Se lavaron las manos”, señaló el senador Rafael Michelini (NE-FA).

De todas formas, el oficialismo rechazó un planteo de la oposición de enviar nuevamente el proyecto a comisión para rediscutirlo con todos los elementos. Sobre todo, ante la necesidad de recibir la opinión de los cuatro militares involucrados o sus abogados y, luego, eventualmente, evaluar si apoyaba las venias.

También se insistió en la presencia del secretario de Presidencia, Miguel Toma, y del ex comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

“Excusas, excusas, excusas”, señaló al respecto Michelini, para el que los generales, cuando en junio del año pasado tuvieron conocimiento de los dichos de Gavazzo, debieron informar inmediatamente. “Recién el mando político se enteró en febrero. Si eso no es un motivo para que ya no vista el uniforme militar, entonces ya no entiendo nada”.

El líder del Nuevo Espacio rechazó que los militares concurran al Parlamento a “politizar” al Ejército, en lo que constituiría la “peor señal institucional” que se podría dar”.

Michelini admitió que hubo una “cadena de responsabilidades” que posibilitó que el presidente Tabaré Vázquez se enterara por la prensa del contenido de las actas de los tribunales. Con el mando político del Ministerio de Defensa, dos comandantes y cuatro generales destituidos, el senador señaló que “faltó la pieza de Jurídica de Presidencia”.

Sin embargo, sostuvo que la oposición no se puede escudar en esa responsabilidad para permitir que los cuatros militares sigan en el Ejército.

Al respecto, advirtió sobre las consecuencias institucionales que provocará el resultado de la votación de este miércoles.

“De ahora en adelante cada general sabe que deberá tener dos quintos más un voto, y no habrá presidente que lo eche”, sostuvo. “Esa es la peor señal. La oposición debió pararse de mejor manera y no permitir que estos generales sirvan como ejemplo para los que tengan una verdadera vocación militar”.

En el fondo de la discusión estuvo el pasado reciente y los reclamos de verdad y de justicia para los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

Es por eso que el senador Germán Coutinho (Vamos Salto -PC) planteó reflotar la Comisión para la Paz, recordando la iniciativa puesta en marcha por el presidente Jorge Batlle en 2000.

Al igual que esa instancia, estaría integrada con representación de todos los partidos políticos y diversas instituciones sociales. “Para que no siga sucediendo lo que vimos en el Plenario: uruguayos contra uruguayos, enfrentamientos, casos que quedan por resolverse”, dijo. “Si nos interesa, es lo que estamos necesitando”.

En realidad Coutinho no hizo más que recoger una mención efectuada poco antes en sala por Carlos Baráibar (AU-FA), que propuso un “gran acuerdo nacional” para resolver los temas pendientes del pasado reciente.

A pesar de esto, desde el oficialismo se recibió fríamente la propuesta.

“Lo primero es lo primero”, señaló Michelini. “Si a algunos militares no les ofende las desapariciones, las torturas y las muertes de ciudadanos, no habrá Comisión para la Paz que pueda resolver lo que tenemos que resolver los senadores”, dijo.

Es que el debate sobre el pedido de venias derivó en el rol que cada partido tuvo en los sucesos del pasado reciente y que, de una u otra forma, siguen condicionando al país y a la relación del sistema político con las Fuerzas Armadas.

También, sobre quiénes tenían más o menos responsabilidad sobre la deuda de verdad y justicia con los Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchos de los cuales observaban la discusión desde las barras.

Apunten a Vázquez

La sesión fue abierta por Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609-FA), que describió los argumentos jurídicos que el gobierno presentó para justificar el pedido de venias.

El Poder Ejecutivo se basa en el literal G del artículo 198 de la ley Orgánica Militar, que establece los pases a retiro obligatorio deben ser refrendados por los tres quintos de los senadores.

Al respecto, el senador presentó informes de varios constitucionalistas, como Ruben Correa Freitas, que respaldaron esta postura.

El legislador oficialista dijo esperar de la oposición la “lealtad institucional” que el tema requiere. Para Martínez Huelmo, más que jurídica, se trata de una cuestión moral y de principios. “Si a cuarenta años, quienes nos metieron la picana o el submarino piensan que no hay heridas, estamos en problemas”, sostuvo.

La respuesta llegó por parte de Javier García (Espacio-PN), que en su intervención apuntó al gran objetivo que tuvo la oposición en la sesión: el presidente Tabaré Vázquez.

Es que la argumentación de blancos, colorados e independientes giró en torno a la responsabilidad del mandatario en este proceso, asegurando que envió el pedido de venias para intentar disimular su omisión.

García remarcó que el presidente homologó con su firma el fallo del tribunal que juzgó a Gavazzo. También que “ocultó” el expediente durante más de un mes, que terminó siendo divulgado en la prensa.

El senador nacionalista ironizó con que el mandatario estaba “tan preocupado” por el tema que designó como comandante en Jefe del Ejército a José González Spalatto, precisamente uno de los generales que actuaron en ese tribunal.

La designación fue hecha, dijo García, pese a que González era el número once en el orden de prelación.

El legislador blanco afirmó que hay pruebas de que Vázquez sabía de la “confesión” de Gavazzo y que los militares a los que se pretende destituir cumplieron con su deber de informar a sus superiores de la existencia de un posible delito.

Así lo demuestra, expresó, la carta que el renunciante ministro de Defensa, Jorge Menéndez, le elevó al presidente al momento de dejar su cargo.

El tenor de la discusión comenzó a subir de tono con la intervención de Michelini , que se mostró sorprendido por el voto en contra de la oposición sin, mínimamente, reflexionar.

“Toda su justificación es lo que hicieron los otros, pero no dicen qué es lo que van a hacer ellos,” dijo, para señalar que el centro de la discusión no debería ser Vázquez, sino la actuación de estos cuatro generales.

Para Michelini, “todos los militares represores estarían sueltos si el Frente Amplio no hubiera gobernado”. En su visión, “la impunidad se terminó cuando se hicieron leyes de reparación y se pudo entrar a los cuarteles”.

El senador se preguntó si, al no respaldar los ceses, la oposición se ponía del lado de alguien “que confesó un vilipendio de cadáver”, en referencia al destino que, según afirma Gavazzo, tuvo el cuerpo del militante Roberto Gomensoro, asesinado en una unidad militar en 1973.

Michelini rechazó por “falta de pruebas” la afirmación de que Vázquez incurriera en una omisión. Para demostrarlo, recordó que el presidente ordenó pasar el expediente a la Justicia y “volar” a siete generales, entre ellos dos comandantes en Jefe.

El líder del Nuevo Espacio se preguntó si alguien puede creer que los cuatro militares pudieron pasar por alto lo dicho por Gavazzo y excluir de su informe los hechos aberrantes relatados.

¿”Se puede seguir siendo general después de esto”?, insistió. “No podemos dejar que sigan vistiendo uniforme y ser una ofensa para las Fuerzas Armadas”, dijo.

Para Michelini, el mensaje que da la oposición al no votar las venias está dando un mensaje a favor de la impunidad. Aludió en ese sentido al “coraje” de algunos senadores nacionalistas, como Luis Alberto Heber, cuya madre fue asesinada durante la dictadura, o Jorge Larrañaga, que participó en 1989 de la campaña contra la ley de Caducidad.

Cansados de escucharlo

Su intervención fue interrumpida por Pablo Mieres (PI), que insistió en que el centro de la cuestión es el accionar de Vázquez y su búsqueda de una “maniobra reglamentaria falsa” para justificar las remociones.

Es que el Partido Independiente estaba dispuesto a votar las venias si los motivos del gobierno se hubieran basado en que, para estos generales, las declaraciones de Gavazzo no afectaban el honor militar.

“El problema es que Vázquez avaló esa barbarie, y nos traslada a nosotros el problema”, lamentó.

Larrañaga, en tanto, aguardó pacientemente su turno para responderle a Michelini. Aludió irónicamente a la “vehemencia pasional y levantisca” del líder del Nuevo Espacio, y se preguntó dónde había quedado el pedido que su colega había efectuado para que se removiera al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, por su rol en todo este proceso.

“Ahora viene a pedir una suerte de conducta que no tuvo el presidente de la República, que por lo menos debió leer o ser advertido del fallo”, expresó.

Aludiendo al “coraje” que el atribuyó Michelini, Larrañaga le respondió que “coraje tenemos de escucharlo usted, hace años”.

Para el líder de Alianza Nacional, la realidad actual de las Fuerzas Armadas responde a que el Frente Amplio” las ha usado como un trapo de piso”.

A su turno, Pedro Bordaberry (PC) dejó en clara su condena enérgica a cualquier tipo de delito, y dijo entender a los familiares de los desaparecidos y su derecho a saber qué pasó con sus seres queridos.

Bordaberry insistió que el informe del Ejecutivo evita a admitir su omisión en el caso. En su lugar, dijo, decide sancionar a los involucrados de más baja escala, mientras que el secretario Toma “sale de esto como si no hubiera pasado nada”.

El senador colorado señaló que no es cierto que Vázquez desconociera el contenido de las actas. Recordó en ese sentido la carta que el ministro Jorge Menéndez le envió al presidente . “Con una lealtad absoluta hacia el país le dijo la verdad pero, en una situación de agonía, el presidente no duda en pedirle la renuncia para tapar las pruebas”, subrayó.

Bordaberry cuestionó la “actitud indigna” de Vázquez de pedirle el cargo a Menéndez mientras el ministro “estaba muriéndose”.

Los Comunicados 4 y 7 y el Club Naval

Para Constanza Moreira (Casa Grande-FA) lo más importante de este miércoles fue haberle dado estado público a la discusión. “Votamos con nuestra conciencia política,” afirmó, para asegurar que el resultado de la sesión dejó en evidencia las “dos visiones que existen sobre la impunidad”.

Larrañaga volvió por su parte a la carga contra Vázquez. Lo definió como un “mal comandante” de las Fuerzas Armadas e ironizó conque “el campeón de los derechos humanos no leyó el expediente de uno los principales violadores a los derechos humanos en el Uruguay”.

Su afirmación fue respondida por Juan Castillo (PCU-FA). “El Frente Amplio votará por la destitución de los generales, para fortalecer la democracia y seguir combatiendo la impunidad y sus efectos”, dijo. “Acá no se puede hablar de antimilitarismo, estamos, estuvimos y estaremos contra los golpistas"

A Castillo le contestó a su vez García, recordándole el respaldo que el Partido Comunista otorgó en su momento a los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, “que desembocaron en 12 años de dictadura, de falta de libertades y de violaciones a los derechos humanos”.

Luis Alberto Heber (Herrerismo-PN) suscribió sus palabras para responsabilizar al Frente Amplio por “haberse sentado a la mesa” del Pacto del Club Naval. Un hecho que, dijo, explica lo que sucedió en los años posteriores.

“Nadie entrega todo a cambio de nada,” señaló citando al ex comandante Hugo Medina, para remarcar que la de 1984 se trató de una salida condicionada por los militares. Acusó directamente al actual oficialismo de haber “negociado” la prisión de Wilson Ferreira Aldunate.

Heber admitió haber votado la “lamentable” ley de Caducidad, recordando que fue ratificada dos veces por la ciudadanía.

Otro que argumentó fue Pablo Iturralde (Mejor País-FA), que sostuvo que aún falta al pedido de perdón de los grupos guerrilleros que “mataron por la espalda, que se llenan la boca con Wilson pero que se alzaron en armas contra un gobierno de Wilson y que violaron los derechos humanos”.

Iturralde recordó al presidente Vázquez como “médico militar y policial, y escribidor de telegramas de felicitación al Goyo Alvarez. “Habría que hacerle un juicio político, porque tuvo conocimiento de la comisión de delitos e intentó endilgarle la culpa a otros”, sostuvo.

Con nombre y apellido

Con el resultado conocido de antemano, el Frente Amplio recurrió al mecanismo de votación nominal, por el que queda registrado en actas el voto de cada legislador y no solo el simple resultado.

Eso demostrará quiénes votaron a favor de la venia pedida por el gobierno y quienes lo rechazaron.

El mecanismo permite a su vez fundamentar el voto, y así lo hicieron varios senadores.

“Voto por verdad y justicia”, afirmó Patricia Ayala (MPP-FA). “Negativo”, aclaró Bordaberry. “Respaldo al Poder Ejecutivo, las acciones del tribunal de honor fueron un fuerte desprecio a las instituciones”, señaló por su parte Charles Carrera (MPP-FA).

Para Iturralde, en tanto, todo se trata de un “juego del gran bonete” en el que, para “encubrir su complicidad con la violación a los derechos humanos”, el gobierno decide sancionar a estos militares. “Todos tenemos derechos a saber qué hay detrás de todo esto”, concluyó.