Mides: entre reiterar gastos observados o “cerrar servicios sociales”

Actualidad

15/03/2019 13:55

Mides: entre reiterar gastos observados o “cerrar servicios sociales”

El ministerio destacó la reducción de las observaciones del TCR y sostuvo que muchas llegan por concretar “acciones que nunca se hicieron”.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) concreta acciones que nunca se hicieron. Por lo tanto, algunas de ellas son observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) al no existir normativa habilitante.

Esa es la explicación que, desde la cartera, se aduce para justificar el cúmulo de observaciones realizadas por el organismo de contralor, que suman 414 desde que comenzó este gobierno.

La mayoría se producen porque el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) no las prohíbe, pero tampoco las habilita.

“Eso pasa porque antes el Estado no se hacía cargo de servicios contra la violencia de género, o no trabajaba con jóvenes que no estudiaran o trabajaran de manera formal”, dijo la directora general del ministerio, Graciela Mazzucchi.

En declaraciones difundidas a través de los canales oficiales de la secretaría, la jerarca sostuvo que crear procedimientos específicos lleva mucho tiempo, y en el medio está la gestión cotidiana de los refugios, de los centros o de las prestaciones para personas con discapacidad.

Como el 85% del presupuesto del Mides va directamente a los usuarios de los diferentes programas, eso lleva a que en el ministerio se generen o analicen unos 8000 expedientes al año.

Mazzucchi remarcó que en 2017 solo el 14% del gasto ejecutado fue observado por el TCR, lo que representa una reducción del 45% con respecto al año anterior.

En muchos casos, aseguró, la alternativa es entre reiterar el gasto o cerrar servicios sociales ante las observaciones.

Puso como ejemplo algunas licitaciones para centros nocturnos, en donde los trámites demandaron ochos meses en escribir un pliego, publicarlo, efectuar la reunión de comisiones asesoras, la evaluación de ofertas y el análisis del área financiera. En ese tiempo, el convenio de la organización que estaba a cargo venció.

“Podemos decir ‘todavía no lo puedo hacer’ y cerramos el refugio,dejando atender a 30 personas por dos o tres meses hasta que el expediente tenga la intervención del Tribunal de Cuentas”, dijo. “El Mides, en estos casos, resuelve seguir con el servicio abierto, con lo cual se sigue contratando aunque el trámite no esté terminado”, aclaró.

Otra de las observaciones del Tribunal de Cuentas son las vinculadas a contrataciones directas, amparadas por la normativa vigente hasta un monto máximo de 9 millones de pesos.

Según Mazzucchi, “en los casos de un servicio para atender la violencia de género, contratamos, a veces, en forma directa porque resolvemos abrirlos rápidamente por la coyuntura”, ya una licitación pública demoraría once meses.

“La mayoría de los procedimientos que hace el Mides los realiza por licitación. Las compras directas son la excepción. Toda la gestión es transparente y está controlada y registrada a través del Sistema Integrado Financiero del Sector Público, por la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas porque somos parte de la Administración Central”, enfatizó.

El Mides firma 320 convenios por año con unas 120 organizaciones a través de las que se gestionan muchos programas sociales.

La jerarca se refirió al polémico caso de las observaciones y la denuncia penal contra la cartera por el pago de boletos a jóvenes que concurren a cursos no formales.

Según aseguró, una vez se le pagaron boletos a una madre que está participando en el programa Uruguay Crece Contigo que debía llevar su hijo al médico para hacerle un control. Otra de las situaciones se produjo en el marco del programa Jóvenes en Red, que realiza el seguimiento para que concurran a cursos. Algunos de los cursos no están incluidos en currículas de la educación formal, por lo tanto, quienes concurren no tienen boletera gratuita.

La denuncia, presentada ante Crimen Organizado, fue archivada por el fiscal Luis Pacheco al afirmar que la reiteración del gasto no es ningún delito porque está ajustada a Derecho y amparado en la Constitución.

“A nosotros nos interesan las observaciones del Tribunal de Cuentas y sí las atendemos”, dijo Mazzucchi. “Las observaciones existen, como en todos los organismos del Estado”, concluyó.

Plantean Investigadora

El Partido Nacional finalmente confirmó que este lunes presentará en la Cámara de Diputados la solicitud para formar una comisión investigadora que analice las irregularidades denunciadas en las dos ultimas gestiones del Ministerio de Desarrollo Social.

La acción, adelantada el mes pasado por el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, será oficializada en la Cámara Baja por el diputado Martín Lema.

El planteo dará lugar a la formación de una comisión pre investigadora que, con dos integrantes del oficialismo y uno de la oposición, deberá analizar el tema y definir si existen elementos para habilitar una investigadora propuesta para actuar por seis meses.

La llave la tiene el Frente Amplio, que decidirá en las próximas horas si da sus votos o no al planteo opositor.

Pese a que la ministra Marina Arismendi manifestó estar dispuesta a enfrentar la Investigadora y poder rebatir “punto por punto” las denuncias que se presenten, la definición será política.

En el Frente se impone la visión de que los nacionalistas buscan un tema para “pegarle” al gobierno en plena campaña electoral.

Los blancos miran a Darío Pérez. El diputado por Maldonado dejó la puerta abierta para dar el voto que falta para la Investigadora, si existen indicios suficientes de irregularidades o posibles delitos.

De todas formas, adelantó que no está dispuesto a prestarse a un “circo político”.

Pérez recibirá a una delegación del Frente Amplio encabezada por el senador Juan Castillo (PCU), que procurará alinearlo a la postura que defina el resto de la bancada.