Gobierno decidió “no dar la cara” en el Parlamento por contrato de UPM

Actualidad

13/03/2019 17:20

Gobierno decidió “no dar la cara” en el Parlamento por contrato de UPM

SCI

Jerarcas convocados “declinaron” la invitación, y se ampararon en aspectos “legales y constitucionales" para expresar su negativa.

El gobierno decidió que no comparecerá ante el Parlamento para informar sobre el polémico “contrato” firmado con UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.

En una nota dirigida a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo invocó razones de orden “constitucional y legal” para declinar la invitación.

La convocatoria, realizada luego de un planteo ciudadano que objetaba la firma del contrato, estaba dirigida a los tres jerarcas que, en representación del Estado, lo firmaron.

Se trataba del secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.

Las autoridades fundamentaron su accionar en el artículo 118 de la Constitución, según el cual todo legislador puede solicitar información tanto a los ministros como a otros organismo del Estado, que tienen un plazo definido por la ley para responder.

También que el secretario y el prosecretario de la Presidencia no son sujetos pasivos de esa normativa, y por su cargo no tienen responsabilidad ante el Parlamento.

El gobierno se amparó además en que el motivo de la convocatoria era analizar la “naturaleza jurídica y los alcances del acuerdo entre Uruguay y UPM”, lo que a su entender excede lo previsto en el artículo constitucional citado.

Por lo tanto, lo que el Ejecutivo hizo fue remitir a la comisión un “extenso informe” sobre los aspectos jurídicos del contrato, elaborado por “expertos independientes”.

La decisión molestó profundamente al diputado nacionalista Pablo Abdala, que había planteado la convocatoria.

“Además de un desprecio al Parlamento, no quieren dar la cara”, lamentó. “Comprometen el destino del país de espaldas a la opinión pública” dijo Abdala, que consideró grave la actitud del Ejecutivo y evalúa nuevas acciones.

Entre ellas, la de llamar al Parlamento a todos los ministros involucrados en el tema.

Un millón de cosas

A todo esto, desde el Ejecutivo se defendió la resolución, firmada el lunes en el Consejo de Ministros, que declaró “de interés nacional” y de “urgente ejecución” todas las obras relacionadas con la remodelación del Ferrocarril Central, que une Montevideo y Paso de los Toros.

Se trata de la vía férrea que utilizaría UPM para sacar su producción si confirma la construcción de su nueva planta sobre el río Negro.

Según dijo este miércoles en el Parlamento el ministro de Transporte, Víctor Rossi, la resolución fue emitida en carácter general, ante “algún tipo de dificultad” que pueda surgir en un proceso que el gobierno esperan comenzar lo antes posible.

“Podés necesitarlo para un millón de cosas, como podés no necesitarlo para nada”, explicó el ministro a ECOS sobre la declaración.

Rossi habló de una serie de “escollos” que pueden surgir, pero negó que la resolución esté destinada a salvar el principal que tiene hoy la obra del Ferrocarril Central para comenzar.

Es que, según señaló el ministro, está todo pronto para “levantar la primera carretilla de tierra” y arrancar efectivamente las obras.

Pero para eso necesita el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), demorada sin fecha por un conflicto sindical en esa repartición, en la que en los últimos meses se suspendieron licencias para acelerar el proceso de habilitación.

Si bien Rossi no lo mencionó, también debería llegar el visto bueno de las intendencias en relación al impacto territorial que tendrán las obras.

Por otra parte, el gobierno sigue sin poder el cerrar el acuerdo que le permita a UPM tener “reglas claras en cuanto al manejo de conflictos.

El año pasado durante una presentación pública, la empresa finlandesa había ratificado que buscaba que los trabajadores no puedan adoptar la ocupación o la paralización como primera medida sin haber atravesado por instancias previas de diálogo.

El problema es que Vázquez pretende que las cámaras empresariales avalen, en un documento a presentarle a UPM, que las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga, pero ninguna aceptó firmar.

Por su parte el Sindicato de la Construcción (Sunca) no aceptará ningún acuerdo que no establezca ese derecho.

La resolución de “interés nacional” y “urgente ejecución” las obras relativas al financiamiento, el diseño, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la línea férrea que se extiende desde el Puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros, así como también todas sus obras adicionales.

En la resolución, firmada por el presidente Tabaré Vázquez, se afirma que la reconstrucción del Ferrocarril Central constituye un “fuerte impulso” al desarrollo de infraestructura de calidad, en momentos en que el país se propone alcanzar “altos índices” en ese aspecto.

“Las infraestructuras a construir beneficiarán a una amplia gama de actividades productivas del país, profundizando el impacto de la descentralización y desarrollo de las regiones norte y noreste”.

El gobierno justificó la decisión en la “prioridad” que tiene la construcción, por lo que “se debe proceder en forma urgente” a su ejecución, lo que redundará “en un beneficio para el país en el plano del desarrollo social y económico”.