Denuncian al gobierno por violar la Constitución por acuerdo con UPM

Publicado: 6/12/2018 16:49
Denuncian al gobierno por violar la Constitución por acuerdo con UPM
EFE

Un grupo de ciudadanos pedirá que el Parlamento enjuicie a responsables de suscribir un contrato “irreconciliable” con la normativa vigente.

Este lunes ingresará a la Cámara de Diputados una denuncia, formulada por un grupo de ciudadanos, acusando al Poder Ejecutivo de violar la Constitución al haber firmado el contrato con la multinacional UPM relativo a la eventual construcción de una nueva planta de celulosa.

La iniciativa será elevada por los integrantes del Movimiento UPM 2 No, que se opone a todo este proceso. Se amparan en el artículo 93 de la Constitución, que le asigna a la Cámara de Representantes la potestad de conocer y acusar ante el Senado a las altas magistraturas del país, en caso de que transgredan disposiciones constitucionales.

Si prospera, derivará en un enjuiciamiento al Poder Ejecutivo o, en particular, a los jerarcas que firmaron el contrato.

Uno de los referentes del movimiento, Hoenir Sarthou, explicó a ECOS los argumentos con los cuales será presentada la denuncia.

El contrato constituye un “desborde de potestades de parte del Poder Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional” subraya el planteo, que señala que varios puntos del acuerdo resultan irreconciliables con el orden constitucional vigente.

En particular porque, según la demanda, se afectan las competencias del propio Poder Legislativo, ya que la celebración de contratos con empresas privadas extranjeras no están prevista en la Constitución y no figura entre los cometidos del Ejecutivo que, además, necesita del Parlamento para la ratificación de tratados de cualquier tipo con otros países.

Como antecedentes, se cita la aprobación parlamentaria que se necesitó para refrendar el contrato de préstamo firmado por Ancap en 2015 para poder saldar la deuda que mantenía con la venezolana Pdvsa.

Por otra parte, se señala que el acuerdo firmado por el gobierno no podrá ser derogado ni modificado sin el aval de UPM, ni siquiera por ley, sin exponer al Estado a eventuales demandas de indeminización en tribunales fuera de la jurisdicción nacional.

Por otra lado se subraya como violatoria a la Constitución la renuncia a la potestad de legislativa que significa el acuerdo en relación al “mecanismo de prevención y resolución de conflictos” previsto en materia de normativa laboral, asignándole a UPM un “papel inadmisible de legislador forzoso”.

La denuncia asegura que se afectan también las autonomías de los gobiernos departamentales, ya que Ejecutivo asumió con la pastera compromisos relativos al ordenamiento territorial, la categorización de padrones, autorizaciones forestales, transporte de carga y de pasajeros y la circulación por carreteras, entre otros aspectos que son potestad de las Intendencias.

Otra violación giraría en torno a lo previsto en cuanto a la jurisdicción y la forma de resolver las eventuales controversias que puedan surgir entre el Estado y la empresa, en donde el contrato le permite a UPM, y no a Uruguay, elegir entre litigar ante tribunales locales o recurrir al arbitraje conforme a las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

“Desde el punto de vista constitucional, la pregunta clave en este punto es si el Poder Ejecutivo tiene facultades para, sin consulta ni aprobación parlamentaria, someter al país y a todos los organismos del Estado a procesos periciales o arbitrales realizados ante tribunales ajenos a la República”, se afirma.

La afectación de las autonomías comprende, también, a los Consejos de Enseñanza, ya que el acuerdo obliga a Uruguay a organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas para que puedan mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos relacionados con la actividad de la eventual futura planta.

La denuncia también hace mención a que los términos del acuerdo fueron negociados en forma reservada, en forma exclusiva por algunos representantes del gobierno y de la empresa, comprometiendo al país en términos y materias que exceden sus facultades constitucionales.

Un compromiso que, además, extenderá sus efectos por hasta 50 años, según lo previsto, condicionando a futuras administraciones.

El planteo que será elevado a Diputados recoge los cuestionamientos que el Movimiento UPM No, entre otros colectivos, presentó a fines de agosto en Presidencia a través de un recurso de petición en la que se pide la anulación del contrato firmado por UPM.

Según Sarthou, más de 12 mil personas han hecho llegar desde entonces su voluntad ante la Torre Ejecutiva. Si bien el mecanismo constitucional prevé que el gobierno debería responder a estas peticiones, hasta el momento no lo ha hecho.