Fiscal argentino pide investigar a jueces por beneficio a represor

Publicado: 9/05/2017 16:18
Fiscal argentino pide investigar a jueces por beneficio a represor

La Corte Suprema de Justicia es interpelada por rebajar la pena de un civil condenado por secuestros y torturas durante la dictadura.

Un fiscal solicitó este martes en Argentina abrir una investigación judicial contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la pasada semana fallaron a favor de rebajar la pena de un civil condenado por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

Esta petición llega un día después de que el abogado Marcelo Parrilli, especializado en casos relacionados con delitos de lesa humanidad en el régimen de facto, presentase una denuncia contra tres de los cinco jueces del más alto tribunal del país, Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.

El letrado les acusó de prevaricación, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta al conceder a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, el beneficio conocido como "2x1", que supone que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, desde ese momento cada día se computa doble al establecer la duración de la pena.

Según informaron fuentes judiciales, tras la imputación dictada por el fiscal Guillermo Marijuán, que es la petición formal del Ministerio Público de investigar a los magistrados, el juez a cargo, Daniel Rafecas, tiene dos opciones: abrir una causa penal en contra de ellos o resolver la desestimación de la denuncia al entender que no hay delito.

Con el beneplácito de Rosatti, Highton y Rosenkrantz y el voto en contra de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -presidente del alto tribunal-, el Supremo aprobó el 3 de mayo pasado aplicar en el caso de Muiña la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente está derogada.

Según explicaron los camaristas en su resolución, la decisión de aplicarla en Muiña es por tratarse de la ley "más benigna" -en base a lo que promulgan tribunales internacionales- y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores al 2001.

Lorenzetti y Maqueda votaron en contra pero en minoría al considerar que no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Muiña, de 61 años, fue a prisión preventiva en 2007, y como pasó cuatro años en esa situación, los últimos dos suman cuatro, según el cómputo del '2x1', por lo que sumados a los otros seis que estuvo preso hasta que en 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena tendrá la condena cumplida en septiembre de 2018.

Ya en 2013 un tribunal le aplicó el principio de la "ley penal más benigna", pero tras una apelación se negó el beneficio, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020, algo que fue recurrido por la defensa y aceptado por el Supremo, que abogó por contar doble desde el segundo año de preventiva, en 2009.

La nueva resolución ha generado que otros represores de la dictadura hayan solicitado acogerse a la misma medida, peticiones que de momento no han prosperado.

Así, un tribunal de San Juan consideró "inconstitucional e inaplicable" a condenados por delitos de lesa humanidad el '2x1' y rechazó la excarcelación de otro exmilitar solicitada por su defensa.

Esta situación, que abre el interrogante sobre cuántos exmilitares o civiles podrían obtener el beneficio, ha generado una enorme controversia en el país, tanto en el abanico político como entre los organismos de derechos humanos, que ya han convocado para mañana marchas contra de la decisión del Supremo.

Además, emblemáticas organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -que cifran en 30.000 las personas que la dictadura secuestró, torturó y desapareció para siempre-, habitualmente críticas con el Gobierno de Mauricio Macri, aumentaron sus discrepancias con el Ejecutivo después de que su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apoyara el fallo.

"Yo acato lo que dijo la Corte. Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo", dijo Avruj el 3 de mayo.

Sin embargo, en los últimos días miembros del oficialismo, en un intento de suavizar la polémica y al tiempo que defendían la independencia de la Justicia, cuestionaron la decisión del Supremo.

"Es un mecanismo que justamente lo que hace es que se consagre la impunidad", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien esperó que el fallo sea "muy restrictivo" y se aplique solo a "un puñado de casos".

Para la expresidenta Cristina Fernández, se trata de un fallo que viola la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia anterior "y por el que podrían quedar libres 700 represores".

Legisladores oficialistas ya han anunciado un proyecto de ley para delimitar el '2x1' y que se aplique solo en aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva entre 1994 y 2001.

EFE