Venezuela tiene congelado el nombramiento de nuevo embajador uruguayo

Publicado: 4/04/2017 05:39
Venezuela tiene congelado el nombramiento de nuevo embajador uruguayo
Presidencia

Hace un año que la sede diplomática está vacante. Desde hace meses Caracas evita dar su beneplácito al nuevo titular.

“Voy adelante de ellos”. Con cierta ironía, el canciller Rodolfo Nin Novoa se refería este lunes a los pedidos de parte de la oposición de que Uruguay retire a su embajador en Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no se retracta de sus duras acusaciones.

La mención del ministro tiene su explicación. Montevideo no tiene un máximo representante diplomático en Caracas desde hace un año.

Oscar Ramos, un empresario vinculado al Frente Amplio, cesó en sus funciones en febrero de 2016.

Para sustituirlo Cancillería designó a Carlos Barros, un embajador de carrera, afín al Partido Colorado y con varios destinos a sus espaldas.

Según explicó Nin Novoa, el “agreement” o pedido de autorización para Barrios fue enviado hace unos cinco meses, pero Caracas hasta ahora no dio su beneplácito, indispensable para que quede acreditado ante dicho gobierno.

Por lo tanto la sede en Venezuela está a cargo desde entonces de un encargado de negocios. Y es un hecho que seguirá un buen tiempo más así, teniendo en cuenta el estado de las relaciones entre ambos países.

Concretamente el senador Pedro Bordaberry había reclamado este lunes que el gobierno “llamara en consulta al embajador” si Maduro no se retractaba u ofrecía pruebas de que Nin Novoa estaba orquestando “ataques” contra su país aliado a Estados Unidos.

¿”No te queda claro? A mí tampoco,” dijo Nin, consultado por ECOS sobre cómo evolucionará la relación bilateral si el mandatario venezolano insiste en su postura. “Veremos”, expresó.

Los vínculos entre Uruguay y Venezuela son los más tensos en 40 años, desde que el país caribeño rompiera relaciones cuando los militares uruguayos secuestraron en los jardines de su embajada en Montevideo a la maestra Elena Quinteros.

Las relaciones fueron restablecidas en 1985.

Inviable

El gobierno uruguayo está convencido que la Organización de Estados Americanos (OEA) no podrá aplicarle a Venezuela la Cláusula Democrática para su expulsión de esa organización.

Según explicó Nin, para llegar a esa eventualidad se necesita el voto de 25 países. Sólo hay 16 seguros, teniendo en cuenta que Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y todas las naciones del Caribe apoyarán a Caracas.

“Es inviable”, sentenció el canciller.

Este lunes y en una tumultuosa sesión, el organismo aprobó una declaración que repara en la "grave alteración inconstitucional del orden democrático"
que se vive en Venezuela.

El texto fue aprobado por 17 de los 21 Estados presentes en la sala, ya que abstuvieron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó "por mayoría" de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

Diego Pary, embajador de Bolivia en la OEA, abandonó el recinto tras considerar que la reunión era “ilegal”.

La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, "en la medida que sea necesario", emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial".

Asimismo, indica que "a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático".

Señala además que "las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela".

Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos "a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela".

El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su gobierno al considerar que la reunión es "ilegal".