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Ciencia & Tecno

14/06/2020 17:00

La mayoría de la población no vive a más de 320 kilómetros del mar

Las aguas oceánicas abarcan un área inmensa, con más de 360.132.000 km², que representan aproximadamente un 72% de la superficie terrestre.

La mayoría de la población no vive a más de 320 kilómetros del mar

EFE

Durante mucho tiempo, los océanos estuvieron sujetos al principio de libertad de los mares, introducido en el siglo XVII para limitar los derechos y la jurisdicción de las naciones sobre los océanos a la franja de mar que rodea las costas de un país.

El resto del mar fue declarado territorio libre y propiedad de todos. Si bien esto continuó siendo así hasta el siglo XX, a mediados del mismo nació un ímpetu por extender los derechos nacionales sobre los recursos del mar.

Existía una creciente preocupación por el impacto de la pesca de altura en los recursos pesqueros costeros y por la amenaza de la contaminación y los residuos nocivos. Estos últimos eran transportados por buques y petroleros que navegaban por todas la rutas marítimas del mundo. Los peligros de la contaminación estaban siempre presentes y suponían una amenaza para los recursos costeros y para todas las formas de vida marina. Los navíos de las potencias marítimas competían por mantener su poder en las aguas mundiales e incluso debajo de estas.

La urgente necesidad de un régimen jurídico internacional efectivo sobre los fondos marinos y oceánicos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, puso en marcha un proceso que se extendió 15 años y que fue testigo de la creación del Comité de Naciones Unidas sobre los Fondos Marinos, así como de la firma de un tratado que prohibía la utilización de armas nucleares en el fondo marino.

La Organización Marítima Internacional (OMI) es la institución de las Naciones Unidas clave en el desarrollo del derecho internacional marítimo. Su misión principal es crear un marco regulador justo y eficaz de la industria naviera que sea adoptado y aplicado de forma universal.

En 2014 se introdujeron cambios importantes en la regulación del transporte y la facilitación del comercio (entre ellos, la aprobación de un Código Internacional para los Buques que Operen en Aguas Polares) que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017. También se incorporaron otras modificaciones en la normativa relacionadas con la seguridad marítima y de la cadena de suministro, así como con cuestiones medioambientales.

En los últimos años, la piratería ha aumentado en las costas de Somalia y en el Golfo de Guinea. Los actos de piratería suponen una amenaza para la seguridad marítima, pues ponen en peligro el bienestar de los marineros y la seguridad de la navegación y el comercio. Estos actos delictivos pueden desembocar en muertes, daño físico o secuestro de marineros, importantes perturbaciones en el comercio y la navegación, pérdidas económicas para los navieros, un aumento de las primas de seguros y costes en seguridad, un incremento de los precios para los consumidores y productores y daños al medio marino.

Los actos de piratería pueden tener consecuencias de todo tipo, entre ellas, la privación de ayuda humanitaria y el aumento de los costes de las futuras transacciones en las zonas afectadas. La OMI y la ONU han aprobado resoluciones adicionales para complementar la normativa de la Convención de los Derechos del Mar con el fin de resolver las cuestiones relacionadas con la piratería.

Fuente: ONU

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