columnist

Reyes de la demagogia

Publicado: 23/12/2018 07:30

Opina Alejandro Sánchez*

En la sesión de la Cámara de Representantes del jueves 20 de diciembre, toda la oposición votó en contra de levantar el receso parlamentario y de esa manera impidió abrir el debate sobre un proyecto de ley que intenta transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Pese a sus discursos grandilocuentes en contra de la corrupción, la oposición tuvo la oportunidad de levantar la mano para mejorar la regulación de cara a la próxima campaña electoral, pero no lo hizo.

Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno ha impulsado y votado con su mayoría parlamentaria leyes que aportan a la transparencia del Estado y los fondos públicos. De hecho, el proyecto que no pudo ser discutido, introduce modificaciones a la primera Ley de Partidos Políticos, de mayo de 2009.

El proyecto de ley busca por un lado, brindarle cristalinidad al sistema político y por otro generar igualdad con relación a la capacidad que tienen las y los ciudadanos de incidir en el proceso electivo.

En todo el mundo las campañas se han vuelto cada vez más costosas lo que implica que sólo puedan participar en ellas quienes tienen recursos para financiarlas. Si bien en la tradición política de Uruguay este fenómeno se ha dado menos, entraña un enorme riesgo: que el dinero comience a influir y a decidir en la Política. Grave situación que vemos en otros países y como parlamentarios debemos evitar.

Si bien, en términos de transparencia, nuestro sistema político se destaca en la región, debemos seguir avanzando en su regulación de manera de garantizar mayor cristalinidad al financiamiento de los partidos políticos en general y de las campañas electorales en particular.

Por tanto, uno de los objetivos es que las campañas puedan ser menos costosas. Por eso, en el proyecto se pone un límite a los candidatos para aportar recursos, para que la posibilidad de elegir no esté marcada por el acceso al dinero sino por las ideas. A su vez, se obliga a todas las listas y fórmulas presidenciales que compiten en las elecciones nacionales a hacer declaraciones de sus ingresos y gastos.

Otro aspecto importante del proyecto es que establece una manera más justa de distribución de los minutos gratuitos en la TV para todos los partidos políticos. Porque el reparto se hace en función de los votos obtenidos por el partido en la elección anterior; la iniciativa dispone que 45% de la publicidad electoral en la televisión abierta se distribuirá en forma igualitaria entre los lemas con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatas anteriores, y 5% se destinará a los nuevos partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos igual al del partido con menor representación parlamentaria. Para la segunda vuelta, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre las fórmulas presidenciales.

La televisión es el medio que llega a todo el territorio nacional y especialmente a los hogares de menor nivel educativo. La radio y los diarios son usados por el 18% o 20% de las personas más formadas políticamente. Mientras que el 80% que ve la tele se informa a través de ella, no solamente por consumir los informativos sino también porque accede a buena parte de los mensajes de los partidos políticos a través de las campañas televisivas.

Vale decir también que el Estado uruguayo de manera indirecta traspasa a los medios de comunicación entre USD 30:000.000 y USD 40:000.000 en las campañas electorales. Porque salen del Estado hacia los partidos por concepto de voto y terminan en los medios de comunicación por concepto de publicidad. El 80% de los gastos de los partidos políticos corresponde a la publicidad, y el 50% de eso, a la televisión.

Recordemos como en la campaña anterior los canales de televisión financiaron de manera encubierta a algunos partidos frente a otros. ¿Cómo lo hicieron? Cobraron de manera diferencial el segundo de emisión. La diferencia fue de $ 176 a $ 600 el segundo. A uno le cobraron $ 176 el segundo –o algo así–, y a otros, $ 600. De hecho fue una donación indirecta. ¿Adivinen a quién le cobraron menos? Al Partido Nacional.

Otro aspecto importante del proyecto es la prohibición a las empresas de financiar partidos; el requerimiento de que todos los aportes de particulares sean nominados (no solo los mayores a 4000 UI como en la actualidad) y a su vez establece que las transacciones se realicen por medio de pago electrónico, de forma de transparentar totalmente el sistema de financiamiento y restringiendo el peso del dinero en las campañas electorales.

Este conjunto de modificaciones buscaba evitar que ocurran situaciones presentes en la actualidad. Como la existencia de candidatos que tengan la oportunidad de comprar un sector de un partido o un partido político entero. Porque hoy su dinero no requiere controles ni de cantidad ni de procedencia, debido a que puede destinar los montos que quiera para su campaña y al no aplicarse la ley de inclusión financiera, ese dinero puede provenir de cualquier actividad lícita o ilícita.

Es una verdadera pena que en vísperas de una campaña electoral, los partidos políticos de la oposición voten para no tener más controles. Este proyecto ingresó en julio de 2017 a la Cámara de Senadores y durante 8 meses estuvo en discusión en una Comisión Especial de la Cámara baja. Durante ese lapso se buscaron acuerdos, se esperó durante mucho tiempo una propuesta que la oposición prometió traer y que finalmente llegó: ‘estamos de acuerdo con los controles pero no para esta campaña’. Entonces la gran pregunta es por qué la oposición no está de acuerdo con algo para el 2019 y sí para el 2024. Su discurso es demagógico, casi una burla.

Tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para poder legislar en búsqueda de la transparencia del Estado y el dinero de los fondos públicos. Hoy la derecha aparentemente “impoluta” vuelve a no votar proyectos que buscan transparentar el financiamiento del sistema político. La ciudadanía tiene que saber qué partidos trancaron el avance de estas leyes, porque mientras que por un lado los escuchamos en la TV haciendo gárgaras contra la corrupción, por otro, votan para no ser controlados.

*Alejandro "Pacha" Sánchez, militante político y social, Diputado frenteamplista por el Espacio 609. Ex Presidente de la Cámara de Representantes. Padre de Maite y Emma. Compañero de Flavia.