Inédito debate en Finlandia entre UPM y los ambientalistas uruguayos

Sociedad

8/10/2019 06:49

Inédito debate en Finlandia entre UPM y los ambientalistas uruguayos

ECOS - Archivo

En el primer encuentro cara a cara que mantienen, las partes estuvieron lejos de concordar siquiera en aspectos básicos del proyecto.

La sede central de la Universidad de Helsinki, enclavada en plena capital de Finlandia, fue escenario el pasado viernes de un hecho histórico. Por primera vez la empresa UPM y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) pidieron debatir en forma pública sobre la instalación de una nueva planta de celulosa por parte de esa empresa en Uruguay.

Una circunstancia que, pese a reiterados intentos de los ambientalistas, nunca pudo darse hasta el momento a nivel local.

El debate, en inglés, tocó temas ambientales, sociales y económicos en la que cada parte sostuvo sus argumentos y que tuvo su repercusión en la prensa finlandesa.

El períodico Iltalethi reprodujo el intercambio y, según su versión, la empresa y los ambientalistas estuvieron lejos de concordar ni siquiera en aspectos básicos.

Según expuso el periodista especializado en temas ambientales e integrante de Movus, Víctor Bacchetta, UPM invertirá menos de 3000 millones de euros en el emprendimiento, mientras que Uruguay deberá desembolsar más de 4000 millones para aseguarse la inversión.

Por lo tanto, sostuvo, el país pagará el 60% del costo del proyecto sin tener parte en las ganancias, en tanto la firma recibirá considerables exenciones impositivas.

Bacchetta afirmó que estos cálculos fueron realizados en base a lo divulgado por el gobierno uruguayo y la propia empresa forestal.

En el debate estaba presente la vicepresidenta de UPM para las relaciones con los accionistas, Saara Tahvanainen, que eludió responder a las afirmaciones. Sí lo hizo al día siguiente, en un informe entregado a la prensa de su país.

Allí se indicó que la firma se basa para sus cifras en principios y cronogramas “completamente diferentes” a los que utilizó Bacchetta.

Según UPM, la inversión de 3000 millones de euros cubrirá, entre otras cosas, los costos inmediatos de la construcción de la planta y las obras vinculadas en el Puerto de Montevideo.

La firma desechó que los opositores a la planta incluyeran en el costo del emprendimiento la inversión en infraestructura, préstamos, tasas de interés y la compra del excedente de la electricidad que genere, que por contrato deben ser asumidos por Uruguay.

Los representantes de UPM afirmaron, por otra parte, que la firma pagará al país entre 7000 y 10 mil millones de euros adicionales en los próximos 20 a 30 años. Una cifra que, según Movus, “exagera” por lo menos diez veces los montos que podría pagar, en base al contrato firmado y a los salarios que cobrará el personal en su futura planta que, al operar en zona franca lo hará sin pagar impuestos.

“UPM está buscando grandes ganancias en sus inversiones, pero el gobierno uruguayo también está obteniendo ganancias de, entre otras cosas, la reventa de electricidad”, afirmó la empresa.

Bacchetta cuestionó a su vez la decisión de ubicar la futura planta sobre el río Negro, tomada sin una evaluación ambiental adecuada lo que, según su visión, violó la ley de Ordenamiento Territorial vigente.

Tahvanainen, en cambio, afirmó que se realizaron todas las evaluaciones ambientales posibles antes de haber comenzado el proceso de obtención de los permisos de construcción.

El integrante del MOVUS calificó además de “propaganda” la estimación que UPM realizó en cuanto a que la planta crearía hasta 10 mil puestos de trabajo permanentes en su cadena de producción.

Ironizó también con los cálculos realizados desde el gobierno, que ahora y en plena campaña electoral cifraron en 15 mil los empleos a crearse.

Pero la principal objeción de Movus se centró en el “secretismo” del Poder Ejecutivo en torno al contrato firmado con UPM al eludir, se afirmó, el proceso democrático y ocultar la información al público.

Una afirmación negada en forma rotunda por Tahvanainen, para la que “no hay indicios” de que el gobierno uruguayo haya actuado de esa manera. “Eso causaría daño a la reputación de la empresa por su participación en dicho esquema”, se sostuvo.

Para la jerarca de UPM, todo el proceso ha sido “transparente”, tanto desde la empresa como desde el Ejecutivo.

“La reputación es importante para nosotros, y seguimos de cerca la opinión pública en Uruguay”, afirmó. Citando “encuestas independientes”, Tahvanainen señaló que más de la mitad de la población está a favor de una nueva planta, en tanto que una cuarta parte se opone.

En el debate intervino Jussi Pakkasvirta, profesor de estudios regionales y culturales, al afirmar que la industria de pulpa lleva varias décadas en Uruguay y que varios países de la región la han convertido en una industria clave.

Una visión diferente planteó Markus Kroger, profesor asistente de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Helsinki, para el que los futuros gobiernos en el Uruguay tendrán “grandes dificultades” para cambiar los términos del contrato firmado con UPM.

Kroger cuestionó además los principios básicos de la industria de la pulpa en relación el impacto del uso de la tierra. Señaló que las extensas plantaciones forestales, columna vertebral de la producción, aumentan las emisiones de dióxido de carbono. Los suelos silvestres, en tanto, atrapan de manera mucho más eficiente esas emisiones.

Desde el Centro Finlandés de Solidaridad Sindical su director ejecutivo, Janne Ronkainen, admitió que algunas de las preocupaciones ambientales planteadas eran comprensibles. Cuestionó, sin embargo, el nivel de los argumentos utilizados.

Según el dirigente sindical finlandés las “interpretaciones salvajes” en torno a los efectos de este tipo de plantas distan de ser un fenómeno nuevo.

Recordó la controversia generada entre Uruguay y Argentina a propósito de la instalación del primer emprendimiento de UPM, en Fray Bentos.

“Se hicieron los reclamos más descabellados”, dijo. Incluso a través de “rumores” que indicaron que en la región finlandesa de Karelia del Norte “los niños morían por productos químicos de las plantas de celulosa”.

Ronkainen rebatió las acusaciones que, en el debate, surgieron en torno al “colonialismo finlandés” que representan este tipo de emprendimientos.

“Esta es una empresa privada que solo es responsable ante sus accionistas, no ante la sociedad finlandesa”, sostuvo. “No me considero involucrado en ningún proyecto colonial”.