Desazón y lágrimas de nueve familias que quedaron en la calle

Por: Anaclara Trengone

Sociedad

12/06/2019 20:29

En la pensión vivían cinco niños, entre ellos un bebé de 10 meses; muchos eran inmigrantes que no tenían a dónde ir.

"Es un tema que tenemos que abordar, los desalojos en estas condiciones no son adecuados. Me da vergüenza que haya colegas como ustedes. Un bebé de diez meses hoy va a quedar en la calle".

Llena de indignación, la abogada y directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Valeria España, se paró frente al hogar de nueve familias que estaban siendo desalojadas y enfrentó -con esas palabras- a la alguacil y otras funcionarias del Poder Judicial que llevaban adelante el lanzamiento.

"En la calle no va a quedar. Está el Mides, hay refugios a dónde ir", le respondió la alguacil. "¿Usted está al tanto que los refugios están saturados, que van a separar familias ?", le retrucó España.

Mientras tanto, en esa casona vieja, ubicada en Piedras 270, todos corrían. Bajaban y subían la escalera que llevaba a las habitaciones sin una dirección clara. Estaban aturdidos por la situación.

El cielo estaba tupido de nubes grises pero, en contra de todos los pronósticos, no llovió. Y, en esta situación, fue un alivio. La lluvia hubiese empeorado todo más aún.

De una de las habitaciones de esta pensión, desde la que se sentían los ladridos de un perro, salió una mujer. Estaba resignada y cansada. Vivía allí con sus nietos, de 5 y 6 años. El más pequeño lloró toda la noche y no pudo conciliar el sueño.

"Ya está, ahora no hay nada más para hacer", afirmó. "Nos están echando. Me duele que me hagan salir a la carrera pero ¿si uno es pobre que le vas a hacer?", se preguntó al tiempo que cerraba la puerta tratando de ocultar su llanto desconsolado.

Muchos de los inquilinos eran dominicanos. Juntaban sus cosas sin tener a dónde ir. Una de las jóvenes, que vivía junto a su prima, no había tenido tiempo de cambiarse el uniforme de trabajo. Tuvo que salir antes cuando se enteró que ya no había más prórrogas y, finalmente, quedaría en la calle. No tenía idea donde pasaría la noche y repetía, una y otra vez, que si no había más remedio acamparía "abajo de un puente".

A Felix Ramin Adames las gotas de transpiración le corrían por la frente. Bajó con un televisor, una garrafa, un microondas, un ventilador y un canasto. Su mano tenía sangre, pero él ni lo había notado. Fue el único que, pese a toda esta situación, mantuvo la alegría y una sonrisa estoica.

Él trabaja, como muchos dominicanos que vivían ahí, y tiene garantía Anda pero hasta el momento no ha podido alquilar. El simple hecho de ser caribeño es un factor que tienen en cuenta los propietarios para negarle el alojamiento. Los inmigrantes señalan que llegan casi hasta las últimas instancias para alquilar pero cuando los ven o escuchan su tono caribeño, se lo niegan.

En esta pensión, que estaba prácticamente en estado de abandono, pagaban por persona unos 4.000 pesos. En el edificio había rastros que evidenciaban la caída del revoque y una gotera constante caía desde el techo.

Todos le pagaban a un argentino que no era el dueño de la propiedad. Pero de un día para el otro desapareció y, desde ese momento, la incertidumbre reinó en el lugar. Pese a que hicieron la denuncia, nunca tuvieron una respuesta.

La preocupación mayor eran los cinco niños que vivían en la pensión. En el lugar no había ninguno, todos estaban en la escuela. Pero en algún momento tendrían que decirles que se habían quedado sin hogar, que sus juguetes ya no estaban donde acostumbraban guardarlos y que todo cambiaría desde este miércoles.

Un cartel en el que se leía "Si la vivienda es un derecho, no más desalojos" colgaba del balcón de la casona. Lo habían hecho los vecinos del barrio que lamentaban todo lo que estaba pasando y pedían que no se procediera al lanzamiento, el momento en el que se hace efectivo el desalojo.

"Las familias dominicanas son las más afectadas porque no tienen ningún tipo de contención a la hora del desalojo. No hay ningún protocolo, quedan en la calle", lamentó Lucia Ubal, integrante de la comisión de vivienda del barrio y vecina.

Ubal aseguró que este último año en la zona han incrementado sensiblemente los desalojos. "Creemos que esto se genera por la iniciativa de de empezar a expropiar casas abandonadas. Esto alertó bastante el mercado inmobiliario que se mueve acá en Ciudad Vieja", expresó.

Este caso de desalojo ingresó al Poder Judicial en mayo de 2017, la Justicia les otorgó cuatro prórrogas, teniendo en cuenta la situación de los menores que vivían allí. Pero este jueves llegaron seis policías junto a la alguacil, también el cerrajero que, mientras todos corrían bajando sus pertenencias a la calle, cambiaba la cerradura de la puerta.

"Están siendo desalojadas por la ausencia de las autoridades de la Intendencia de Montevideo en regular las pensiones y también de los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, porque la normativa no protege a las personas más vulnerables sino a aquellas que ejercen abusivamente la propiedad", aseguró España. La abogada, una y otra vez, pidió disculpas a los afectados por no haber podido hacer nada. La casa quedó vacía.